En nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar. Asimismo, cabe tener presente que la existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal, diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos, en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma “suficientemente directa” o “substancial”.
Si la Corte, o cualquier otro tribunal nacional, interviniese en asuntos donde el peticionario carece de legitimación transgrediría el severo límite al Poder Judicial que surge del art. 116 de la Constitución y que es propio del esquema de división de poderes que ella organiza. Esta limitación es particularmente aplicable a un proceso como el de autos pues admitir una medida cautelar como la peticionada por quien carece ostensiblemente de legitimación “deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”.
Los derechos cuya protección procuran las actoras en el sub examine no son de incidencia colectiva, sino que se trata de los intereses que, eventualmente, pueda tener cada uno de los trabajadores individualmente en caso de que la administración llevara a cabo la conducta que los sindicatos vislumbran.
No es posible considerar que la sola invocación de la cantidad de trabajadores que podrían quedar afectados implica que las asociaciones sindicales actúen en representación de intereses abstractos de categoría, pues lo que se ha puesto en tela de juicio en el sub lite es una presunta conducta de la demandada que, en caso de producirse, afectaría el derecho a la estabilidad de ciertos trabajadores individuales, lo que remitiría al examen de cada uno de los vínculos según el marco normativo en el que se viene desarrollando.

Más allá de señalar que el testimonio de la víctima resulta de importancia para el cabal conocimiento de los sucesos denunciados, la ausencia de otros elementos de juicio que, según se desprende de las resoluciones remitidas por la magistrada declinante, se encontrarían pendientes de producción y podrían reforzar su relato, impide afirmar la hipótesis federal sobre cuya base se ha planteado la declinatoria.
En ese sentido, cabe recordar lo dicho por la Corte en cuanto a que solo con respecto a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del juez competente para investigarlo y juzgarlo.