Encomienda a fiscales federales y nacionales con competencia penal para que mediante el empleo de todos los medios técnicos disponibles, extremen los recaudos para garantizar los derechos de las víctimas y su debida intervención, tanto durante la tramitación del proceso, como en su etapa de ejecución, especialmente en aquellos supuestos que puedan verse entorpecidos por las condiciones extraordinarias de trabajo que se han originados a partir de la pandemia del virus COVID-19