En cuanto al impedimento previsto en el artículo 8, inciso “e”, de nuestra ley de extradiciones, aprecio que el supuesto riesgo de vida que ha planteado la defensa en la audiencia no ha sido demostrado con arreglo al criterio del Tribunal que ha afirmado que esa situación debe ser cierta y actual, esto es, debe demostrarse que “la persona en cuestión correría peligro personalmente”. Este déficit probatorio se advierte pues solo se cuenta con las imprecisas referencias de la requerida que no bastan para acreditar su existencia en aquellos términos, máxime cuando tampoco se alude a la intervención de funcionarios estatales sino a su ex marido, lo que excluye su posible encuadre en el artículo 1° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Estas actuaciones no revisten el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no suponen un pronunciamiento sobre la decisión de fondo del proceso, ni implican resolver sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido, respecto de los hechos que dan lugar al reclamo, razón por la cual no caben aquí otras discusiones que las referentes a la identidad de la persona cuya entrega se reclama y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y, en su caso, los tratados que gobiernan el proceso.
El agravio pasa por alto que las normas de la extradición no reglamentan el artículo 18 de la Constitución Nacional sino su artículo 14. Esa especial naturaleza no autoriza una revisión exhaustiva de los elementos que integran el proceso que se sigue a la persona en el país requirente o la valoración que corresponde otorgarle en aquellas actuaciones. Ello es así, pues tales planteos parecen dirigidos a cuestionar la validez de lo actuado en el proceso extranjero, que constituye una materia propia de la justicia colombiana que, en todo caso, pueden ser presentados en la causa que motiva la solicitud y resueltos por el magistrado con competencia para ello, ya que lo contrario conduciría a desnaturalizar el procedimiento de la extradición que, como regla, no tiene por finalidad promover una revisión de lo actuado por el Estado requirente y debe ser favorable al propósito de beneficio universal que tiende a perseguir el juzgamiento de criminales o presuntos criminales, no admitiendo, por tal circunstancia, otros reparos que los derivados de la soberanía de la Nación requerida y de las condiciones fundamentales escritas en las leyes y en los tratados.
Una vez agregadas las normas que el Estado requirente entiende aplicables y que explican debidamente la vigencia del ius puniendi, el alcance de la previsión convencional relativa a las “leyes referentes a la prescripción de la acción y de la pena” no puede ser objeto de control por el país requerido para cuestionar la admisibilidad de la solicitud, pues ello importaría sustituir potestad jurisdiccional que le es propia.
Al considerar acreditadas las exigencias materiales y formales que reclama el instrumento multilateral aplicable, el planteo reviste un carácter meramente formal y que no ha causado perjuicio alguno a la parte, extremos que justifican su desestimación.

Más allá del incipiente estado de la investigación con respecto a la notitia criminis, no se advierte en el caso elemento o circunstancia suficiente para que la causa continúe su trámite ante la jurisdicción federal, limitada y de aplicación restrictiva, en tanto no surge la posible participación en los hechos denunciados de algún funcionario nacional ni se habría afectado la seguridad o el comercio marítimos.

No se exige al revisor que incorpore argumentos o valoraciones distintas que puedan corroborar la decisión apelada, sino que analice si aquellos resultaron acertados desde la sana crítica racional. Cabe recordar que la parquedad de fundamentos no constituye causal de arbitrariedad, en la medida que no se deriva de ello lesión a la garantía del debido proceso.
Los agravios esgrimidos en el recurso referidos a la supuesta afectación al derecho del defendido a ser juzgado sin dilaciones indebidas fueron debidamente atendidos en la instancia de casación, y su reedición implica únicamente la expresión de una mera opinión discrepante con la valoración efectuada por el tribunal de juicio y la cámara revisora, cuyas adecuadas conclusiones se derivan de las pautas generales aludidas con referencia a las particulares circunstancias del caso. En consecuencia, al no introducir argumentos novedosos para apartarse de ello, corresponde su desestimación.