Esta Procuración General coincide con el a quo en cuanto sostiene que la declaración de inconstitucionalidad pretendida es inadmisible.

En tales condiciones, pienso que más allá del estado embrionario de la pesquisa, e independientemente de la calificación legal que en definitiva quepa asignarles a los hechos materia de investigación, corresponde que sea la justicia provincial la que continúe con el trámite de esta causa, sin perjuicio de lo que pudiera eventualmente resultar de su trámite posterior.

Más allá de la gran cantidad de estupefacientes secuestrados, el hecho excedería la mera comercialización al menudeo en tanto se advierte de la lectura de las actuaciones que revenderían las sustancias que serían provistas los encausados.

A consecuencia de una lectura errónea del sentido de la resolución del juez de ejecución, el a quo termina convalidando lo contrario de lo que dice estar resolviendo. Pues a la par que afirma que “independientemente de si se declara o no extinguida la acción penal, el cumplimiento de la pena se encuentra supeditado a que el condenado no incumpla con la prohibición, convalida la decisión del juez de ejecución que resolvió todo lo contrario: tener por cumplida la pena de prisión perpetua y clausurar la supervisión de su ejecución, de modo que ante un eventual reingreso, sólo podrá imponérsele una sanción administrativa, sin que se le pueda exigir judicialmente la reanudación del cumplimento de la pena perpetua oportunamente dispuesta.
El a quo no sólo omitió ejercer su jurisdicción pese al carácter federal de la cuestión, sino que además privó arbitrariamente de la vía recursiva al ministerio fiscal.

El criterio de la cámara de apelación desconoce los fundamentos mismos del modelo procesal acusatorio, y que una interpretación orientada por el principio acusatorio lleva a la conclusión de que la norma citada se refiere al control jerárquico interno, tal como lo entendió esta Procuración General en la Resolución PGN n° 41/23.

Teniendo en consideración los elementos agregados al incidente, de la actividad desplegada por los imputados en infracción a la ley 23.737 no se advierte ninguna circunstancia que amerite la intervención de la justicia federal atento que, si bien sólo una parte del material estupefaciente se habría hallado distribuido en dosis, también se habrían incautado elementos de fraccionamiento. A ello debe sumarse que tampoco se habrían identificado individuos que actuaran en un eslabón superior en la cadena de comercialización.