Una joven madre y su hija de 5 años, que atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad, se acercaron a la oficina que el Ministerio Público tiene en el barrio Carlos Mugica de la Villa 31.
El viernes 8 de agosto por la tarde, Marta Helena de 23 años se acercó junto a su pequeña hija de 5 a la oficina de Acceso Territorial a la Justicia (ATAJO) ubicada en elbarrio Carlos Mugica de la Villa 31 para solicitar ayuda debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraban. Hasta entonces, vivían en un galpón en la periferia del barrio, con su pareja.

La chica denunció al hombre como una persona alcohólica y violenta con ella: la habría golpeado, mantenido aislada, sin dejarla salir y amenazada. Esta situación dataría de hace ocho años. Se conocieron cuando ella tenía 15 y se había ido de su casa en William Morris por problemas con su madre. El hombre tenía por entonces 45. La relación, describió, estuvo signada por el sometimiento y la violencia desde el comienzo. “no sé porque él es así. No cambia más”. “El otro día me pegó y me dejó la cara hinchada”; “él me echaba la culpa de haber quedado embarazada, ‘es culpa tuya, me decía”; “siempre toma y me pega”, contó a Fiscales.

Al galpón en el que vivían, iban a dormir personas en situación de calle. Estaban algunos días. Pero las condiciones de seguridad para ella y su hija eran nulas. Esta situación, recalcó, fue la que mayor preocupación le generó, especialmente por su hija. “La quiero muchísimo”, dijo. Las palabras más importantes se entienden con claridad, a pesar de una discapacidad en el habla que padece desde su nacimiento. No sabe leer ni escribir porque debió abandonar la escuela cuando estaba en segundo grado.

Hoy, la joven no tiene relación con su familia de origen: la mamá la obligaba a trabajar y la maltrataba. Según recordó, su madre le habría quitado su certificado de discapacidad. Al momento de acercarse a la oficina de ATAJO, tampoco contaba con su documento de identidad ni el de su hija, porque le habrían sido sustraídos por el hombre con el que convivía.

Largos años de aislamiento se suman a los tratos violentos y a la falta de afecto y contención. El informe elaborado por los profesionales de ATAJO señala que esa situación de vulnerabilidad atenta contra la confianza en ella misma y en los demás. Al mismo tiempo, observa que la joven madre no contó con vínculos afectivos sólidos y duraderos que puedan funcionar como modelos o referencias.

Tal vez por eso, al preguntarle por la edad de su pareja, rió tímidamente mientras miraba hacia abajo y decía “es como mi papá de grande”; pero desde el lugar de figura paterna, este hombre no ha funcionado como un apoyo, sino como una figura violenta que la utilizó como un objeto, que generó un vínculo de dependencia. De todas formas, el informe es optimista en su conclusión: a pesar de que el contexto adverso atentó contra su situación madurativa y sus posibilidades de desarrollo intelectual, ello podría revertirse brindándole contención y apoyo a través de las instituciones correspondientes.

Articulación de ATAJO con organismos públicos y esquema de derivación

Al tomar conocimiento de la situación de madre e hija, ATAJO contactó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso su alojamiento en un parador de mujeres de San Telmo. Desde allí, se gestionó una consulta médica que se llevó a cabo en un Centro de Salud y Atención Comunitaria (CeSAC), en donde por primera vez se le dio una vacuna a la pequeña de 5 años.

Como parte de su esquema de derivación, el Programa luego acompañó a la víctima a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema para realizar la denuncia y continuará monitoreando la situación de Marta Helena y su pequeña hija. Así, tras la intervención y la atención primaria de ATAJO, se apunta a que la joven reciba un marco de contención afectivo e institucional, a partir del cual pueda contar con un lugar para criar a su hija en condiciones adecuadas y obtener el apoyo que le permita potenciar sus capacidades.

El director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Julián Axat, explicó que “el proceso que debe enfrentar una mujer damnificada por la violencia de género es un entramado complejo, que no es fácil de comprender para quien posee una discapacidad y no sabe leer y escribir”. Por eso, destacó y calificó la intervención de ATAJO en el caso como “un acompañamiento codo a codo, dado que las instituciones no están armadas para recibir ni derivar personas con discapacidad”.

Artículo de Demetrio Iramain publicado en Tiempo Argentino sobre el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia.

Cuando el sur cruza la Avenida Caseros, que más allá de Avenida La Plata se llama Cobo, la ciudad se pone espesa. La pobreza pesa. Si Chiclana se convierte en Fernández de la Cruz, los usos y costumbres de la cultura, el estereotipo construido alrededor del concepto "seguridad", aconsejan subir las ventanillas. El caserío bajo, las bombitas de luz encendidas al mediodía, el amontonamiento, el tenue color ladrillo, como tono dominante, no dejan descansar los ojos. Hacia el norte de la Ciudad Autónoma, igual. La frontera es la Avenida Del Libertador, y más allá de la Autopista Illia y las vías del ferrocarril, la Villa 31. Que Catastro denomine Retiro a ese barrio es, como en pocos casos, literal. Un "azar objetivo", al decir de André Breton, aunque de carga más dramática que la pensada por los surrealistas. La Ciudad, el Estado, las instituciones de la democracia, la justicia, hace 30 años que se retiran con puntualidad suiza de esas zonas desangeladas de Buenos Aires.

Desde hace diez años, casi once, las políticas del gobierno nacional, sus medidas de coyuntura y también sus miradas de largo alcance, apuntan a un urgente cambio cultural y buscan revertir ese prejuicio que marcó época: hacerla fácil, quitarse de encima cualquier atisbo de culpa, y responsabilizar a los villeros por todos y cada uno de los padecimientos sociales. Incluidos sus propios padecimientos. "Viven así porque en el fondo quieren, sacan ventaja, aprovechan su situación."

Desde hace dos meses, la justicia sintonizó esa renovada mirada sobre la problemática social que aqueja a su segmento más vulnerable, y creó el programa de acceso comunitario a la justicia en villas y asentamientos, llamado ATAJO. Aunque lo parezca, el nombre del Programa no es deliberado, sino una sigla, cuyo significado es Agencia Territorial de Acceso a la Justicia.

El Programa, de por sí novedoso, lo es más por cuanto el Poder que lo ideó no es el Judicial, dependiente de la Corte Suprema, sino la Procuración General de la Nación, de cuya estructura dependen los fiscales nacionales.

Según su titular, el poeta y ex defensor oficial de Menores en el departamento judicial La Plata Julián Axat, "el concepto 'acceso a la justicia' ha sido durante mucho tiempo una categoría para que la academia se llene la boca y los civilistas hablan de la 'mediación y el arbitraje', 'el costo de los litigios'. Es la categoría más usual del progresismo jurídico. Creo que hay que romper con la pacatería, y el acceso debe embarrarse. No hay acceso a la justicia sin empoderamiento de los sectores postergados, sin necesidades legales satisfechas".

Naturalmente, las oficinas del Programa o ATAJOS se encuentran dentro de las villas de la Capital Federal. La primera etapa comprende cinco Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia en el Barrio Mitre y en las Villas 31, 21-24, 1-11-14, y próximamente la Villa 20. El programa es ambicioso. Para el segundo ciclo sus responsables planean extenderlo a todas las provincias del país donde tienen intervención los fiscales nacionales.

El concepto madre del Programa es que su cercanía con la población más frágil del cuerpo social no debe ser una abstracción teórica, o sólo un apartado entre el manual de buen proceder de un magistrado, sino cuerpo a cuerpo. En el territorio. Sobre el mismo barro de la villa. El propósito de quienes llevan adelante la tarea es asistir a las víctimas de delitos que viven en esas barriadas, llegar antes de que esos delitos se cometan, para prevenirlos, y volver a sus habitantes "sujetos" del Derecho, sujetos con derechos, y no "objetos" de la ley penal y sus dispositivos: las fuerzas de seguridad, los allanamientos y, precisamente, los fiscales.

Es notable que sea la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien lance la primera piedra, y cree un dispositivo de asistencia, contención e intervención directa en las villas, y no las instituciones judiciales encargadas de juzgar y conceder penas o absoluciones. Toda una definición. Una visión del Derecho y del conflicto social que surgen de la propia experiencia. No hay justicia posible, entendida como un estado de derecho, de igualdad ante la ley, de armonía social, y no como un sistema sancionatorio, meramente punitivo, dedicado exclusivamente a la represión, sino se observa el conflicto social a través de los ojos de sus víctimas. Y son los fiscales quienes primero tratan con ellas. Con el delito, con las subjetividades de sus autores y sus damnificados, y con las condiciones materiales que a veces vuelven obvia su comisión.

Para la población de las villas, mayoritariamente joven, fiscalía es sinónimo de policía. El Programa busca romper con esa concepción. Acercar la justicia a la villa, y hacerlo a través de la presencia contenedora, guía y asistencial de un fiscal, y no a través de las fuerzas policiales, regresándolas a su verdadero rol: asistentes de la justicia, meros colaboradores de ella, al servicio de la comunidad, y ya nunca más los excluyentes protagonistas del sistema judicial.

Sin dudas, el Programa ATAJO no va a remediar, por sí solo, el hacinamiento, ni la violencia de un incendio generado en la villa por los tendidos defectuosos de las instalaciones eléctricas. Eso se resuelve con la urbanización y la asistencia múltiple del Estado, articulando esfuerzos entre sus instituciones y las de los propios barrios, creadas por sus habitantes, y que animan la vida social en esas comunidades. A esas voluntades se suman ahora las del Ministerio Público Fiscal. Enhorabuena.

La democratización del Poder Judicial no puede quedarse en una ley superestructural. Crecientes actores de la justicia (jueces y fiscales democráticos, trabajadores que repudian la traición de su dirigencia gremial), quieren transformar la vieja corporación desde adentro. Hacerle crecer a la rancia y aristocrática familia que hegemoniza los tribunales nacionales, hijos morochos, de apellidos comunes, muy repetidos en la guía telefónica, que se tutean con el quichua y el guaraní. La asociación Justicia Legítima es un producto de esa saludable grieta abierta en la comunidad judicial. Sólo así la justicia podrá reflejarle a la sociedad su propio, verdadero y diverso rostro, para que se reconozca en él, jueces o fiscales y pueblo se parezcan, y nunca más los unos prejuzguen a los otros por su clase o condición social.

Link a la nota en el diario: http://tiempo.infonews.com/2014/08/07/editorial-129768-un-tajo-en-las-redes-de-la-injusticia-social.php

Julián Axat y Lucía Battistuzzi cuentan en este video los objetivos del nuevo dispositivo ATAJO, inaugurado en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, y explican cómo se articula el trabajo con otras dependencias del Ministerio Público Fiscal.

El dispositivo ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia) cuenta, desde hace unas semanas, con una oficina en el Barrio Carlos Mugica de la Villa 31.

Julián Axat, Director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF y Lucía Battistuzzi, responsable del ATAJO en ese barrio, contaron a Fiscales cuáles son los objetivos de la oficina y cómo se tienden lazos con los y las referentes sociales para construir una justicia presente y activa en el territorio.

El director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia brindó una entrevista al periódico, en la que explicó que se trabaja en dar a conocer a la gente de los barrios carenciados sus derechos y brindarles acceso a la Justicia.

Julián Axat y su equipo recorren los barrios y escuchan las inquietudes de la gente que muchas veces no tienen llegada a la Justicia y que buscan conocer cómo protegerse de ciertos abusos que son moneda corriente en los barrios carenciados.

“Existen muchas veces malas prácticas en los allanamientos, bajo un accionar violento y donde muchas veces hay excesos por parte de las fuerzas policiales”, explica Axat al tiempo que da a conocer el trabajo que se lleva adelante desde el Ministerio Público Fiscal para que en las villas y barrios carenciados las personas puedan radicar sus denuncias y recibir asesoramiento. “Se trata de un paso importante para acerca la Justicia a la gente”, explica.

–¿En qué consiste el programa de acceso a la Justicia que desarrollan en distintos barrios carenciados?
–El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia está dirigido a los sectores vulnerables y busca acercar al ministerio a barrios carenciados, asentamientos y villas. Estos sectores, que históricamente han tenido distancia en lo que refiere al acceso a la Justicia, puedan tener una mayor llegada y un vínculo más fuerte con ella. El primer foco es descentralizar el ministerio público dentro de estos lugares, creando oficinas que tienen la potestad de recibir todo tipo de denuncias, de resolver pequeños conflictos –a través de mediaciones o arbitrajes–, también tienen la posibilidad de hacer derivaciones y tienen la función de promover derechos; esto se logra mediante talleres, encuentros o en los establecimientos educativos o centros culturales que están dentro de la propia comunidad.

–¿En qué barrios están trabajando?
–En la primera etapa tenemos el dispositivo Atajo (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia) en cinco puntos de la Ciudad: en el Barrio Mitre; en la Villa 31; en la Villa 21-24; en la 1-11-14, y estamos abriendo un Atajo en la Villa 20. La segunda gran fase es crear oficinas de acceso a la Justicia en todas las provincias del país.

–¿Por qué la gente se acercaría a estos centros y no directamente a las fiscalías?
–Porque las fiscalías son más lejanas. Porque se trata de las típicas oficinas de puertas hacia adentro y el mecanismo tradicional de acceso a la Justicia es la mesa de entrada, y nosotros estamos rompiendo con ese esquema y creando oficinas abiertas al público.

–¿Cuáles son los casos más frecuentes que encuentran?
–Dividimos la casuística en dos tipo de conflictividades: las colectivas y las individuales. Estas últimas van desde violencia doméstica –muchos casos de mujeres víctimas de abuso por parte de sus parejas–, pero también de chiquitos víctimas de violencia por parte de sus padres. Tenemos para esto protocolos de atención. Cuando detectamos un delito, confeccionamos la denuncia… acompañamos a la víctima en el proceso. En caso de violencia doméstica, contactamos a la persona con la Oficina de Violencia Doméstica. Cuando hay menores involucrados hacemos la derivación a la Asesoría Tutelar. Recibimos casos de abuso sexual. También apremios, torturas, casos de violencia institucional, abuso de las fuerzas de seguridad, y ahí también pedimos la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional.

–¿Cuál es el tenor de los temas de carácter colectivo?
–Malas prácticas en los allanamientos, donde un claro ejemplo es el Barrio Mitre. Los allanamientos se producen bajo una orden judicial, pero lo que a veces sucede es que las fuerzas se equivocan, por ejemplo, de casa y entran de manera violenta, fuera de los horarios que corresponden y se producen excesos por parte de la fuerza policial, lo que implica desde daños innecesarios, lesiones, etcétera. En esos casos muchas familias vienen a denunciar, y nosotros la remitimos a la fiscalía en turno, ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y al doctor Córdoba, de la Procuraduría de Violencia Institucional.

–Estas personas no conocen sus derechos ante estas situaciones…
–No. Por eso lo que estamos haciendo son talleres para darlos a conocer. Por ejemplo, en barrio Mitre hicimos uno donde la demanda más recurrente de los vecinos apuntaba a saber por qué los allanan de este modo. En este caso tratamos de asesorarlos sobre cómo deben ser los procedimientos de los allanamientos, en qué casos pueden allanar y en cuáles no, en qué horarios, qué documentación deben mostrar, cómo debe estar confeccionado el oficio del allanamiento, qué puede hacer la fuerza policial y qué no una vez que ingresa en su casa. La gente desconocía totalmente esto. Hay muchos casos de prácticas de allanamiento por las noches con casos de abuso. Buscamos que la gente reconozca cuándo hay un exceso y en esos casos sepa a quién acudir. Siempre se debe golpear la puerta, debe ser en horario diurno –salvo que el juez haya solicitado otro horario– se debe exhibir la orden y ésta debe detallar qué se viene a buscar.

–¿Qué otros temas les consultan?
–Hay inquietud sobre la forma de detención, sobre todo por parte de los jóvenes que viven en los barrios que son un porcentaje muy alto. Los chicos quieren saber por qué los detienen, por ejemplo, si tienen su documento, por qué los detienen si no estaban haciendo nada… estas son prácticas abusivas sobre las que nos consultan permanentemente.

–¿Están trabajando en observar el accionar de las fuerzas policiales?
–Las fuerzas policiales tienen un mecanismo de autocontrol a través de dos mecanismos: la propia auditoría interna y, por otro lado, existe una dirección donde el Ministerio de Seguridad evalúa las problemáticas. Nosotros también hacemos auditoría externa desde el Ministerio Público donde nos corresponde denunciar los casos de abuso que detectamos.

–¿Cuál es la conflictividad colectiva que se presenta?
–Existen problemas de convivencia dentro de los lugares vulnerables y son aquellos vinculados con las gestiones políticas. Buscamos en este punto, tener una intervención y un monitoreo muy intenso. Son problemas que van desde el agua no potable, el riesgo eléctrico, el problema de las cloacas, el barrido y la limpieza, hasta la contaminación ambiental, los residuos tóxicos y los problemas habitacionales como desmoronamientos, hacinamientos, etcétera. Todos estos problemas tratamos de canalizarlos. También tenemos, por ejemplo, los casos de las ambulancias que no quieren entrar en las villas, muchas veces por medio, y en eso también estamos trabajando. Pero si las ambulancias dejan a una persona en estado de abandono, los vamos a denunciar y esto es importante que se sepa.

–¿Se está cumpliendo con las normas de urbanización de villas?
–No. La ley de urbanización es un proceso de urbanización que está bajo la Legislatura porteña y que implica un proceso gradual de urbanización de todas las villas de CABA. Este proceso tiene como precedente un conjunto de fallos de la Justicia contenciosa, donde se apunta a que se brinden los servicios básicos.

–¿Cuál es la mayor inquietud de las personas cuando se acercan a ustedes?
–El ranking de conflictividad está más vinculado con lo individual que con lo colectivo.

Link a la nota en BAE: http://www.diariobae.com/notas/27503-la-mayor-preocupacion-que-recibimos-en-los-barrios-es-sobre-los-allanamientos-violentos.html

El titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia fue entrevistado en el programa radial de Mona Moncalvillo, en Radio Nacional. Audio y nota.

En diálogo con Mona Moncalvillo, el abogado brindó detalles del “Programa de Acceso Comunitario a la Justicia”, una iniciativa de la Procuración General de la Nación que conduce la abogada Alejandra Gils Carbó.

Contó que se creó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia cuya misión es instalar oficinas en todas las villas y asentamientos del país, fundamentalmente con dos objetivos.

Por un lado establecer la presencia del ministerio público en esos lugares y por el otro “colaborar con la tarea de fiscales en todas aquellas causas en las que se encuentran involucradas personas en estado de vulnerabilidad”

El objetivo, agregó Axat, es “descentralizar el trabajo del Ministerio Publico Fiscal”

Contó que ya se inauguraron 4 oficinas, la última de ellas en la Villa 2124 frente a la casa de la Cultura del asentamiento, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

“Allí estuvo el Padre Toto, el Padre Gustavo, legisladores y funcionarios” reveló Axat, y reiteró que desde la oficina se brinda un servicios de justicia para los mas vulnerables”.

En este contexto, el abogado detalló que “el 60% de la población de las villas son menores de 18 años, por lo tanto el servicio está pensado en función de ellos, pero abarca a toda la población”.

Además contó que se brindan talleres y cursos orientados principalmente a que los habitantes de esos barrios conozcan sus derechos.

Axat contó que algunas de las problemáticas más comunes de esos sectores están relacionadas con la violencia policial, las mujeres víctimas de la violencia doméstica y por supuesto el tema del consumo de drogas.

Y reflexionó que “nuestra oficina es un enlace, un derivador responsable de todos estos temas a los organismos del Estado que deben dar solución a ellos”.

Contó que hay “equipos interdisciplinarios con abogados, trabajadores, sociales, psicólogos, sociólogos; para dar respuestas concretas en varios frentes diferentes”.

Link a la nota de Radio Nacional, donde podrás escuchar el audio.

Por Julián Axat *

El padre del acceso a la justicia fue el escritor y abogado Franz Kafka, quien en su parábola “Ante la ley” se anticipó a la formulación del problema: “Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta ante este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona, y pregunta si más tarde lo dejará entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora...”.

Sabemos que el campesino espera y cuando pasa el tiempo, ya a punto de morir, pregunta al guardián por qué nadie más que él se presentó ante las puertas de la ley. El guardián le explica que esa puerta estaba dedicada sólo a él, entonces cierra la puerta.

La parábola de Kafka intenta explicar que el acceso a la justicia es un problema de “caminos y puertas”. El camino a la justicia es una puerta bloqueada. Quien pasa es alguien sin fuerza. En la imagen de lo rural (Kafka siempre apela a imágenes rurales), un campesino representa al débil. Los guardianes son los obstáculos, los dueños de las puertas y de la justicia. Los guardianes son las burocracias que gestionan legalidad. Pero qué pasaría si los guardianes modificaran su actitud, si los guardianes dejaran pasar.

Hace ya más de treinta años que Mauro Cappelletti y Bryan Garth escribieron una obra legendaria: El acceso a la justicia, la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Para estos autores, si bien el concepto de acceso a la justicia ya estaba implícito en numerosas constituciones modernas, la ciencia del Derecho impedía a la Sociología cuestionar los problemas de la validez. Los niveles de democracia de un país se miden por la capacidad del orden jurídico de llegar a los excluidos por medio del ejercicio real y concreto de sus derechos. Por medio de la legitimidad. De allí que sea necesario que el Estado dote de mecanismos de efectivización para el ejercicio pleno y goce de derechos, en especial para aquellos que normalmente quedan afuera (por obstáculos objetivos y subjetivos) de su satisfacción.

La idea de acceso a la justicia en Argentina está vinculada, en estos últimos 40 años, a una dinámica histórica que se va cincelando desde abajo. Las primeras problematizaciones del acceso están vinculadas con la lucha de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organizaciones de derechos humanos, quienes durante la última dictadura cívico-militar y luego ya en democracia padecieron todo tipo de obstáculos en los procesos de verdad y justicia. En una segunda fase, el acceso a la justicia está vinculado al activismo de personas y organizaciones sociales y políticas durante la década del 90, frente al abandono y achicamiento del Estado, que obturaba el acceso de vastos sectores a derechos básicos. En esta etapa el activismo judicial frente a casos de violencia institucional, criminalización de la protesta, o casos de litigio estratégico por la exigibilidad de derechos económicos y sociales, obtiene esporádica reacción del sistema de justicia.

En una tercera fase, el acceso está vinculado con un proceso de ampliación de derechos que se inicia a partir de 2003 y que tiene que ver con políticas públicas universales o focalizadas que reconstituyen tejido social y vuelven a poner a la estatalidad en el centro de la escena. Aunque también en esta fase, los mecanismos de acceso a la justicia tienen que ver con el activismo intra y extrajudicial de organizaciones que logran incidir y obtener respuesta y reconocimiento estatal. A diferencia de los ’90, la Justicia pasa a ser permeable a los reclamos basados en la vulnerabilidad y la exigibilidad de derechos. Toda una jurisprudencia, desde la Corte y órganos inferiores, da muestra de este lento proceso de reconocimiento de derechos (sea en litigio individual como estructural).

En la última fase –que surge como consecuencia de la anterior y es en la que estamos–, el acceso a la justicia está vinculado con la creación de dispositivos estatales que tratan de canalizar la demanda de los vulnerables desde sus lugares. Los ejemplos van desde los CIC, Centros de Integración Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo de Nación, y los CAJ, Centros de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación, hasta algunas experiencias de la Corte Suprema, como la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o el Programa de Acceso de la Defensoría General de la Nación. Estas experiencias, si bien enfrentan limitaciones, encarnan mecanismos institucionales estatales que canalizan el acceso a derechos.

Todas estas fases llevan a pensar la categoría de acceso a la justicia como algo dinámico, relacionado a movimientos que, desde abajo, perfilan el reconocimiento de la propia justicia. En este sentido, me interesa la idea de Movimiento de Acceso a la Justicia en Argentina, como contingencia y empoderamiento histórico de los oprimidos y vulnerables frente a los niveles de reconocimiento estatal, con trabas y desbloqueos en el camino por el acceso a lo justo.

En este recorrido, crear oficinas de la Justicia en los barrios es un verdadero desafío del que hubo pruebas exitosas en muchos países. En este contexto, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, que funcionará a través del las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, los Atajos, oficinas descentralizadas del Ministerio Público Fiscal dentro de barrios de mayor vulnerabilidad de país, para recibir denuncias, prevenir situaciones conflictivas y promocionar derechos.

La justicia del siglo XXI debe ser cercana, flexible, y estar dirigida a dialogar con los excluidos. Los Atajos buscarán fortalecer los lazos entre los magistrados y la comunidad, dando mayor institucionalidad y presencia de la Justicia en los barrios, en la creencia de que un servicio de Justicia en espacios de alta vulnerabilidad aportará al desarrollo de la democracia, fomentando la cultura de derechos entre los más humildes.

Ojalá que la decisión de la procuradora sea imitada por otros Poderes Judiciales, que asuman el mismo compromiso y adecuen las estructuras judiciales a los problemas de la gente. El acceso a la justicia como política de Estado merece que, tarde o temprano, una ley nacional coloque la temática a mayor escala institucional.

Volviendo a la parábola de Kafka, esperemos que algún día las puertas de la justicia no tengan guardianes. Y, aun cuando los tengan, que ella misma genere su propio atajo.

* Director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal presentado en la Casa de la Cultura, Villa 21/24 el 10 de julio de 2014.

Link a la nota de opinión publicada en Página 12.

Nota publicada en Mundo Villa sobre la presentación del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia.

En el acto, que se realizó en la Casa de la Cultura que está en la Villa 21, en el barrio de Barracas, también estuvieron el coordinador de este nuevo programa, Julián Axat; la fiscal Cristina Caamaño; el diputado nacional Leonardo Grosso; y el padre Lorenzo "Toto" De Vedia, y los presentes coincidieron en señalar que con estas acciones se están "institucionalizando políticas de inclusión". "Esta inauguración es el deseo de aquellos que pensamos que un país inclusivo es posible", destacó Alvarez y agregó que "el acceso a la justicia es una política que surge de los hechos y que desde que se puso en marcha soluciona problemas concretos de los habitantes de los barrios más humildes". El secretario de Justicia también expresó que estas acciones tratan de cristalizar lo que es que "la Patria sea el otro, como dijo la Presidenta" y destacó que en ese marco, "este nuevo modelo de justicia tiene que ver con el desafío que tiene esta generación del Bicentenario de pensar qué país queremos en los próximos 100 años". A su turno, Parodi destacó: "yo pertenezco a una generación que soñó con este Estado, con representantes que salen a buscar al otro", y subrayó que "esto se trata del sueño de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)". En ese sentido, la titular de la cartera de Cultura aseveró que "la cultura también es un atajo (en referencia a la sigla del programa) porque se trata de cambiar la realidad de los ciudadanos y de construir colectivamente". "Les puedo garantizar que esto no tiene vuelta atrás", concluyó. Por su parte, Gils Carbó destacó que "estos programas de descentralización de la justicia permiten instalar un nuevo concepto de justicia que se saque la venda, se baje del pedestal y llegue al pueblo". "Presentarlo acá en la casa de la Cultura que está en Villa 21 también tiene que ver con un nuevo paradigma de justicia más inclusiva", resaltó Gils Carbó. En tanto, Julián Axat resaltó que "el acceso a la justicia no es un problema de jurisdicción sino que se trata de los excluidos del sistema que exigen sus derechos" y advirtió que "desde el año 2003 en Argentina se trabajó para generar dispositivos que fueron recomponiendo el tejido social que lograron que hoy tengamos otra institucionalidad". Para Axat, "el acceso a la justicia nos remite al terrorismo de Estado y a los familiares de las víctimas que a través de organismos de derechos humanos como el CELS, promovieron su necesidad de que haya justicia". A su vez, el titular de la oficina aseguró que desde estas agencias "no sólo recibiremos problemas sino que recibiremos denuncias y haremos actividades de promoción de los derechos humanos". Asimismo, el padre "Toto" destacó que "es un orgullo estar aquí porque hacen que realmente la justicia sea justicia y eso es un paso adelante en el acceso a la justicia para los más humildes".El jueves 10 de julio se presenta el programa ATAJO, del Ministerio Público Fiscal, en la Casa de la Cultura de la Villa 21.

ATAJO

El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia se creó en el ámbito de la Procuración General de la Nación, Ministerio Público Fiscal, y está dirigido por Julián Axat.

El Ministerio Público es una de las partes del servicio de justicia, que comparte con el poder judicial. Está encabezado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, e integrado por todos los y las fiscales nacionales y federales.

Los fiscales trabajan en defensa de la legalidad y de los intereses de toda la sociedad. Investigan delitos principalmente, pero también deben promover los derechos de todas las personas.

¿Por qué abrir oficinas del Ministerio Público Fiscal en los barrios?

Recientemente se creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia para vincular a la comunidad con el Ministerio Público Fiscal, en particular para trabajar desde una inserción territorial en aquellos lugares adonde la justicia en general no llega, y si lo hace, es con un fin solamente persecutorio.

El programa está abriendo ATAJOs: Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, para acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad en no sólo para investigar posibles delitos, sino principalmente para promover derechos.

Los ATAJOS tienen las siguientes funciones:

Recibir y canalizar denuncias

Brindar asesoramiento jurídico

Facilitar acceso a la información judicial 

Realizar actividades de formación y promoción de derechos

Los ATAJOS funcionan a través de 

oficinas ubicadas en los barrios en los que se identifican los mayores problemas de acceso a la justicia 

agencias móviles distintos puntos de todo el territorio nacional.

Actualmente funcionan en:

Villa 21-24 Barracas, galón frente a la Casa de la Cultura, lunes a viernes

Villa 31 y 31 bis: CIC (Centro Integrador Comunitario)- Calle del Playón N° 1: lunes a viernes de 9.30 a 16 hs. /Centro Acceso a la Justicia - Parroquia Cristo Obrero: martes de 10 a 13 hs./ Casa Abierta - Manzana 12 – casa 16  (Villa 31 Bis): viernes de 10 a 14 hs. 

Villa 1-11-14, en el Centro de Acceso a la Justicia – Parroquia Madre del Pueblo lunes miércoles y viernes

Barrio Mitre, Tronador 4415

Los ATAJOS prestarán especial atención ante problemas relacionados con

Violencia de género

Trata de personas

Explotación sexual y laboral

Abuso sexual y prostitución infantil

Violencia cometida por agentes de fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, prefectura y servicio penitenciario)

Narcotráfico y adicciones 

Usura y delitos económicos

Problemas con las prestaciones de PAMI

Conflictos medioambientales

Link a la nota publicada por Mundo Villa.

La procuradora General participó junto a Julián Axat, Teresa Parodi, Julián Álvarez y el padre Toto del lanzamiento de la oficina de ATAJO en la villa 21-24, una de las cinco que buscarán acercar la justicia a los vecinos. Acceda a la cobertura audiovisual.

La procuradora General de la Nación presentó ayer el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia en la Casa de la Cultura de la Villa 21-24, ubicada en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandra Gils Carbó destacó que las oficinas de la nueva Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) "reflejan un cambio de paradigma, de una justicia más inclusiva". La titular del MPF insistió en que "los jueces y fiscales tienen que tener un rol social" y que "la idea de una justicia alejada de la gente fracasó". Además, participaron el coordinador del Programa, Julián Axat; el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez; la ministra de Cultura, Teresa Parodi, y el padre “Toto”, de la Parroquia de Caacupéy.

Gils Carbó, además, puntualizó que "el reconocimiento y la protección de los derechos básicos de todas las personas debe ser una función esencial del MPF". La procuradora destacó que en estas primeras semanas, el Ministerio Público logró abrir los primeros cinco espacios, que están ubicadas en la villa 21-24, la 31 y el Barrio Mitre y dos oficinas móviles en las villas 1-11-14 y 31 bis. "Es un deseo profundo de esta gestión que los ATAJOs funcionen como un modelo para formar las nuevas generaciones del MPF en una nueva cultura del servicio de justicia con un compromiso inquebrantable con los más humildes", concluyó la titular del MPF.

Rodeados de organizaciones y vecinos del barrio, quedó oficialmente inaugurada la primera oficina de ATAJO a cargo de Nidia Zarza (ubicada en Iriarte 3501) que asesorará a los habitantes a realizar denuncias y a diseñar estrategias para garantizar el acceso a derechos vulnerados. Axat puntualizó que "el acceso a la justicia no es un problema de jurisdicción sino de política estructural" y destacó a los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación como “un ejemplo de institucionalidad”. También, destacó que el Poder Judicial y el Ministerio Público promuevan este tipo de políticas públicas: que “agarren la posta y creen oficinas donde están los sectores vulnerables para resolver los problemas”.

Por su parte, Teresa Parodi consideró que “la mirada plural y la articulación de políticas” entre las distintas reparticiones estatales extendieron su presencia, sobre todo en las zonas donde viven las personas en variadas situaciones de vulnerabilidad, y colaboraron en buscar respuestas de cara a los conflictos tanto interpersonales, como en acceso a derechos y frente al Estado. "Es un proceso que no se podrá detener nunca más”, concluyó la funcionaria.

"Lo que estamos viviendo hoy demuestra que el deseo de un país para todos y todas es posible", reflexionó el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quien concluyó que "había gente que no podía acceder a cuestiones más básicas, por lo que ese acceso no podía concretarse".

Los espacios de atención de ATAJO buscan acortar distancias y simplificar procedimientos judiciales para fortalecer los canales de comunicación entre la justicia y la comunidad. No son solamente oficinas públicas, son lugares destinados a trabajar en forma conjunta con los vecinos.

Por la tarde, la actividad se trasladó al Salón Azul de la Facultad de Derecho, donde el coordinador de Gestión Social del Ministerio Público venezolano, Luis Alexander Bastardo Márquez; el sociólogo de la UBA Mario Gerlero, y Julián Axat dialogaron sobre "Sociedad y Justicia. El acceso popular a la justicia (el caso venezolano). El representante de la república bolivariana consideró que "el rol del Ministerio Público no debe ser sólo el elemento punitivo".

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Acá, la cobertura de Tiempo Argentino