Es doctrina del Tribunal que los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda afirmarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan, en iguales condiciones, los jueces en conflicto.
Corresponde a la justicia ordinaria asumir su jurisdicción en el caso, sin perjuicio de lo que pudiera surgir del posterior trámite de la investigación, inclusive en orden a eventuales maniobras compatibles con la figura de lavado de activos, a cuyo respecto cabe recordar que su naturaleza es de índole federal y que, en su caso, deberá estarse al criterio de Fallos: 323:1804 y 325:2684, y Competencia CPE 494/2020/4/CS1 “Peñafiel, José David s/ Incidente de competencia”, entre otros.

El conflicto no se halla precedido de la investigación suficiente para que la Corte pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58, y pronunciarse acerca del lugar de comisión del delito y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo.
Resulta necesario profundizar la pesquisa a partir de la información de los movimientos de la cuenta receptora de los depósitos realizados por la víctima. La experiencia en la investigación de hechos similares ha demostrado que el lugar donde está radicada la cuenta receptora de los depósitos fraudulentos, o el domicilio de quien figura como su titular, no constituye un dato que por sí mismo sea determinante para asignar la competencia si no existen indicios adicionales que permitan vincular a esa persona con el delito.

La presente contienda negativa de competencia no se halla precedida de la investigación suficiente para que la Corte pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley 1285/58.
El Tribunal tiene decidido que resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de esta naturaleza, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que les pueden ser atribuidas, pues solo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo.
Corresponde al juzgado nacional que tomó conocimiento de la notitia criminis, incorporar los elementos necesarios para darles precisión y resolver, luego, con arreglo de lo que de ello surja.

El caso no se encuentra precedido de una investigación suficiente que permita a la Corte ejercer las facultades previstas por el artículo 24, inciso 7º, del decreto ley 1285/58.
En atención a que no ha sido transferida la competencia al fuero penal, contravencional y de faltas para investigar el delito denunciado, corresponde a la justicia nacional de esta Capital asumir su jurisdicción e incorporar al proceso los elementos de juicio necesarios a fin de conferir precisión a la notitia criminis, aunque no haya sido parte en la contienda, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento fundado en los resultados así obtenidos.