La libertad de expresión ha recibido de la Constitución Nacional una protección especial, no supone que se la haya configurado como un derecho absoluto o que no existan determinadas circunstancias bajo las cuales quienes difunden información deban responder civilmente por los daños causados”. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han sostenido que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede estar sujeta a restricciones legítimas, siempre que estén expresamente previstas en la ley, respondan a objetivos legítimos como la protección de derechos de terceros o la seguridad nacional, y sean estrictamente necesarias para evitar que deriven en formas de censura indirecta. A su vez, según el caso, “el incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias”.
La normativa en cuestión luce acorde a los referidos recaudos, pues el límite impuesto por el artículo 5 de la ley 25.765 responde a un propósito legítimo, que también puede calificarse como imperativo, que se adecua a los estándares convencionales y constitucionales exigidos para una restricción permisible de la libertad de expresión.
El ordenamiento jurídico argentino contempla diversas disposiciones que garantizan la confidencialidad de quienes colaboran con la justicia en investigaciones de delitos graves. La ley 26.538 establece la reserva de identidad de quienes aporten información sobre delitos de especial gravedad, como homicidios, violación seguida de muerte, secuestros extorsivos, sustracción de menores, robo a entidades bancarias o delitos vinculados al narcotráfico. La ley 27.319, sancionada con posterioridad a los hechos del caso, regula mecanismos de investigación en delitos complejos y prevé expresamente la garantía de reserva para los informantes.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional reafirma esta protección al imponer a los Estados la obligación de adoptar medidas para prevenir represalias o intimidaciones contra testigos, incluso permitiendo “la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero”.
Las normas que garantizan la confidencialidad de la identidad de los testigos en causas vinculadas a delitos complejos y al crimen organizado encuentran su fundamento en la necesidad de preservar la integridad de dichas personas y la eficacia de las investigaciones y procesos penales. En efecto, “la protección de (…) los testigos y las personas que cooperan con las autoridades es particularmente importante en el enjuiciamiento de los miembros de grupos delictivos organizados, que tienen los medios y la motivación para silenciar y/o intimidar a los posibles testigos con el fin de impedirles cooperar con las autoridades policiales y judiciales”.
Respecto de las normas protectorias de la identidad de los testigos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó que en causas relativas al crimen organizado “ante el temor y riesgo a represalias, estos recursos deben ir acompañados de medidas de protección para resguardar la integridad y confidencialidad de (...) testigos”. Dicha organización ha recomendado a los Estados: “Mejorar la relación de confianza entre las instituciones estatales y la ciudadanía que busca denunciar hechos delictivos o amenazas resultado del actuar del crimen organizado. Para ello se recomienda reforzar los sistemas seguros de denuncia protegiendo la identidad de las personas denunciantes y también el refuerzo de programas de protección de testigos”.
La confidencialidad o el secreto de la identidad de los colaboradores en causas de esta índole constituye así una herramienta indispensable para incentivar la cooperación ciudadana frente al crimen organizado, generando un entorno de seguridad, salvaguarda y resguardo que permita a los potenciales testigos brindar su testimonio sin temor a represalias o intimidaciones. La preservación de la identidad de este tipo de testigos o su confidencialidad se fundamenta en que “sin protección, muchas voces permanecerían en silencio” porque dichas personas “se arriesgan a sufrir represalias u otros daños si son descubiertas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la labor periodística debe realizarse “de conformidad con unos estándares mínimos de ética y profesionalidad”.
No resulta aplicable el precedente “Campillay”, ya que en esta causa no se analiza la difusión de información falsa o inexacta, potencialmente difamatoria, y proporcionada por un tercero ajeno al medio, sino la divulgación de un contenido que debía por ley permanecer reservado, en resguardo de la privacidad y la seguridad personal del actor. La identidad del actor como testigo colaborador era confidencial de acuerdo con los términos de la ley 25.765, y esa condición resultaba conocida por los demandados. La Corte Suprema ha establecido que “los lineamientos de la doctrina ‘Campillay’ no son de aplicación cuando media una prohibición legal de difusión respecto de la noticia propalada por el medio”. El máximo tribunal sostuvo que “si la finalidad tuitiva del legislador fue evitar la publicidad de ciertos hechos (…), mal podría soslayarse esta prohibición apelando al uso de un tiempo potencial de verbo o citando expresamente la fuente de que emana la información”. En tales supuestos, la Corte Suprema concluyó que “sólo omitiendo la identificación”, es decir, “cumpliendo con la prescripción legal” se evita el daño y su consecuente responsabilidad.
La garantía de la libertad de prensa no alcanza para justificar la transgresión de normas legales destinadas a salvaguardar la identificación de un testigo confidencial en resguardo a una finalidad pública legítima.
Las expresiones cuestionadas fueron emitidas en directa transgresión de una prohibición establecida por la legislación en resguardo de un propósito legítimo, con conocimiento de esta situación, y sin que resultara rigurosamente necesario para satisfacer el interés público comprometido en la divulgación de la noticia, por lo que no encuentran amparo en la garantía constitucional de la libre expresión.

La profusión de resoluciones en torno al tema de la competencia que se observa en este caso, habría actuado en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia.
Convergen en el presente una serie de particularidades que indican, más allá de la calificación legal que en definitiva resulte aplicable a los hechos, la conveniencia de que el proceso continúe su tramitación en los estrados federales de la provincia, pues al margen de la prevención inicial de la justicia local en ese territorio, las diferentes constancias que se observan agregadas, permiten advertir no solamente una serie de hechos que sucedieron
contemporáneamente en el transcurso de algunos meses, sino también el despliegue logístico y de recursos con que contaban los imputados, con múltiples automotores de alta gama -robados inclusive en la misma época-, comunicaciones que captaban la frecuencia de la policía, armas de fuego, y diversos teléfonos, solo por mencionar algunos a modo ejemplificativo.
Puede colegirse la existencia de una organización delictiva destinada a cometer secuestros extorsivos y otros delitos en distintas jurisdicciones, en los términos referidos por la Corte en el precedente “Izquierdo” para justificar el conocimiento de la justicia de excepción.

En el precedente “Izquierdo”, la Corte mantuvo el criterio de priorización federal en la materia, en el sentido de que los casos de secuestro extorsivo deberán ser inicialmente investigados por la justicia de excepción, con la precisión de que “durante el transcurso de esa etapa de instrucción deberá verificarse la existencia de circunstancias que justifiquen mantener dicha competencia”, a cuyo fin “habrá de ponderarse, fundamentalmente, la existencia de una organización delictiva destinada a cometer en forma sistemática secuestros extorsivos, o la multiplicidad de ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones, o bien la participación de miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros extremos”, y verificada la ausencia de estas circunstancias corresponderá declarar la incompetencia del fuero de excepción.

Tal como lo señala el tribunal federal, no se vislumbran en autos circunstancias causídicas tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
Al contrario, de la descripción efectuada en el requerimiento de elevación a juicio y en la declinatoria no surge que hubiera existido selección específica, ni tareas de inteligencia previas, así como tampoco que, más allá de la referencia a un supuesto álbum fotográfico, los imputados pertenecieran a una organización de las características referidas.
Todo ello, sumado a la inmediata liberación de la víctima tras el pago de una suma de dinero y la entrega de bienes, abona la estricta motivación particular de los hechos y autoriza a presumir que se trató de un supuesto delictivo bajo la modalidad conocida como secuestro exprés.

Tal como lo señala el tribunal federal, no se vislumbran en autos las circunstancias causídicas, tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
Al contrario, de la descripción contenida en los elementos remitidos se desprende que el imputado, quien administraba un supermercado en la localidad de Moreno, se habría valido de su relación con el padre de la víctima para acordar con uno de sus consortes de causa el secuestro del menor y la exigencia de una fuerte suma de dinero.
Tales aspectos conducen a concluir en la estricta motivación particular que refiere el tribunal federal y descarta que en el caso se verifiquen circunstancias que justifiquen la competencia de la justicia de excepción.

No se vislumbran en autos las circunstancias causídicas contempladas en el caso "Ramaro", tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
En efecto, de la descripción efectuada en la declinatoria no surge que hubiera selección específica, ni tareas de inteligencia previas, así como tampoco que uno de los imputados sea parte integrante de una organización de las características referidas.
Todo ello, sumado a las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión en que la víctima fue capturada y las condiciones en las que se produjo su rescate luego que los captores se apropiaron de una suma de dinero en poder del padre de la víctima, abona la estricta motivación particular de los hechos y autoriza a presumir que se trató de supuestos delictivos bajo la modalidad conocida como secuestro exprés.

No se vislumbran en autos las circunstancias causídicas contempladas en el caso "Ramaro", tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
De las constancias de la causa surge la estricta motivación particular de los hechos y autoriza a presumir que se trató de un supuesto delictivo bajo la modalidad conocida como secuestro exprés.
Por lo tanto corresponde declarar la competencia de la justicia local para conocer en esta causa.

No se vislumbran en autos las circunstancias causídicas contempladas en el caso "Ramaro" (Fallos: 328:3963), tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
Al contrario, de la descripción contenida en el requerimiento de elevación a juicio se desprende que las víctimas fueron interrogadas en el momento sobre su lugar de residencia, circunstancia indicativa de la ausencia de planificación, así como también que el imputado y sus cómplices habrían cometido otros delitos que no guardan vinculación directa con este en particular, ni por su naturaleza, ni por el modus operandi.
La falta de elementos que indiquen la realización de tareas de inteligencia previas, sumado a la pronta liberación de las víctimas tras el pago inmediato de sumas de dinero, abona la estricta motivación particular de los hechos y autoriza a presumir que se trató de un supuesto delictivo bajo la modalidad conocida como secuestro exprés.

No se vislumbran en autos las circunstancias causídicas contempladas en el caso "Ramaro" (Fallos: 328:3963), tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos: no surge que hubiera selección específica, ni tareas de inteligencia previas, así como tampoco que el imputado perteneciera a una organización de esas características. Todo ello, sumado a la pronta liberación de las víctimas tras el pago inmediato de una suma de dinero, abona la estricta motivación particular de los hechos y autoriza a presumir que se trató de supuestos delictivos bajo la modalidad conocida como secuestro exprés. Corresponde la competencia para conocer en esta causa a la justicia local.

No se vislumbran en autos las circunstancias causídicas contempladas en el caso "Ramaro", tales como un prolongado lapso de cautiverio o la existencia de una organización delictiva dedicada a la ejecución sistemática de secuestros extorsivos.
En efecto, de la descripción contenida en el requerimiento de elevación a juicio no surge que hubiera selección específica, ni tareas de inteligencia previas. Por el contrario, se desprende que más allá de las amenazas y las exigencias de dinero iniciales, la víctima fue prontamente liberada, extremos que abonan la estricta motivación particular del hecho y autorizan a presumir que se trató de un hecho delictivo bajo la modalidad conocida como secuestro exprés. Corresponde asignar la competencia para conocer en esta causa a la justicia local,