Artículo de Demetrio Iramain publicado en Tiempo Argentino sobre el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia.

Cuando el sur cruza la Avenida Caseros, que más allá de Avenida La Plata se llama Cobo, la ciudad se pone espesa. La pobreza pesa. Si Chiclana se convierte en Fernández de la Cruz, los usos y costumbres de la cultura, el estereotipo construido alrededor del concepto "seguridad", aconsejan subir las ventanillas. El caserío bajo, las bombitas de luz encendidas al mediodía, el amontonamiento, el tenue color ladrillo, como tono dominante, no dejan descansar los ojos. Hacia el norte de la Ciudad Autónoma, igual. La frontera es la Avenida Del Libertador, y más allá de la Autopista Illia y las vías del ferrocarril, la Villa 31. Que Catastro denomine Retiro a ese barrio es, como en pocos casos, literal. Un "azar objetivo", al decir de André Breton, aunque de carga más dramática que la pensada por los surrealistas. La Ciudad, el Estado, las instituciones de la democracia, la justicia, hace 30 años que se retiran con puntualidad suiza de esas zonas desangeladas de Buenos Aires.

Desde hace diez años, casi once, las políticas del gobierno nacional, sus medidas de coyuntura y también sus miradas de largo alcance, apuntan a un urgente cambio cultural y buscan revertir ese prejuicio que marcó época: hacerla fácil, quitarse de encima cualquier atisbo de culpa, y responsabilizar a los villeros por todos y cada uno de los padecimientos sociales. Incluidos sus propios padecimientos. "Viven así porque en el fondo quieren, sacan ventaja, aprovechan su situación."

Desde hace dos meses, la justicia sintonizó esa renovada mirada sobre la problemática social que aqueja a su segmento más vulnerable, y creó el programa de acceso comunitario a la justicia en villas y asentamientos, llamado ATAJO. Aunque lo parezca, el nombre del Programa no es deliberado, sino una sigla, cuyo significado es Agencia Territorial de Acceso a la Justicia.

El Programa, de por sí novedoso, lo es más por cuanto el Poder que lo ideó no es el Judicial, dependiente de la Corte Suprema, sino la Procuración General de la Nación, de cuya estructura dependen los fiscales nacionales.

Según su titular, el poeta y ex defensor oficial de Menores en el departamento judicial La Plata Julián Axat, "el concepto 'acceso a la justicia' ha sido durante mucho tiempo una categoría para que la academia se llene la boca y los civilistas hablan de la 'mediación y el arbitraje', 'el costo de los litigios'. Es la categoría más usual del progresismo jurídico. Creo que hay que romper con la pacatería, y el acceso debe embarrarse. No hay acceso a la justicia sin empoderamiento de los sectores postergados, sin necesidades legales satisfechas".

Naturalmente, las oficinas del Programa o ATAJOS se encuentran dentro de las villas de la Capital Federal. La primera etapa comprende cinco Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia en el Barrio Mitre y en las Villas 31, 21-24, 1-11-14, y próximamente la Villa 20. El programa es ambicioso. Para el segundo ciclo sus responsables planean extenderlo a todas las provincias del país donde tienen intervención los fiscales nacionales.

El concepto madre del Programa es que su cercanía con la población más frágil del cuerpo social no debe ser una abstracción teórica, o sólo un apartado entre el manual de buen proceder de un magistrado, sino cuerpo a cuerpo. En el territorio. Sobre el mismo barro de la villa. El propósito de quienes llevan adelante la tarea es asistir a las víctimas de delitos que viven en esas barriadas, llegar antes de que esos delitos se cometan, para prevenirlos, y volver a sus habitantes "sujetos" del Derecho, sujetos con derechos, y no "objetos" de la ley penal y sus dispositivos: las fuerzas de seguridad, los allanamientos y, precisamente, los fiscales.

Es notable que sea la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien lance la primera piedra, y cree un dispositivo de asistencia, contención e intervención directa en las villas, y no las instituciones judiciales encargadas de juzgar y conceder penas o absoluciones. Toda una definición. Una visión del Derecho y del conflicto social que surgen de la propia experiencia. No hay justicia posible, entendida como un estado de derecho, de igualdad ante la ley, de armonía social, y no como un sistema sancionatorio, meramente punitivo, dedicado exclusivamente a la represión, sino se observa el conflicto social a través de los ojos de sus víctimas. Y son los fiscales quienes primero tratan con ellas. Con el delito, con las subjetividades de sus autores y sus damnificados, y con las condiciones materiales que a veces vuelven obvia su comisión.

Para la población de las villas, mayoritariamente joven, fiscalía es sinónimo de policía. El Programa busca romper con esa concepción. Acercar la justicia a la villa, y hacerlo a través de la presencia contenedora, guía y asistencial de un fiscal, y no a través de las fuerzas policiales, regresándolas a su verdadero rol: asistentes de la justicia, meros colaboradores de ella, al servicio de la comunidad, y ya nunca más los excluyentes protagonistas del sistema judicial.

Sin dudas, el Programa ATAJO no va a remediar, por sí solo, el hacinamiento, ni la violencia de un incendio generado en la villa por los tendidos defectuosos de las instalaciones eléctricas. Eso se resuelve con la urbanización y la asistencia múltiple del Estado, articulando esfuerzos entre sus instituciones y las de los propios barrios, creadas por sus habitantes, y que animan la vida social en esas comunidades. A esas voluntades se suman ahora las del Ministerio Público Fiscal. Enhorabuena.

La democratización del Poder Judicial no puede quedarse en una ley superestructural. Crecientes actores de la justicia (jueces y fiscales democráticos, trabajadores que repudian la traición de su dirigencia gremial), quieren transformar la vieja corporación desde adentro. Hacerle crecer a la rancia y aristocrática familia que hegemoniza los tribunales nacionales, hijos morochos, de apellidos comunes, muy repetidos en la guía telefónica, que se tutean con el quichua y el guaraní. La asociación Justicia Legítima es un producto de esa saludable grieta abierta en la comunidad judicial. Sólo así la justicia podrá reflejarle a la sociedad su propio, verdadero y diverso rostro, para que se reconozca en él, jueces o fiscales y pueblo se parezcan, y nunca más los unos prejuzguen a los otros por su clase o condición social.

Link a la nota en el diario: http://tiempo.infonews.com/2014/08/07/editorial-129768-un-tajo-en-las-redes-de-la-injusticia-social.php