El Ministerio Público Fiscal avanza cada vez más en la aplicación de la firma digital en sus trámites y documentos. La eficacia jurídica de la firma digital, en reemplazo de la manuscrita, se encuentra avalada desde la sanción de la Ley 25.506, que reconoce su validez en tanto cumpla con tres requisitos: haberse creado durante el período de vigencia del certificado digital del firmante, poder ser debidamente verificada, y que su certificación esté a cargo de una Autoridad de Aplicación. Sin embargo, su implementación no es masiva, y la norma no ha sido utilizada en toda su potencialidad.

Esta novedosa herramienta, avalada por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), permite dar garantía de la autoría y  de la integridad de cada documento firmado digitalmente. Esto significa que  además de brindar seguridad respecto a la identidad del firmante, el mecanismo también permite al receptor comprobar que el mensaje no fue modificado desde su creación hasta el momento de su envío.

Su utilización brinda seguridad y privacidad en el intercambio de información crítica, agiliza su envío y recepción, reduce costos generales -como correo y horas de trabajo- y mejora la calidad del servicio, otorgando una mayor velocidad de procesamiento de la información.

Se ha diseñado un plan de implementación en el que participan la Oficina de Proyectos de Recursos Humanos, la Dirección de Gestión, Tecnología e Innovación Tecnológica y la Autoridad de Registro, dependiente de la Secretaría de Coordinación Institucional, a través del cual se brindará capacitación sobre el uso de la firma digital y se distribuirá paulatinamente la herramienta en los dispositivos de soporte físico (token) para garantizar que todos los titulares de áreas del MPF tengan acceso a esta innovación.

En materia de seguridad, el Ministerio Público Fiscal eligió para la firma digital el método más confiable de almacenamiento de certificados, que es el del dispositivo tipo token protegido con contraseña. De esta manera, se crea una doble autenticación en la que sólo es posible firmar el documento a través de un soporte físico (el token) y una medida de seguridad digital (la contraseña).

La firma digital ya se implementa en el MPF en el ámbito interno administrativo, con los recibos de sueldo digitales, y los certificados de ingresos anuales disponibles en el sector Mi Portal de la intranet. La herramienta fue utilizada de manera oficial esta semana por Diego Iglesias, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES). Como fiscal a cargo de la Procuraduría de Nacrocriminalidad, Iglesias remitió un oficio a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán en el que acompañó a su titular Ricardo Toranzos y al fiscal coordinador de Distrito, Eduardo Villalba, en el pedido de acumulación de las trece causas que tramitan en esa jurisdicción en las que se investiga el tráfico de estupefacientes proveniente de Bolivia a través de camiones cisternas pertenecientes al empresario José Luis Sejas Rosales.

Para fin de año, se planea la distribución de más de 800 tokens para la implementación masiva de la firma digital entre fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.