El planteo formulado por la parte actora no suscita cuestión federal que habilite la vía extraordinaria elegida, pues establecer los alcances de la cosa juzgada es materia propia de los jueces de la causa y ajena, como regla, a la instancia de excepción, sin que se adviertan en la especie razones que autoricen un apartamiento de tal principio.
Para establecer los límites de la cosa juzgada que emana del fallo que se dicte en un proceso determinado, la Corte ha señalado que ha de atenderse primordialmente a la parte dispositiva de aquel y, si bien a tales fines no puede prescindirse de sus fundamentos y motivaciones, y muy frecuentemente es imprescindible recurrir a ellos, en la medida que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, la cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juzgador.
Los agravios expresados por la recurrente evidencian solo discrepancias con fundamentos no federales del decisorio, vinculados a cuestiones de hecho y derecho procesal, que no compete a la Corte revisar, toda vez que, al margen de su grado de acierto o error, resultan suficientes para descartar la arbitrariedad invocada.

Es conocida la atribución excepcional de que goza la Corte de declarar la competencia de un tercer magistrado que no intervino en la contienda.
Debería ejercer esa facultad en el presente caso y asignar su conocimiento a la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal pues, si bien el juez nacional en lo civil y comercial federal consideró que la cuestión era de competencia del mencionado fuero, ninguno de los magistrados que lo integran tomó intervención en este conflicto.