El memorial en sustento del recurso ordinario interpuesto resulta notoriamente infundado, ya que constituye una reiteración de lo ya ventilado a lo largo del proceso y particularmente en el debate, donde el representante de este Ministerio Público sustentó adecuadamente la postura en favor de la concesión parcial de la entreayuda y la defensa hizo lo propio para apoyar su tesitura en contrario, argumentos que luego fueron valorados por la a quo de forma ajustada a derecho, al convenio multilateral aplicable y, en lo pertinente, a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, sin que la recurrente se hiciera mínimamente cargo en esta oportunidad de las razones brindadas en esa instancia para desestimar su pretensión, lo que determina, sin más, su rechazo.
Los planteos de la defensa carecen de la entidad que permitiría a la Corte soslayar ese óbice formal, máxime si se observa que se dirigen en última instancia a cuestionar el -a su juicio- irrazonable tiempo que los tribunales extranjeros le han otorgado a la tramitación del proceso que origina el presente, sin tener en cuenta que el procedimiento penal y el extraditorio se encuentran caracterizados por un objeto y fin distintos.
La Corte ha juzgado que sostener que cuando la solución normativa extranjera es diferente a la nacional, ésta debe prevalecer sobre aquélla, implica tanto como descalificar gravemente un procedimiento extranjero, con potencial menoscabo de las buenas relaciones bilaterales con la otra parte contratante del tratado de extradición aplicable, cuya finalidad quedaría frustrada por una interpretación de excesivo apego al rigor formal de la ley interna argentina. Esta situación adquiriría mayor gravedad ante la expresa regla prevista en el acuerdo bilateral, que ha sido observada en la solicitud, pues implicaría dejar de lado el principio pacta sunt servanda al que obliga el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
La Corte ha sostenido que es ajeno al juicio de extradición introducirse en la valoración de ciertos institutos propios del sistema de investigación del Estado requirente, o de acuerdos en función del sistema de enjuiciamiento penal extranjero que los regula y las particularidades del ordenamiento jurídico en el que están llamados a ser ejecutados, siempre que no importen una afrenta al orden público nacional.
Debe tenerse en cuenta -tal como la Corte lo ha resuelto en juicio de extradición- que la existencia de diferencias en el modo de regular la prescripción de la acción penal o de la pena por las leyes extranjeras, no implica necesariamente que estas soluciones diferentes sean contrarias al orden público criminal de la Nación.
Es que no puede válidamente sostenerse que cualquier solución normativa que reglamente las garantías del debido proceso en otros términos a los nacionales importe de por sí violentar los principios del derecho público consagrados en la Constitución Nacional, ya que ello significaría trasladar la solución jurídica consagrada sobre el punto en el orden nacional a un Estado extranjero que, en ejercicio de facultades inherentes a su potestad estatal, ha optado por otra política -análoga o distinta- en la reglamentación del instituto. En síntesis, aceptar la postura de la defensa implicaría que la única ley extranjera aplicable sería la que coincidiera exactamente con la legislación interna, hipótesis a todas luces improcedente, ante la expresa previsión del tratado que rige el caso.
La suspensión del plazo de prescripción de la acción penal con arreglo a la ley extranjera ha sido reconocida por el Tribunal al resolver en la causa “Mankevich Lifshitz, Saúl Eduardo s/ Extradición”.
El instituto de la suspensión del curso de la prescripción tampoco es ajeno a nuestro derecho interno -artículo 67 del Código Penal- sin que pueda predicarse, por lo demás, que el artículo 1968.C del Código Penal de Panamá importe un caso de imprescriptibilidad, supuesto éste que expresamente regula la cláusula B.4 de ese precepto sólo para los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas.
La incuestionable vigencia de la acción penal con arreglo a la ley foránea también determina, en observancia del instrumento internacional que rige el caso, la improcedencia del agravio basado en la supuesta afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, pues el recurrente lo ha fundado exclusivamente en el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho y en la ya desestimada afrenta al orden público argentino.
Ello sin perjuicio de recordar que, en virtud de su estrecha vinculación, la prescripción ha sido el mecanismo a través del cual la Corte ha hecho efectiva la garantía del plazo razonable.

Con arreglo al criterio de la Corte, según el cual los estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no revisten la calidad de aforados en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inciso 1°, del decreto-ley 1285/58 y en atención a que de las particularidades del hecho descripto por los magistrados no surge que se hubieran afectado las actividades propias de la embajada o de sus funcionarios, corresponde proseguir las actuaciones ante el tribunal nacional de esta ciudad, en tanto no se han comprometido intereses nacionales.

Aun con la dificultad que conlleva resolver con un conocimiento tan precario y ante resoluciones ambiguas, a los fines de esta incidencia hay que partir del hecho de que sobre esa endeble base la justicia provincial ha imputado y ordenado detener a un grupo de personas para juzgarlas por alguna clase de acuerdo para cometer delitos como figura autónoma. Si ello es así, entonces es preciso recordar la doctrina de la Corte según la cual la asociación ilícita, en tanto delito autónomo y de carácter permanente, debe ser juzgada por el juez del lugar donde se registra su accionar, y si éste ocurre en varias jurisdicciones, corresponde atribuir el conocimiento al magistrado que resulte más conveniente por razones de economía procesal.
Más allá de los huecos y otras falencias al establecer el objeto procesal de la causa, las razones de economía procesal que pesan para determinar la competencia en este caso se inclinan por el juez del lugar donde, según la hipótesis que motivó la imputación, la organización tiene su cúspide y el plan criminal se habría diseñado, que es a la vez el lugar en el que comenzó a ejecutarse mediante la adquisición de las propiedades y la constitución de las personas jurídicas a las que se transfirieron, lo que las constancias de la causa ubican en la ciudad de Buenos Aires.
La asociación ilícita no es por sí misma un supuesto de los que atañe al fuero de excepción cuando, su accionar no es sino de estricta motivación particular y no supone un peligro para la seguridad del Estado o sus instituciones. Además, tiene establecido la Corte que se trata de un delito autónomo, distinguible de los hechos que constituyen la concreción del plan para cometer delitos indeterminados. Dado que la imputación incluye una acusación indeterminada de haber “fabricado” títulos de propiedad nulos o inválidos sin aclarar si la nulidad afecta a todos o a alguno de las decenas de títulos de propiedad a nombre de las empresas investigadas, la circunstancia de que exista un inmueble supuestamente cedido por el Estado Nacional mediante fraude puede ser perfectamente escindible de esta investigación de acuerdo al criterio general que establece que ante una pluralidad de delitos corresponde, en principio, separar el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque mediare entre ellos relación de conexidad.

Tiene resuelto el Tribunal que la competencia penal por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito, y cualquiera que sea el vínculo de conexión final que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos, en tanto la distribución de las competencias entre las provincias o entre éstas y la Nación, es materia regida por la Constitución Nacional, escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad.

El presente conflicto no se encuentra precedido de una investigación suficiente que permita a la Corte ejercer las facultades previstas por el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58.
Las escasas constancias agregadas al incidente impiden determinar los hechos a investigar para establecer con el grado de certeza que esta etapa exige su verdadero alcance y el modo en que habrían ocurrido, lo que resulta imprescindible a fin de realizar una correcta calificación jurídica que sustente a la declinatoria.

En atención a la gran cantidad de estupefacientes incautados que, además, no se encontraban fraccionados en dosis -tal como lo establece el artículo 2, inciso 1, de la ley 26.052-, en esta ocasión no puede afirmarse que estuvieran destinados a la venta para su consumo inmediato. Ello es así pues tampoco consta que se hubiera secuestrado algún otro elemento destinado a su fraccionamiento y distribución.

De conformidad con la doctrina del Tribunal según la cual la competencia ratione loci se determina atendiendo el lugar donde se ha consumado el delito, corresponde a la justicia provincial asumir su jurisdicción e incorporar los elementos necesarios para proseguir la investigación.