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La ONU destacó a la PROCUVIN entre las iniciativas más relevantes para la prevención y persecución de la violencia institucional

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) emitió el viernes pasado sus Observaciones Finales sobre los avances y retrocesos en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por parte del Estado argentino. Entre los avances relevados, reconoció positivamente la creación y puesta en funcionamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). También señaló el organismo internacional que los protocolos de actuación del MPF para la investigación de hechos de violencia institucional representan una buena práctica para asegurar el juzgamiento eficaz de estos casos. Entre los principales motivos de preocupación, el Comité lamentó la demora en la implementación del Código Procesal acusatorio.

Los expertos del Comité formularon un grave diagnóstico sobre la situación de la tortura en Argentina. Entre las pocas medidas positivas adoptadas por el Estado para cumplir con los compromisos internacionales en la materia, destacaron la puesta en marcha de la PROCUVIN y la adopción por parte de la Procuración General de la Nación de las “Reglas Mínimas de Actuación para la Investigación de Lesiones y Homicidios Cometidos por Miembros de las Fuerzas de Seguridad” y el “protocolo de investigación fiscal en casos de tortura”.

Para examinar la situación del país, el Comité utilizó un documento que aportó el MPF —elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos con información de las distintas áreas del MPF involucradas—, que sistematiza las principales políticas institucionales promovidas en esta materia, y que incluye datos estadísticos sobre las denuncias y causas judiciales que se siguen en el país por casos de violencia policial y en establecimientos penitenciarios, trata y explotación de personas, y crímenes de lesa humanidad.

Luego de analizar la información enviada por distintos organismos públicos y de la sociedad civil, y de celebrar audiencias en la sede de la ONU en Ginebra, el organismo internacional concluyó que en el país sigue siendo recurrente la práctica de la tortura en las cárceles, las requisas vejatorias, los traslados arbitrarios de detenidos como forma de castigo, y el uso frecuente del aislamiento sin supervisión judicial como forma de control disciplinario. Además, alertó sobre el número de casos de femicidios, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal.

Los expertos, a su vez, cuestionaron el uso excesivo de la prisión preventiva, y lamentaron la suspensión de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (ley nº 27.063), que contenía disposiciones que limitaban la utilización del encierro cautelar. También condenaron el aumento sostenido de la población penitenciaria, y en este sentido rechazaron el proyecto de reforma de la ley nº 24.660 de Ejecución Penal, que imposibilitaría el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados.

Por otra parte, el Comité de la ONU alertó sobre las prácticas policiales abusivas y las detenciones arbitrarias de jóvenes de barrios populares, y exhortó al Estado a restringir las detenciones a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa. También instó al Estado a derogar el DNU 70/2017, que introduce reformas sustantivas a la ley migratoria y habilita la retención cautelar de personas mirantes, sin supervisión judicial.

Finalmente, el Comité destacó el proceso argentino de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado, pero transmitió su preocupación por las demoras en la sustanciación de causas penales y por el debilitamiento de las dependencias estatales que apoyan el desarrollo de las investigaciones. Al respecto, urgió al Estado a adoptar las medidas que resulten necesarias para asegurar el efectivo juzgamiento de estos crímenes.