De acuerdo con lo resuelto por la Corte en la causa CSJ 2084/2017, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ Ejecución fiscal”; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demanda a una entidad que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Nacional, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia, cualquiera sea la materia del pleito.

El Tribunal tiene dicho, en reiterados precedentes, que no basta con que una provincia sea parte en un pleito para que proceda la competencia originaria de la Corte, ya que resulta necesario, además, examinar la materia sobre la que versa, esto es que ella sea de manifiesto contenido federal, es decir, que la demanda entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa.
Esta hipótesis, en la que procede la justicia federal en razón de la materia, lleva el propósito de afirmar las atribuciones del Gobierno Federal en las causas relacionadas con la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima.
A los fines de dilucidar cuestiones de competencia, ha de estarse, en primer lugar, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes.
La causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Ley Fundamental, a las que alude el artículo 2º, inciso 1º de la ley 48, en tanto versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno Federal y los de una provincia, lo que hace competente a la justicia nacional para entender en ella.
Al ser parte una provincia en un pleito de naturaleza federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.