Se encuentra fuera de debate que los DIRSC, regulados por el art. 107 y siguientes del CFM, son una “tasa”, que el legislador de la Municipalidad implementó para retribuir una serie de actividades estatales allí descriptas, que atañen al obligado y que, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.
La importancia de tal definición no es meramente académica, sino que desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9°, inc. b), de la ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos.
Cabe recordar que es inveterada doctrina del Tribunal que: “…un requisito fundamental respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia del Tribunal, …que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente“.
La asignación de ingresos en el Convenio Multilateral en función del “destino final” no acredita, derechamente, el perfeccionamiento del hecho imponible de DIRSC, el cual, como perteneciente a la especie tributaria “tasa” requiere de “…la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”, que tanto la demandada cuanto la decisión recurrida fracasa en identificar. En efecto, ni las resoluciones 433/2016 y 434/2016 de la Dirección de Rentas municipal aquí cuestionadas ni la sentencia aquí apelada logran especificar, como era menester, las operaciones o actividades individualizadas efectuadas en el territorio municipal. Como lógico corolario de tal falencia, tampoco pueden precisar los servicios concretos e individualizados enumerados en el art. 107 del CFM, prestados o puestos a disposición por el municipio demandado, en forma tal de exigir al contribuyente el pago de los DIRSC.
Esta falla en el razonamiento no puede ser subsanada invocando, como lo hace el pronunciamiento apelado, que son las partes quienes deben acreditar los hechos que dan sustento a sus posiciones. Tal afirmación implica desconocer que, en estos casos y frente a la negativa del contribuyente respecto del servicio brindado, es el Estado quien debe probar su concreta, efectiva e individualizada prestación o puesta a disposición.
Aun cuando, ni la demandada ni la sentencia logran individualizar los actos o bienes de la actora en el territorio del municipio que resultan alcanzados por las prestaciones que éste brinda, corresponde señalar que ese “aprovechamiento de las ventajas” que proporcionaría la ciudad como un complejo residencial de alta densidad y de servicios, que requiere “necesariamente la gestión de los servicios municipales que menciona el art. 107 del Código Fiscal Municipal, y que daría lugar al derecho a exigir la retribución pretendida, falla igualmente en precisar cuáles fueron esos servicios concretos, efectivos e individualizados prestados o puestos a disposición del contribuyente, a la luz de la consolidada doctrina de Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 332:1503, entre muchos otros.