Es arbitraria la sentencia que excluyó de la coautoría en los hechos de violencia sexual a quienes a través de su acción hubieran brindado un aporte fundamental para la ocurrencia del hecho y hubieran tenido dominio del hecho, limitando ese reproche únicamente al sujeto que corporalmente realiza el acto, pues ello exigía una fundamentación seria que atendiera no solo a la incidencia que los particulares hechos tenidos por probados tenía para la correcta subsunción del asunto sino de modo especial a los estándares constitucionales e internacionales relativos al deber de sancionar adecuadamente los delitos de lesa humanidad y en materia de igualdad de género (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).

El tribunal que resulta competente para investigar hechos calificados prima facie como abuso sexual, lesiones y exhibiciones obscenas que habrían sucedido en un mismo contexto de violencia familiar en perjuicio de una menor, deberá adoptar las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito, como así también procurar que el daño sufrido por la víctima hoy adolescente no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia, asegurando que en todas las fases del procedimiento penal se proteja su integridad física y psicológica. (Fallos 344:1828).

No se advierte arbitrariedad, sino más bien conformidad con los estándares vigentes en la materia, en la conclusión sobre el punto a la que arribaron los jueces de la causa al descartar que en el momento del hecho hubiese existido una agresión antijurídica, actual o inminente, por parte de la víctima de homicidio, que hubiera hecho necesario reaccionar apuñalándolo, pues esa conclusión se halla en consonancia con la opinión dominante según la cual, en atención a la intensidad de la autorización, no limitada por la proporcionalidad, la noción de actualidad de la agresión es más restrictiva que la de actualidad del peligro del estado de necesidad, y sólo abarca por ello a la agresión que se dará en forma inminente, que ha comenzado o que aún continúa, a la vez que excluye los casos de defensa preventiva y de peligro permanente, sin perjuicio de su eventual consideración como estado de necesidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- (Fallos 343:2122)

Si bien la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, la Corte puede conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción a esa regla con base en la doctrina de la arbitrariedad ya que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa.
-Del dictamen de la procuración General al que la Corte remite- (Fallos: 343:354)

Es procedente el recuro extraordinario si la decisión apelada impide la continuación del proceso al dejar firme el rechazo de la participación de la querellante y el archivo de la causa, pues ello causa un gravamen de difícil reparación ulterior en tanto configura una denegación de acceso a la justicia a quien alega ser víctima de violencia de género, así como compromete la obligación del Estado de investigar con debida diligencia la posible comisión de hechos de violencia contra la mujer. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- (Fallos: 343:103)

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a favor de quien se le atribuye la comisión del delito de estafa procesal - falsificación de pagaré -, pues omitió valorar las consideraciones relativas a que la falsificación del instrumento fue realizada por el imputado en venganza hacia quien lo denunciara por abuso sexual, tratándose así de una forma de violencia contra la mujer, resultando especialmente significativa dicha omisión, teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales justos y eficaces (art. 7 incs. b y f, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- (Fallos: 343:133)

Si bien los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 por revestir carácter netamente procesal, a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) se ha precisado que las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento. (Fallos: 342:1827)