Surge del incidente que las personas que concurrieron a las instalaciones de la firma lo hicieron en virtud del requerimiento ordenado por la justicia civil de la provincia, donde tramita el proceso por la expropiación de la misma, y que los funcionarios que cumplieron con aquella disposición eran provinciales, motivo por el cual no es posible establecer circunstancias que surtan la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva.

Tiene resuelto la Corte que la competencia penal en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito.

No surge suficientemente determinado que en el presente caso se encuentren afectados el normal desenvolvimiento de la terminal portuaria o la seguridad de la navegación, para dar intervención a la jurisdicción de excepción.

El recurso ordinario interpuesto resulta notoriamente infundado, ya que constituye una mera reiteración de lo propuesto en la audiencia de debate, donde el representante de este Ministerio Público sustentó su postura a favor de la concesión de la entreayuda, por encontrarse cumplidos todos los requisitos exigidos para la especie, y la defensa desarrolló lo propio para apoyar su tesitura en contrario, argumentos que luego fueron valorados por la juez a quo de forma ajustada a derecho, a la Convención Interamericana sobre Extradición firmada en Montevideo en 1933 y, en lo pertinente, a la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, sin que la parte recurrente se hiciera mínimamente cargo en esta oportunidad de refutar las específicas razones brindadas en esa instancia para desestimar su pretensión, lo que implica la deserción del recurso y, sin más, su rechazo.
El reeditado planteo de la defensa carece de la entidad que permitiría a la Corte soslayar ese óbice formal, como podría ser frente a cuestiones susceptibles de afectar el orden público argentino, ya que en el caso se trata de asuntos genéricamente mencionados, sin conexión alguna con las constancias acreditadas en la causa.
Como el Tribunal ha tenido ocasión de señalar, las normas de extradición no son reglamentarias del artículo 18 de la Constitución Nacional sino de su artículo 14, en tanto importan excepciones a la libertad de entrar, permanecer y salir del país; garantías respecto de las cuales ningún extranjero tiene un derecho irrevocablemente adquirido.
Mal podría utilizarse como argumento impeditivo del extrañamiento la sola invocación de la citada garantía del artículo 14: la extradición es, precisamente, una de las limitaciones legales a su ejercicio. En consecuencia, para impedir la entrega sobre la base del arraigo en nuestro país, lo que debería demostrarse es que el instituto de la extradición, tal como está establecido, es una regulación irrazonable y, por ello, que desnaturaliza la garantía que viene a reglamentar. Y esto no ha sido alegado ni, por supuesto, probado en el sub judice.
Resulta difícil admitir esta línea argumentativa cuando la misma convención de extradición permite el extrañamiento de los propios nacionales del Estado requerido. Si la nacionalidad de origen no impide la extradición de un argentino, menos aún podría hacerlo la simple estancia en el país de un extranjero, la que, por cierto, en las condiciones del caso ha transcurrido, en su mayoría, bajo privación de la libertad en el marco del cumplimiento de la condena a un año de prisión efectiva dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal de esta ciudad, circunstancia que impide afirmar que el encausado haya desarrollado un verdadero arraigo.
Sin perjuicio de la situación procesal que en definitiva registre el nombrado en esas actuaciones al momento de la eventual firmeza de la sentencia aquí apelada, cabe observar que se trata de una situación que expresamente regula el artículo 39, inciso a, de la ley 24.767.

Habida cuenta que tanto la supresión de la numeración del arma de fuego como su encubrimiento surten la jurisdicción federal, corresponde declarar la competencia del tribunal de ese fuero, el que además deberá conocer sobre la tenencia ilegítima de las armas por encontrarse relacionada al mismo objeto, de acuerdo con el criterio de la Competencia CSJ 4477/2014/CS1 “Bernard, Lucas y otro s/robo con armas” y Fallos: 329:1324.

El remedio intentado no cumple con la exigencia establecida por el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuerpo legal que la Corte ha declarado de aplicación a la especie, ya que el primer agravio constituye una reflexión tardía, presentada intempestivamente, sin que pueda considerarse surgido de modo sorpresivo del propio contenido del fallo, lo que determinaría, sin más, su rechazo. En cuanto al segundo, constituye una mera ampliación del ya ventilado a lo largo del proceso y particularmente en el debate, que fue considerado por el juez a quo de forma ajustada al acuerdo bilateral y, de forma supletoria, a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, como así también con arreglo a la jurisprudencia de la Corte, limitándose la parte a ampliar los fundamentos e insistir en su criterio.
Las autoridades judiciales del Estado requirente han acreditado no solo el requisito específico del acuerdo bilateral, sino también la demás información acerca del hecho incriminado, lo cual satisface la doctrina de la Corte en cuanto que a los fines de la extradición lo relevante es brindar certidumbre al requerido acerca del hecho por el que se solicita su extrañamiento y respecto del cual habrá de ejercer su defensa en el proceso que se le sigue en el país que lo reclama.
La Corte ha establecido que para que esa cláusula se torne efectiva deben tenerse en cuenta no tanto las referencias genéricas a una situación determinada, sino si en la causa existen elementos que autoricen a poner en tela de juicio la correcta actuación de las autoridades del país solicitante en el caso particular del requerido, de modo que represente un riesgo cierto y actual que afecte la condición exigida por el ordenamiento.
El temor invocado por la defensa solo aparece derivado de una situación general, no advirtiéndose en el caso motivos suficientes y valederos que lleven a concluir que el requerido pueda verse expuesto a tratos incompatibles con los estándares internacionales de los derechos humanos. En esas condiciones, resulta aplicable al sub judice lo resuelto en Fallos: 329:1245, donde la Corte sostuvo el criterio antes expuesto para rechazar el agravio por el cual la defensa intentaba impedir la extradición sobre la base del estado del sistema carcelario.
Cabe citar el precedente de Fallos: 330:2065, en el que el Tribunal sostuvo que no se justificaba el rechazo de la extradición, conforme la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que ninguna constancia se había incorporado al expediente que brindara razones fundadas para sostener que la persona que se entregaba, acusada de crímenes comunes, fuera a enfrentar en el Estado receptor un riesgo real de exposición a un trato de esas características. En similar sentido, en Fallos: 336:610 estableció que no basta la mera invocación de la existencia de prácticas aberrantes por parte de las autoridades del país extranjero, sino que, al margen de esas referencias genéricas, debe tenerse en cuenta si en la causa existen elementos que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación de la justicia del país requirente tanto en lo que se refiere los derechos y garantías de la persona cuya entrega se demanda, como a su seguridad y custodia.
El compromiso brindado en autos por el Estado requirente determina la improcedencia del agravio.

El remedio intentado no cumple con la exigencia establecida por el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuerpo legal que la Corte ha declarado de aplicación a la especie. Así se estima por diversas razones: por dar por reproducidos y hacer remisión a los agravios expuestos por la parte durante la audiencia de debate, temperamento que contraviene esa cláusula procesal; porque el primer agravio constituye una reflexión tardía, presentada intempestivamente incluso con desatención de las constancias del legajo, a la vez que contradice lo expresado en el debate en cuanto al cumplimiento de “las formalidades legales que exige el tratado bilateral”, sin que, por lo demás, la cuestión haya surgido de modo sorpresivo del propio contenido de la sentencia apelada, todo lo cual determinaría, per se su rechazo; y porque el segundo planteo constituye una mera ampliación del ya ventilado a lo largo del proceso y durante el debate, que fue considerado por el juez a quo de forma ajustada al acuerdo aplicable y, supletoriamente, a la ley 24.767, como así también con arreglo a la jurisprudencia de la Corte.
Las autoridades judiciales de la República Federativa han acreditado no solo el requisito específico del acuerdo bilateral, sino también la demás información acerca del hecho imputado, lo cual satisface la doctrina de la Corte en cuanto que a los fines de la extradición lo relevante es brindar certidumbre al requerido acerca del hecho por el que se solicita su extrañamiento y respecto del cual habrá de ejercer su defensa en el proceso que se le sigue en el país que lo reclama.
La Corte ha establecido que para que esa cláusula se torne efectiva deben tenerse en cuenta no tanto las referencias genéricas a una situación determinada, sino si en la causa existen elementos que autoricen a poner en tela de juicio la correcta actuación de las autoridades del país solicitante en el caso particular del requerido, de modo que represente un riesgo cierto y actual que afecte la condición exigida por el ordenamiento.
El temor invocado por la defensa solo aparece derivado de una situación general, no advirtiéndose en el caso motivos suficientes y valederos que lleven a concluir que el requerido pueda verse expuesto a tratos incompatibles con los estándares internacionales de los derechos humanos. En esas condiciones, resulta aplicable al sub judice lo resuelto en Fallos: 329:1245, donde la Corte sostuvo el criterio antes expuesto para rechazar el agravio por el cual la defensa intentaba impedir la extradición sobre la base del estado del sistema carcelario.
Cabe citar el precedente de Fallos: 330:2065, en el que el Tribunal sostuvo que no se justificaba el rechazo de la extradición, conforme la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que ninguna constancia se había incorporado al expediente que brindara razones fundadas para sostener que la persona que se entregaba, acusada de crímenes comunes, fuera a enfrentar en el Estado receptor un riesgo real de exposición a un trato de esas características. En similar sentido, en Fallos: 336:610 estableció que no basta la mera invocación de la existencia de prácticas aberrantes por parte de las autoridades del país extranjero, sino que, al margen de esas referencias genéricas, debe tenerse en cuenta si en la causa existen elementos que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación de la justicia del país requirente tanto en lo que se refiere a los derechos y garantías de la persona cuya entrega se demanda, como a su seguridad y custodia.
Sin perjuicio de no presentarse en el caso circunstancias impedientes como las mencionadas, lo cual bastaría para concluir de modo adverso al planteo, cabe agregar que en el “Formulario de Solicitud de Extradición” antes citado, la justicia del país extranjero ha garantizado “no someter al extraditable a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Ese expreso compromiso no solo satisface la previsión del artículo 8, inciso “e”, de la ley 24.767, sino que a la vez se ajusta al criterio de Fallos: 332:1322 y su cita del considerando 10, ambos referidos a solicitudes de la República Federativa. En cuanto a las suspicacias que la defensa ha introducido con relación a la insuficiencia de ese compromiso, cabe agregar que nada consta en el legajo que permita desvirtuar la presunción de veracidad y validez que consagra el artículo 4 de nuestra ley de extradiciones.
En cuanto a la tardía alegación con relación a la omisión del juez federal de investigar las amenazas mencionadas por el requerido en la audiencia del artículo 27 de la ley 24.767, debe observarse no solo que en la etapa procesal oportuna la defensa no ofreció ni solicitó prueba alguna al respecto, pues no respondió la citación cursada en los términos de los artículos 354, 405 y 406 del Código Procesal Penal de la Nación, sino que, como surge del acta de la audiencia de debate y de la del artículo 27 de la ley 24.767, el requerido solo aportó datos imprecisos que no conmueven el temperamento que postulo, más aún ante lo expresamente ordenado por el magistrado en el punto dispositivo II de su pronunciamiento.
Desde este Ministerio Público habrá de promoverse la averiguación de la posible comisión de ese delito de acción pública.
Resta hacer referencia a lo expuesto por la defensa en el memorial ante la Corte con relación al cómputo del tiempo de detención del requerido en estas actuaciones. Tal como consta en el legajo, la autoridad judicial foránea también ha garantizado que habrá de considerarse la privación de libertad en estas actuaciones.

De acuerdo con la inverterada doctrina de la Corte Suprema, para la procedencia del recurso extraordinario no basta la aserción de una determinada solución jurídica si ella no está razonada y constituye un agravio concretamente referido a las circunstancias del caso, mediante una prolija crítica de todos y cada uno de los argumentos en que el pronunciamiento se apoya.
La sentencia recurrida sostuvo que, en el limitado marco de la medida cautelar requerida y respecto de la verosimilitud del derecho invocado, la cuestión lucía sustancialmente análoga a la ya examinada en Fallos: 340:257. Se entendió allí que la Convención Constituyente de 1994 no había excedido los límites de la norma habilitante al incorporar la limitación de 75 años de edad para los magistrados nacionales en el artículo 99, inciso 4º, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, ni tampoco se había vulnerado el principio de independencia judicial, que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno, en tanto ese límite de edad modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad.
Desde esta perspectiva, la Cámara recordó el reiterado criterio de la Corte que sostiene que, no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición del Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que, en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esa misma Corte como por los tribunales inferiores y, cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, su solución debe buscarse en el criterio de los referidos precedentes.

No resulta prematura la declaración de incompetencia que efectuó oportunamente la juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario local en su resolución.
De acuerdo con lo resuelto por la Corte en la causa CSJ 2084/2017, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demanda a una obra social, entidad que tiene derecho al fuero federal según el art. 24 de la ley nacional 23.660 y doctrina de Fallos: 315:2292 y el art. 116 de la Constitución Nacional, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia, cualquiera sea la materia del pleito.