Es jurisprudencia de la Corte Suprema que las decisiones en materia de competencia no constituyen fallos definitivos en los términos del artículo 14 de la ley 48, excepto que concurran circunstancias que autoricen su equiparación, tales como, en lo que nos convoca, la denegación del fuero federal o una efectiva privación de justicia.
La ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente afectadas o por la argüida arbitrariedad del fallo o la errónea interpretación del derecho que rige el caso, y a que no procede la invocación de gravedad institucional carente de un serio y concreto desarrollo que la patentice.

Si bien los agravios que cuestionan la aplicación y el alcance de la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT) y el decreto 659/1996 remiten al estudio de extremos fácticos y de derecho común ajenos, como regla y por su naturaleza, al remedio del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a ese principio cuando la sentencia no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con los planteos de las partes y se apartó de la solución legal prevista para el caso, con serio menoscabo de las garantías constitucionales que se esgrimen vulneradas.
La Corte Suprema destacó que la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y que, cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella.
La LRT considera accidentes de trabajo también a aquellos que ocurren, como el de autos, en el trayecto desde el domicilio hasta el lugar de trabajo. Además, especifica que la incapacidad laboral permanente es la afectación de la capacidad para trabajar originada en este tipo de infortunios, sin distinguir entre lesiones de índole física o siquiátrica. A su vez establece que dicha incapacidad sufrida por alguna de las contingencias previstas en la norma, será cuantificada conforme la tabla de incapacidades que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional.
La Corte Suprema recordó que la LRT subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales conforme al cual se determinaría el grado de incapacidad permanente a los efectos de establecer la cuantía de los resarcimientos tarifados. En cumplimiento de esa previsión legal se dictó el decreto 659/1996 cuyo artículo 1 aprobó la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales.
El decreto 659/1996 prevé, entre las distintas afecciones que puede provocar un siniestro laboral, aquellas de origen psiquiátrico. Esa norma establece que: “Las lesiones siquiátricas que serán evaluadas, son las que derivan de las enfermedades profesionales que figuren en el listado, diagnosticadas como permanentes o secuelas de accidentes de trabajo”. Corresponde remarcar que el decreto bajo estudio no distingue en ningún pasaje entre el accidente ocurrido en ocasión de la prestación de tareas de aquel ocurrido en el trayecto desde el domicilio al lugar de trabajo, lo que evidencia que, tanto en la ley como en la norma reglamentaria, se encuentran comprendidos en el mismo concepto.
La LRT y el decreto 659/1996 no excluyen a los daños psíquicos como patologías resarcibles derivadas de los accidentes in itinere sino que, por el contrario, los prevén y cuantifican expresamente, de modo que la cámara distinguió donde la norma no lo hace y dejó sin reparación un elemento sustancial del daño que, en el caso, incluso supera a las secuelas físicas. Cuando el legislador pretendió diferenciar el alcance de los accidentes ocurridos en ocasión de la prestación de tareas de aquellos ocurridos en el trayecto, a fin de excluir a los últimos de la indemnización adicional de pago único, redactó expresamente la distinción entre esas contingencias
Según el artículo 1 de la ley 26.773, el sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un “régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”. De modo que la arbitraria interpretación de ese cuerpo legal produce al recurrente un serio y directo menoscabo de la garantía constitucional de protección de las condiciones de trabajo dignas y equitativas que asegura el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, manda que fue fortalecida por la singular protección reconocida en textos internacionales de derechos humanos que desde 1994 tienen jerarquía constitucional.

No se encuentran razones para admitir la pertinencia del recurso incoado pues con ello la aseguradora pretende retrotraer la discusión recurriendo la sentencia de habilitación inicial, siendo que había instado su propia incidencia por vía de excepción.
El recurso bajo examen resulta extemporáneo y, además, la sentencia contra la cual se dirige no reviste carácter de definitiva o equiparable a tal por no poner fin al pleito ni causar un agravio de imposible reparación ulterior.

La competencia originaria de la Corte, conferida por el art. 117 de la Constitución Nacional y reglamentada por el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 procede en los juicios en que una provincia es parte si a la distinta vecindad de la contraria se une el carácter civil de la materia en debate.
Se ha atribuido tal carácter a los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación enunciado en el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.
Cabe asignar naturaleza civil a la materia del pleito, toda vez que el Tribunal para solucionar el conflicto deberá aplicar, sustancialmente lo dispuesto en el Libro Cuarto “Derechos Reales”, a partir del art. 1941 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, con respecto al derecho de dominio, como así también los arts. 1897, 1898, 1900, 1905, 1907 y 2119 de dicho código sobre prescripción adquisitiva, lo cual confirma la naturaleza civil de la materia en debate.