La reciente Ley de Acceso a la Información Pública incluye al MPF como uno de los sujetos obligados. En consecuencia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encargó la realización de un estudio pormenorizado, en un plazo de 30 días hábiles, que deberá aportar recomendaciones para su implementación. El informe deberá abordar la compatibilidad de los lineamientos de la ley con el principio de autonomía funcional previsto en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el tenor de las actividades de investigación propias del organismo en materia de persecución penal, y con la protección de los datos personales.
“En sintonía con el papel asignado por la Constitución y la LOMPF, desde el inicio de esta gestión se planteó como objetivo prioritario de desarrollo institucional fortalecer la rendición de cuentas y la apertura a la ciudadanía de un organismo históricamente caracterizado por la opacidad. Ello, por cuanto la transparencia es pilar del sistema republicano de gobierno y una exigencia ineludible para todas las autoridades públicas”, sostiene Gils Carbó en la resolución que pone en marcha el proceso de implementación. Entre las medidas adoptadas en los últimos años con ese objetivo destaca la creación de la Dirección de Comunicación Institucional con sus sitios de Internet y cuentas institucionales en redes sociales, el nuevo reglamento de declaraciones juradas patrimoniales de magistrados y magistradas as y funcionarios y funcionarias, y el nuevo régimen de compras y contrataciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre muchas otras. “Todas estas medidas dan cuenta del compromiso permanente de esta Procuración General de actuar en forma transparente y de organizar las prácticas y reglamentaciones del MPF de modo que es posible rendir cuentas sobre lo desplegado en ejercicio de la función”.
En tal sentido, para la procuradora, “la puesta en práctica de la Ley de Acceso a la Información Pública constituye una instancia inmejorable para profundizar el Plan de Transparencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo su política de apertura a la sociedad y de respeto por el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, sin perder de vista los principios constitucionales que delimitan sus competencias”.
Para la concreción de dichas tareas, la Dirección General de Derechos Humanos, a cargo de Andrea Pochak, podrá requerir aportes especializados de fiscales y de otras áreas de la Procuración General de la Nación. A su vez, deberá habilitar un espacio de discusión e intercambio con expertos y expertas as en la materia, autoridades y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de procurar una regulación adecuada. El estudio deberá incluir además un análisis comparativo del modo en que se regula este derecho en agencias homólogas a este organismo.
La Dirección General de Derechos Humanos deberá presentar el informe final en un plazo de 30 días hábiles, con sus conclusiones y recomendaciones tendientes a implementar en la órbita del Ministerio Público Fiscal la Ley de Acceso a la Información Pública.