Se trata de “Medidas de coerción en el proceso penal – Tomo 1”, obra dirigida por Gonzalo Miranda, coordinada por Julia Berruti y publicada por Editores del Sur en 2024.
Extracto del prólogo a cargo de Ramón Ragués i Vallès:
“La primera parte de la obra se enfrenta a una institución muy tradicional del proceso penal, pero no por ello menos problemática: la prisión preventiva. Los trabajos de Camilo Alberto Quintero Jiménez, Yesmina Palavecino, Gonzalo Miranda, Jorge Daniel Pirozzo y Florencia A. De Blasiis analizan cuestiones fundamentales en el estudio de esta figura, como los estándares probatorios para su adopción, la valoración de los llamados riesgos procesales o la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas. Como he tenido ocasión de exponer recientemente en mi libro sobre la materia, coincido con la mayoría de estos autores en que la prisión provisional debe ser reducida a la condición de ultima ratio del sistema procesal, lo que puede lograrse limitando su empleo a aquellos supuestos en los que se observa mayor probabilidad de condena, los riesgos procesales son más elevados y no existe medida alternativa posible al alcance del juez. Es urgente que las autoridades realicen un importante esfuerzo para reducir el inaceptable número de presos preventivos que a día de hoy albergan las prisiones de muchos países de nuestro entorno, lo que pasa, sin duda, para otorgar un mayor protagonismo a las medidas alternativas, como se propone en varios de los trabajos aquí compilados. La segunda mitad de la obra se centra en medidas de introducción más recientes, pero no por ello menos problemáticas, como el agente encubierto informático –en el texto de Julia Berruti–, el desbloqueo de teléfonos celulares con datos biométricos –en la contribución de Gonzalo Guerrero– o la evidencia digital –en el artículo de Diego Stratiotis–. Todas estas medidas resultan muy atractivas para lograr una persecución más eficaz del delito, pero al mismo tiempo suscitan serias dudas respecto de su compatibilidad con el debido respeto a los derechos fundamentales de la persona investigada, por lo que su análisis en detalle es más que conveniente al objeto de proponer la fijación de los correspondientes límites y garantías en su utilización por parte de los cuerpos policiales. Finalmente, un tercer grupo de trabajos, que se van intercalando a lo largo del volumen, se ocupa de cuestiones más genéricas, pero no por ello menos trascendentes desde un punto de vista práctico: Agustina Rodríguez y Lucía Fernández Ramírez se encargan de analizar los posibles sesgos discriminatorios que concurren en la adopción de medidas coercitivas; Inda Browarnik se enfrenta a una cuestión tan fundamental como la prueba y verdad en el sistema acusatorio, dedicando especial atención también a la prisión preventiva; y, por último, Rodolfo Piccioni nos habla de la trascendencia de los juicios paralelos, un fenómeno que ciertamente no es nuevo, pero cuya lesividad para el investigado se ha acentuado en los últimos años debido a la inmediatez con la que fluye la información a través de las nuevas formas de comunicación y las filtraciones, más o menos interesadas, de los propios agentes del sistema de justicia penal.”
Puede consultar la obra bajo el número topográfico J 1094 – 347.05 MED
