Es doctrina de la Corte, que los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan, en iguales condiciones, los jueces en conflicto.

Es doctrina de la Corte que si el conflicto de competencia no se encuentra precedido de una investigación suficiente que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa con la certeza necesaria para encuadrarlos prima facie en alguna figura determinada, la Corte se encuentra impedida de ejercer las facultades previstas por el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58.
A su vez, tiene establecido el Tribunal que para poder llegar a una conclusión en orden a la fijación de la competencia, es necesario que los magistrados entre los cuales se suscite un conflicto jurisdiccional hayan realizado una precisa descripción de los hechos y su consecuente encuadramiento en una determinada infracción penal.

Si bien la ley 26.052 modificó sustancialmente la competencia material para algunas de las conductas típicas contenidas en la ley 23.737, lo cierto es que la intervención del fuero federal es prioritaria en la materia.

Las circunstancias fácticas plasmadas en el legajo no permiten descartar que el operativo en el que se detuvo a los menores incluyera acciones desplegadas en el marco de la custodia de la propia Casa de Gobierno y su entorno.

Descartada la posibilidad de endilgarle a la imputada la sustracción de los aparatos de telefonía celular secuestrados en su poder y por aplicación de las consideraciones desarrolladas en Fallos: 344:3706, corresponde asignar la competencia a la justicia federal.

Resulta de aplicación al caso la doctrina del Tribunal que establece que el delito de retención indebida se consuma en el lugar donde debió efectuarse la entrega o devolución incumplida y que, en caso de no existir un acuerdo de voluntades sobre ese aspecto, la obligación debe ser satisfecha en el domicilio del deudor.

En la competencia CFP 21500/2018/2/CS1, caratulada “Taricco, Sandro y otros s/ incidente de incompetencia”, el Tribunal determinó que correspondía a la justicia federal investigar la presunta omisión de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en la emisión de los certificados pertinentes, en el marco de la designación de un administrador provisorio para una obra social. Ello así, en tanto es función específica del fuero federal prestar resguardo y tutela a las instituciones nacionales y juzgar la validez de los actos de sus funcionarios.
De las constancias del incidente surge que la intimidación denunciada estaría motivada en el cargo para el que la persona fue designada por el Poder Ejecutivo nacional y que perseguiría obstaculizar el desempeño de sus funciones.

Resulta aplicable al caso la doctrina del Tribunal según la cual no es competente la justicia federal para conocer en la causa por privación ilegal de la libertad, si la coacción ejercida por el imputado respondió a motivaciones particulares, tal como es la obtención de una confesión sobre la pérdida de una mochila con sustancias estupefacientes en su interior.