Es criterio de la Corte que cuando la defraudación se consuma con la entrega de bienes obtenidos mediante el uso de una tarjeta de compra, el delito debe reputarse cometido en cada uno de los lugares donde se ejecutó la disposición patrimonial.

La presente no se halla precedida de la investigación suficiente como para que la Corte pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 24, inciso 7, del decreto ley 1.285/58.
Tiene resuelto el Tribunal que resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de esta naturaleza, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que les pueden ser atribuidas, pues sólo con relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo.

El juez provincial no ha dado cumplimiento al criterio del Tribunal que establece que la calificación legal que motiva la incompetencia debe encontrar respaldo en los antecedentes del sumario.
Tiene establecido la Corte que mantener y promover la competencia del fuero federal para investigar la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada resulta de vital importancia para asegurar la eficacia de la norma que lo reprime y que la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretende atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer que se halla configurado.
La jurisdicción federal es de naturaleza excepcional y restrictiva.

El presente no se encuentra precedido de una investigación suficiente que permita a la Corte ejercer las facultades previstas por el artículo 24, inciso 7, del decreto ley 1.285/58.
El Tribunal tiene decidido que resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de esta naturaleza, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que les pueden ser atribuidas, pues solo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo.

La Corte tiene establecido que por el carácter federal que reviste un documento nacional de identidad, corresponde al fuero de excepción conocer acerca de su tenencia ilegítima, artículo 33, inciso C, de la ley 17.671 y sus leyes modificatorias.

Es doctrina de la Corte que la justicia de excepción no es competente para conocer en relación con la falsificación de la licencia de conducir si no surge, como en este caso, que se haya presentado en alguna institución nacional, por lo que no se ha entorpecido el normal funcionamiento de organismos federales.