Ministerio Público Fiscal Procuración General de la Nación

Dictaminaron a favor de un ex militar que declaró como testigo en la investigación por la muerte del soldado Omar Carrasco

"Omitió ponderar la sucesión temporal entre la declaración testimonial del señor Correa Belisle, la modificación en las calificaciones de las juntas y, finalmente, su retiro obligatorio”. Así, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Adriana García Netto dictaminó que corresponde revisar una sentencia de primera instancia que había rechazado una indemnización reclamada por Rodolfo Correa Belisle. El ex capitán fue pasado a retiro en 1996, luego de haber expresado en su testimonio brindado en sede judicial que el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza, había faltado a la verdad al afirmar que las fuerzas armadas no habían investigado el homicidio del conscripto Omar Carrasco, cometido en marzo de 1994 en el cuartel de Zapala.

Correa Belisle había conseguido un fallo favorable a su reclamo en el fuero en lo contencioso administrativo federal. Sin embargo, el Estado nacional apeló el fallo de primera instancia. Ante ese planteo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó parcialmente la sentencia de grado y ratificó el pago de la compensación por el daño moral ocasionado por el proceso militar iniciado contra el ex capitán.

Los camaristas explicaron que el resarcimiento era una consecuencia necesaria del acuerdo de solución amistosa al cual el ex capitán y el Estado argentino habían arribado en el marco de la petición presentada por el demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese proceso, el Estado se había disculpado por haberlo sometido a un proceso militar incompatible con los estándares internacionales, que llevó finalmente a reformar el Código de Justicia Militar, para adaptarlo a los requerimientos del sistema interamericano.

Sin embargo, los jueces del tribunal de alzada revocaron el pago por la separación de su cargo al considerar que la responsabilidad reconocida por el Estado en el acuerdo de solución amistosa se refería exclusivamente al proceso militar y a su sanción. El Tribunal agregó que el pedido de disculpas institucional publicado en el Boletín del Ejército no implicaba un reconocimiento de que Correa Belisle había sido expulsado en forma arbitraria.

La opinión del Ministerio Público Fiscal

En su dictamen, la procuradora fiscal subrayó que los camaristas omitieron ponderar la cronología iniciada con la declaración testimonial de Correa Belisle, concretada el 11 de enero de 1996, cuando aún formaba parte de las fuerzas armadas, aunque en situación de disponibilidad. Ese día, el ex capitán del Ejército involucró ante la justicia penal a los altos mandos de las fuerzas armadas en la investigación por el homicidio del conscripto Carrasco.

García Netto hizo hincapié en que “días antes días antes de la declaración testimonial, y cuando ya estaba vencido el plazo previsto para la situación de disponibilidad, le habían notificado al actor que la Junta de Calificaciones de Oficiales del año 1995 lo había considerado ‘apto para continuar en el grado’, aunque ‘en suspenso’ por hallarse a disposición de la justicia”.

La representante de la Procuración General ante la Corte sostuvo que el siguiente hito en esa secuencia temporal ocurrió el 8 de febrero de 1996, cuando la Junta Superior de Calificaciones Oficiales y Suboficiales encuadró a Correa Belisle como “apto para producir vacante”, por haber transcurrido un año desde su pase a disponibilidad sin que se le asigne nuevo destino, producto de la investigación por las responsabilidades de la cadena de mando del cuartel. Seis días después, el propio jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, aprobó esa propuesta y el 9 de abril se dispuso el retiro obligatorio.

Pocos meses después de la declaración testimonial, se inició un proceso militar contra Correa Belisle por infracción de “irrespetuosidad”, prevista en el artículo 663 del Código de Justicia Militar entonces vigente, el cual culminó con un arresto de tres meses en la prisión militar del regimiento de Covunco.

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema indicó que “la sentencia prescindió de considerar la relación temporal entre la declaración testimonial del actor, la modificación en las calificaciones de las juntas y su pase a retiro, aun cuando ese testimonio tenía una especial trascendencia. En particular, en el marco de una estructura jerárquica como las fuerzas armadas, esa declaración importaba involucrar en la investigación de un caso de gran sensibilidad al entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército y a personal de la inteligencia militar”.

Además, García Netto consideró acreditado que el pase a retiro y el juicio militar al que fue sometido Correa Belisle configuran sanciones que padeció como consecuencia de haber prestado la declaración testimonial: “La legitimidad del pase a retiro debía ser analizada en forma inescindible con la otra represalia, que también tuvo lugar tras la declaración testimonial y en forma coetánea (contemporánea) a la separación del actor de las fuerzas armadas”.

El dictamen concluye que la vinculación entre el testimonio ante la justicia y el pase a retiro y el juicio militar “se evidenció con la extensión de las disculpas del Estado Argentino publicadas en el Boletín Reservado del Ejército N°5521, donde expresamente extendió su descargo a la expulsión del actor de la fuerza. En concreto, allí dijo que ‘El Estado Argentino se disculpa con el Dr. Rodolfo Correa Belisle por haber violado sus derechos humanos al haber sido sometido arbitrariamente a un proceso militar, condenado y expulsado de la fuerza'".