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Los fiscales debatieron sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el marco de la XIX Reunión Anual del Ministerio Público Fiscal, se realizó el panel de debate sobre el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expusieron la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Adriana García Netto; los fiscales generales ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Comercial y del Trabajo, respectivamente, Gabriela Boquin y Eduardo Álvarez, y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°40, Estela Andrades.

El primero en disertar Álvarez, quien, con 22 años en el Ministerio Público repasó los cinco intentos "enfáticos" de trasladar la justicia nacional que vivió desde que ingresó al organismo y subrayó los distintos planteos de inconstitucionalidad que surgieron contra este tipo de inciativas. Álvarez analizó el proyecto desde la óptica de la justicia laboral y sostuvo que “el planteo del traspaso presenta una seria vulnerabilidad jurídica y una seria vulnerabilidad constitucional” y agregó que “se está tratando de hacer un vaciamiento del poder jurisdiccional del Ministerio Público Fiscal” para lo cual “se priva del acceso a la jurisdicción nacional y se remite los conflictos a las justicias locales”.

A su turno, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa de Usuarios y Consumidores de la PGN, Gabriela Boquín, recordó los artículos 6° y 8° de la ley 24588 –comúnmente llamada “Ley Cafiero”- y sostuvo que el “traspaso que se pretende es un ataque a la inmunidad de nuestras funciones” y que se está frente a “una incorporación con sumisión”, puesto que se plantea un fuerte recorte de funciones a los fiscales y una degradación de las mismas. Asimismo, Boquín consideró que “volvimos a una suerte de unitarismo extremo; una ciudad que no tiene siquiera la jerarquía de una provincia, intenta tener la primacía”. Boquín explicó que en el fuero comercial "se deciden problemáticas de todas las provincias", y subrayó que la intención del traspaso de la justicia comercial a la Ciudad Autónoma beneficiará a "intereses económicos", que presionan para concretar el trámite.

Por su parte, la fiscal de instrucción Estela Andrades –quien se incorporó luego de iniciada la jornada por haber intervenido en una audiencia de flagrancia-, cuestionó que no se esté frente a “un proceso ordenado y progresivo que asegure el servicio de justicia” sino, por el contrario, lo tildó de “compulsivo”. Para Andrades, el proyecto "afecta la división de poderes” y traerá "serias dificultades" y recalcó que “el trabajo de los fiscales es para y por la sociedad, para hacer de este un país mejor”.

Andrades además, indicó que "el Ministerio Público de la Ciudad no es autárquico ni independiente y a los fiscales las propone el Consejo de la Magistratura de la CABA".

El cierre del panel estuvo a cargo de la procuradora fiscal subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Adriana García Netto, quien manifestó que “lo más preocupante es no saber los datos ciertos sobre el traspaso” y cuestionó que “no existe un análisis económico del costo”.

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