Dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno, el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal.

Para que proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, en los juicios en que una provincia es parte, resulta necesario examinar la materia sobre la que versan, es decir, que se trate de una causa de manifiesto contenido federal o de naturaleza civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad o nacionalidad de la contraria.
En el primero de los supuestos enunciados, para que la causa revista manifiesto contenido federal la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante.
Pero ello no sucederá cuando en el proceso se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran, para su solución, la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales.
En la causa se presenta esta última hipótesis y, por ende, la cuestión constitucional que se invoca no reviste un manifiesto contenido federal, por lo que no es apta para surtir la competencia originaria de la Corte.
En los términos en que ha sido planteada la controversia, resulta evidente, pues, que para resolverla deberá acudirse, necesariamente, a la hermenéutica y aplicación del derecho público provincial, más específicamente, a las normas locales que conforman el régimen municipal (arts. 104 —inc. 10—, 180, 183, 184 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba; ley local 8102 y sus modificaciones), interpretándolas en su espíritu y en los efectos que la soberanía ha querido darle, cuestión que no es del resorte de la Corte, ya que no es apta para instar la competencia del art. 117 de la Constitución Nacional.
Resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución —jurídica o política— en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación.
Lo expresado anteriormente no varía por la alegada violación de lo dispuesto por el art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al efecto temporal de la ley provincial 10.406.
El Tribunal ha dicho que dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación y de los distintos tipos de leyes que sanciona, se encuentra la de dictar las que se denominan de “derecho común”, cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o locales, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones, tal como expresamente lo establece el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.
En la misma oportunidad, señaló que el propósito perseguido por el constituyente, al conferir al Poder Legislativo Nacional tal atribución, no fue otro que el de lograr la uniformidad de las instituciones sustantivas o de fondo, salvaguardando al propio tiempo la diversidad de jurisdicciones que corresponde a un sistema federal de gobierno, y que, por ese motivo, la competencia atribuida por el art. 116 de la Constitución Nacional a esa Corte y a los tribunales inferiores de la Nación con respecto a las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de la Nación encuentra como límite también la reserva hecha en el citado inc. 12 del art. 75 y, por consiguiente, la demanda que, como en el sub lite, se funda directamente en la falta de validez de normas de la Provincia de Córdoba por considerarlos además contrarios a las disposiciones del derecho común debe ser juzgada por los jueces locales, ya que su aplicación le corresponde a ellos al caer las cosas de que se trata bajo su jurisdicción.
La Corte concluyó en que, si a través de la competencia originaria se pudiesen juzgar los casos vinculados con actos de los poderes públicos provinciales, con relación a los cuales, en ejercicio de sus deberes y facultades administrativas, las autoridades han hecho una determinada aplicación de la legislación común, se habría establecido una subordinación de aquéllas con respecto al gobierno central, en desmedro de las autonomías locales que constituyen la esencia del sistema federal de gobierno adoptado por nuestra Constitución.
Asimismo, el art. 31 de la Constitución Nacional consagra expresamente el principio según el cual esa Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que pudieren contener las leyes o constituciones provinciales. Esa disposición constitucional, que rige en el ámbito de toda la Nación, es la que determina la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia locales de examinar las leyes en los casos concretos que se plantean, interpretándolas adecuadamente, y, en su caso, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si se encuentran en oposición con ella.
Tal estado de cosas trae aparejado que no exista óbice para que todo magistrado argentino, federal, nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, se pronuncie sobre las cuestiones constitucionales que pudiesen proponerse en los asuntos que deba juzgar, en virtud de la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces del país, de nuestro sistema federal y de las autonomías provinciales.
En tales condiciones, el proceso debe tramitar ante la justicia provincial, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas que se ventilen cuestiones de ese carácter, sin perjuicio de las de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48.
Por todo lo expuesto, y dado que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, no es susceptible de extenderse a otros casos no previstos, este proceso resulta ajeno a dicha instancia.

En atención a los dichos verosímiles y no controvertidos de la denunciante, y la doctrina de la Corte según la cual la competencia penal por razón del territorio se determina atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito, corresponde a la justicia de Córdoba asumir el trámite de la causa, con el debido resguardo de la salud psicofísica de la menor víctima y sin perjuicio de cuanto surja con posterioridad.

En el presente conflicto jurisdiccional, la Corte no puede ejercer las facultades previstas por el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58.
Pues la declinatoria del tribunal provincial no se encuentra debidamente fundamentada, ya que omite cumplir con las exigencias que impone el criterio de Fallos: 303:328, entre otros.
Por lo tanto, corresponde que el tribunal provincial, que declinó su competencia sin recabar los elementos necesarios para otorgarle sustento a su resolución, continue con el trámite de estas actuaciones para que, en su caso, resuelva, luego, de acuerdo con lo que de ello surja, teniendo además en cuenta que las reglas de acumulación por conexidad sólo pueden invocarse en conflictos en los que participan únicamente jueces nacionales.

Este conflicto no se halla precedido de la investigación suficiente para que la Corte pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 24, inciso 7º, del decreto ley 1285/58.
Al respecto, la Corte tiene decidido que resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de esta naturaleza, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que les pueden ser atribuidas, pues solo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo.
En este sentido, las escasas constancias agregadas al incidente no alcanzan para delimitar con precisión los pormenores y características del suceso motivo de investigación, sin que se haya acreditado de manera fehaciente el lugar donde se realizó la maniobra.
En tales condiciones, corresponde al juzgado en lo penal, contravencional y de faltas que tomó conocimiento de la notitia criminis, incorporar los elementos necesarios para darles precisión y resolver, luego, con arreglo de lo que de ello surja.

Más allá de señalar que de los términos de la denuncia y del relato de la menor ante los médicos del Hospital se desprenderían otros posibles hechos de abuso sexual que habría sufrido a temprana edad por parte de su abuelo, respecto de los cuales las constancias remitidas no resultan suficientes para definir en qué circunstancias habrían sido cometidos, corresponde aplicar al caso la doctrina según la cual la competencia penal por razón del territorio se determina atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito.
Por lo tanto, compete a la justicia que previno, proseguir el trámite de la causa y, de considerar necesario, disponer nuevamente los medios que encuentre a su alcance para conseguir la declaración de la víctima, con los cuidados que demande el caso y sin perjuicio de cuanto surja con posterioridad.