Contexto histórico de Paraguay

La dictadura paraguaya fue una dictadura de partido único, caudillista y patrimonialista, que se mantuvo 35 años en el poder. En la región, fue la primera en comenzar, la que más tiempo perduró y la última en fenecer.

En su forma inicial, fue una dictadura más similar a las dictaduras centroamericanas de la misma época.

Para el período que nos ocupa en este juicio, conservaba algunas de las características iniciales, sobre todo en la organización institucional, pero se observó un alineamiento de la dictadura paraguaya con los procesos regionales, a través de la adopción e internalización de los principios de la seguridad Nacional.

Para la elaboración de estas referencias iniciales sobre la intervención de Paraguay en Cóndor, se utilizaron diversas fuentes de información; entre ellas, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, así como la documentación elaborada o recopilada por dicha comisión y aportada por Yudith Rolón durante su declaración. También los libros En los sótanos de los generales[1] y Es mi informe[2], así como documentos del “Archivo del Terror” y documentos desclasificados por los Estados Unidos.

Además, se utilizaron las declaraciones testimoniales de Rosa Palau, José Agustín Fernández, Antonio Candia Valenzuela (Antonio Pecci), Federico Tatter, Rogelio Goiburú, Carlos Portillo y Yudith Rolón y otras que serán oportunamente señaladas.

La estructura represiva

En cuanto a la estructura represiva paraguaya, el informe de la CVJ brinda un cuadro general. Allí se afirma que aunque es posible periodizar cambios internos dentro de la estructura represiva, ésta se mantuvo siempre subordinada al comando estratégico de las Fuerzas Armadas.

Dice el informe que: “Las acciones obedecían a una rígida cadena de mandos altamente centralizada pero con una capacidad de maniobra rápida y fluida, que terminaba en el comando estratégico dirigido por el general Alfredo Stroessner […] Las unidades especializadas en el control y represión política, estaban integradas a la institucionalidad del Estado y actuaban abiertamente dentro de la cadena de mandos.” Las militares respondían al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y las policiales bajo las órdenes del ministerio del Interior.

El modelo represivo se basó en la prisión prolongada y el exilio masivo. Hemos escuchado, durante este juicio, por ejemplo, a Luis Carlos Casabianca, que nos habló de la larga detención de Antonio Maidana, preso durante casi veinte años en la Comisaría Tercera, que los paraguayos llamaban también el “panteón de los vivos” y en el campo de concentración de Emboscada.

La dictadura paraguaya no actuó de manera clandestina en lo que hace a la represión. Pero actuaba de hecho, en las detenciones no mediaba nunca orden judicial.

Los centros de detención fueron de variada naturaleza, utilizándose recintos existentes y estos lugares de detención tampoco eran secretos. Se emplearon establecimientos carcelarios, militares y policiales, comisarías, campamentos militares improvisados y campos de concentración como el de Emboscada.

El informe de la CVJ informó que: “La mayoría de los testimonios de las víctimas refieren a reclusiones arbitrarias en instalaciones de variado tipo, en condiciones crueles e inhumanas, pero no clandestinas, ni bajo el mando de agentes cuya identidad les fuera desconocida”

El aparato represivo stronista se colaba en todos los intersticios de la sociedad, dentro y fuera de Paraguay: hemos escuchado hablar repetidamente de los pyragües, el ejército irregular de informantes de Stroessner. Sobre ellos, Rosa Palau explicó que eran delatores de la policía. Dijo que eran personas infiltradas que informaban sobre todos los aspectos de la vida social de los paraguayos: actividades de las iglesias, de los estudiantes, de las organizaciones políticas y sindicales. Había de diferentes tipos: los que cobraban, los que estaban en las fronteras, los que vendían información, los fanáticos, los convencidos del sistema. Un ejemplo son las maestras que eran afiliadas coloradas, y por eso debían delatar.

Las desapariciones forzadas, según el informe de la CVJ, se aplicaron de manera selectiva y principalmente contra personas que tenían proyecto de oposición a la dictadura. Sin embargo, el mismo informe estima que existe un subregistro en lo concerniente a las comunidades indígenas y rurales.

Vamos, entonces, a periodizar y describir brevemente la estructura represiva paraguaya en el período que ocupa a este debate.

Señalemos primero, que hubo un período anterior, que se extendió hasta mediados de la década del sesenta, en el cual los organismos encargados de la represión eran policiales. En esta etapa, la intervención militar fue limitada, ceñida a la represión puntual de movimientos insurgentes. En este marco fue importante la acción de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), creada a fines de la década del cincuenta, a cargo del comisario Antonio Campos Alum, dependiente del ministerio del interior.

Se afirma en el libro Es mi informe, que para comienzos de la década del 60, producto del exilio, para los organismos represivos paraguayos “el enemigo estaba más allá de las fronteras, lejos del alcance del estado de sitio, con reuniones difíciles de controlar”. Conscientes de esto, Edgar L. Insfran, el Ministro del Interior y Ramón Duarte Vera, jefe de la Policía, “crearon un impresionante dispositivo de informaciones sobre las actividades de los dirigentes opositores en Argentina, Brasil y Uruguay”. Llegaban papeles “manuscritos en hojas de cuaderno, en papelitos, en prolijos informes dactilografiados. Allí donde había un exiliado paraguayo parecía haber alguien dispuesto a informar sobre él”.

Para fines de los años sesenta, la Policía de Investigaciones se convirtió en el principal actor de la represión luego de que Pastor Coronel asumiera su jefatura en 1968. Su poder se prolongaría hasta comienzos de la década del ochenta, cuando fue jaqueado luego del atentado a Anastasio Somoza, en septiembre de 1980.

Según el libro Es mi informe, la llegada de Pastor Coronel al Departamento de Investigaciones produjo cambios significativos en la organización de la represión. Dice el libro que:  

“El Departamento era, a comienzos de la década, el centro nervioso de la “inteligencia” política. El entusiasta, pero poco profesional recurso de las delaciones espontáneas e informales, dejó de ser la base del sistema de información. Estas delaciones e informes confidenciales seguirían llegando como siempre a Investigaciones, pero tendrían ahora una importancia secundaria. La recolección de datos, en todos los ámbitos, la realizaban funcionarios policiales infiltrados en organizaciones políticas, sociales, sindicatos, centros estudiantiles y todo tipo de organismos públicos o privados. Cuando no era el propio policía el infiltrado, éste contaba con algún “informante” leal.

Para responder a las exigencias de la nueva época, Pastor Coronel introdujo cambios sustanciales en el Departamento. La anacrónica Dirección de Asuntos Confidenciales desapareció y ganó importancia la Dirección de Política y Afines (DPA), con funciones totalmente diferenciadas de las direcciones encargadas de los delitos comunes.”

La Dirección de Política y Afines estuvo a cargo de Alberto Cantero.

Paralelamente, por estos años, se dio jurisdicción en la represión en países limítrofes al Departamento 2° del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a cargo de Benito Guanes Serrano. Guanes Serrano se encontraba a las órdenes del Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a cargo de Alejandro Fretes Dávalos.

En el libro Es mi informe se cita el documento microfilmado con el código R179F01279-01280, en el que se describe una reunión de diferentes funcionarios del gobierno, entre los que se encontraba Guanes Serrano. Allí se organizó la división de tareas en torno al “estudio de elementos de organizaciones subversivas”: se adjudicó la responsabilidad de la represión en Capital, Zona Central e Interior a la Policía de la Capital, la Zona Fronteriza a cargo de la Armada Nacional y las actividades en los países limítrofes a cargo del 2° Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Con este esquema, Paraguay participó en la coordinación represiva.

Según el informe de la CVJ, además del control de las actividades de los exiliados en el extranjero, los organismos represivos temían que el país fuera usado como corredor por la guerrilla de Uruguay, Brasil y Argentina, por lo cual las Fuerzas Armadas acentúan la colaboración represiva regional. Tanto fue así que Benito Guanes Serrano asistió a la reunión fundacional de la Operación Cóndor y, de esta manera, Paraguay rubricó su participación en esta etapa superior de la coordinación represiva. Recordemos que Benito Guanes Serrano había sido el enlace paraguayo durante los operativos e intercambios de información desatados en torno al secuestro de Jorge Fuentes Alarcón y Amilcar Santucho. Como se señala en el libro Es mi informe, “el entonces coronel de Estado Mayor Benito Guanes Serrano sería el gran articulador de las operaciones conjuntas, del intercambio de relaciones con la Policía y de los lazos fluidos con los servicios de seguridad de los ejércitos de los países vecinos.” Documento 1.

Y, a partir de la lectura de documentos del Archivo del Terror, es posible visualizar la continuidad en su actividad. Veamos algunos ejemplos documentales que muestran como Guanes Serrano y su jefe, Fretes Dávalos mantuvieron un rol de enlace en el intercambio de información, en el largo plazo, durante el período que nos ocupa en el marco de Cóndor. No citamos todos los documentos disponibles, porque lo que interesa mostrar es la repetición del rol de estos dos militares en el largo plazo. Veamos estos ejemplos:

• El documento microfilmado 0021F 1653, fechado en 06 de agosto de 1976, remitido por Benito Guanes Serrano a Pastor Coronel, en el que remite copias de un listado de “subversivos brasileros” radicados en Argentina. Documento 2.
• El documento microfilmado R0143 F 0903 del 23 de mayo de 1978, que muestra que Benito Guanes y Alejandro Fretes Dávalos informaron a Pastor Coronel haber recibido información sobre la fuga de la Argentina de Salvador Octavio Gamboa, miembro de Montoneros, que era buscado desde 1976. Documento 3.
• En el documento microfilmado R0143 F0899, del 07 de junio de 1978, Benito Guanes Serrano informa a Pastor Coronel, que recibió información de un “servicio de información de un país amigo”, sobre el ciudadano argentino Aníbal Brizuela, quien sería miembro de Montoneros, que habría comprado un terreno que estaría siendo utilizado por esa organización como escuela de cuadros y refugio para secuestrados. Documento 4.
• En el documento microfilmado R0143 F0900, Benito Guanes y Alejandro Fretes Dávalos informan a Pastor Coronel que recibieron información de un “Servicio de inteligencia de país amigo” sobre la formación de un destacamento de Montoneros en Paraguay, que dependería de la “Base México” de esa organización. Documento 5.
• En el documento microfilmado R0143 F890 del 16 de abril de 1979, Guanes Serrano y Fretes Dávalos remiten información a Pastor Coronel, proveniente del Servicio de Inteligencia Naval de Argentina, sobre líderes de Montoneros que habrían intentado ingresar a Argentina vía Paraguay. Documento 6.
• En el documento microfilmado R0143 F 0887, del 15 de octubre de 1980 Guanes Serrano remite información sobre Alberto Tinant, María Cristina Aguilero de Tinant y Juan Carlos Orieta, ciudadanos argentinos presuntamente miembros de Montoneros. Documento 7.
• En el documento microfilmado R0143 F0886, con fecha 08 de noviembre de 1980, Benito Guanes informa a Pastor Coronel que “ante consultas realizadas por este departamento del ESMAGENFA al destacamento de inteligencia 124- Formosa, Argentina, dependiente del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino con relación a antecedentes ideológicos subversivos de carácter marxista leninista del ciudadano HORACIO ENRIQUE IGLESIAS, los mismos informaron que la persona citada no registra antecedentes de ese orden, por el contrario, se ha caracterizado por actuaciones en la represión de dicha ideología”. Documento 8.

Vemos entonces que durante el período 1976-1980, Benito Guanes Serrano y Alejandro Fretes Dávalos enviaban y recibían información de, como ellos lo denominan, “los servicios de inteligencia de países amigos” e informan a Pastor Coronel, quien funcionaba como brazo operativo tanto en la búsqueda de información como en la gestión de los detenidos dentro del territorio paraguayo. Estos documentos prueban que se mantuvo el esquema de división de tareas que, como señalamos, se organizó en 1974.

Sin embargo, las actividades de Guanes Serrano y Fretes Dávalos no se limitaron al intercambio de información. En el documento microfilmado con el código R0172 F0570, podemos ver a Guanes Serrano participando en una “reunión de trabajo” junto con personal de la SIDE argentina, del área 234 de Argentina y del Servicio de Inteligencia de Defensa del Uruguay. Según se puede ver en el documento, en realidad se trató de un interrogatorio llevado a cabo conjuntamente por las fuerzas de los distintos países a un grupo de ciudadanos uruguayos y argentinos, compuesto por Gustavo Insaurralde, Nelson Santana, Dora Marta Landi, Alejandro Logoluso y José Nell. Documento 9.

El conocimiento de Fretes Dávalos de las actividades de Cóndor queda al descubierto en el cable Asunción 4451, remitido por Robert White, embajador norteamericano en Paraguay al departamento de Estado, en el que informa sobre una reunión mantenida con Fretes Dávalos. Según describe, Fretes Dávalos informó a White que había tenido una reunión con el jefe de inteligencia de Chile y que esta era simplemente una de las tantas reuniones que tenían lugar anualmente entre los jefes de inteligencia de los países del Cono Sur. Agregó que este sistema de consultas se instauró como resultado de la expansión de la subversión Argentina a los otros países y que para los intercambios se utilizaba una red de comunicaciones con base en el canal de Panamá y se empleaban códigos bilaterales. El embajador norteamericano finalizó la misiva comentando que “obviamente, esta es la red Cóndor de la cual todos nosotros hemos escuchado hablar en los últimos años”. Documento 10.

El exilio paraguayo

Pasemos ahora a ver cuáles fueron las características del exilio paraguayo. A diferencia de los exilios chileno y uruguayo, que ya describimos, el exilio paraguayo fue más largo, por la duración de la dictadura. Además de masivo, fue un exilio transgeneracional.

El informe de la CVJ afirma que estos exilios “no solo perpetúan las violaciones de los derechos humanos sino que además las prolongan a generaciones sucesivas alcanzando a hijos y nietos de una misma familia nuclear, sobre los que pesa la acusación o sospecha de pertenencia partidaria familiar, constituyéndose en episodios de exilio permanente.”

La CVJ distingue diferentes períodos del exilio:

El primero, hasta 1967, que se caracteriza por la salida de los principales opositores a Stroessner. En este marco se destaca el destierro de los miembros del MOPOCO, liderado por Epifanio Méndez Fleitas, del Partido Comunista paraguayo y también de sectores liberales y del Movimiento 14 de Mayo. Estas organizaciones se asentaron en países limítrofes: Argentina especialmente, pero también en Uruguay y Brasil. Desde el exterior, emprendieron la resistencia a la dictadura y se planteaban el retorno a Paraguay, incluso llegando a experiencias de tipo insurreccional.

El segundo período, entre 1967 y 1981, se caracterizó por el surgimiento, dentro de Paraguay, de organizaciones como las Ligas Agrarias. Y en el exterior, fruto del contacto de los exiliados con organizaciones de la nueva izquierda de los países de acogida, especialmente grupos de acción directa, se produjeron experiencias como el surgimiento de la Organización Político Militar (OPM) vinculada a Montoneros y el PRT-ERP.

Las organizaciones del exterior y del interior estuvieron relacionadas y la represión a estos grupos generó nuevas oleadas de destierros. Se produjo en este período otro fenómeno: en muchos casos, los hijos de los exiliados paraguayos comienzan a tener actividad política en organizaciones de los países de acogida. También en este período los exiliados paraguayos en la región, comenzaron a participar en las nacientes organizaciones de derechos humanos.

Así, hemos escuchado los relatos de Federico Tatter, hijo de un activista comunista paraguayo en el exilio, cuya madre, Idalina Radice fue fundadora de la agrupación de familiares de paraguayos desaparecidos en Argentina y miembro de Madres de Plaza de Mayo. También los de Ana María Careaga, cuya madre, Ester Ballestrino de Careaga, dirigente del Partido Febrerista, fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo, luego secuestrada y asesinada por el grupo de tareas de la ESMA. En ambos casos se entretejió la actividad relacionada con la oposición a la dictadura paraguaya y la denuncia de la dictadura del país de acogida.

La persecución a los paraguayos en el exilio, entonces, tuvo esa doble faceta: pudo producirse por sus actividades vinculadas con las actividades en el exilio; o bien por su inserción política en los países de acogida. Sin embargo, estos límites fueron muchas veces difíciles de establecer puesto que, en la práctica, esas adscripciones políticas se superpusieron.

Los blancos

Vamos a analizar ahora los blancos de la dictadura stronista en el exterior, siguiendo con la metodología empleada en los casos de Uruguay y Chile.

Entonces, nuevamente, no vamos a dar cuenta de todo el arco opositor de la dictadura paraguaya que fue blanco de la represión sino a dar algunos lineamientos de aquellas organizaciones y personas que fueron objetivo de las redes de coordinación represiva en el exterior y que son objeto de análisis en este juicio.

Partido comunista paraguayo

El Partido Comunista Paraguayo fue la fuerza que sufrió la más larga persecución por parte de la dictadura de Stroessner. Esto condicionó su temprano exilio y la búsqueda continua por realizar acciones de resistencia, incluso armada, a la dictadura.  Para ello, el PC creó el Frente Unido de la Liberación Nacional (FULNA), que realizó actividades entre 1959 y 1965.

A mediados de los años sesenta, el PC paraguayo se dividió: un grupo siguió bajo la dirección de Oscar Credyt; y otro se encolumnó bajo la égida de Obdulio Barthe.

Así como el Partido Comunista Paraguayo fue extremadamente perseguido en Paraguay, también lo fue en el exterior. Esta persecución no fue puntual en el tiempo sino que se extendió durante todo el período del que nos ocupamos en este juicio.

Durante este debate se demostró que Federico Tatter Morínigo, miembro del PC y exiliado de larga data en Argentina, fue víctima, en territorio argentino, de actividades coordinadas. Tatter fue secuestrado el 15 de octubre de 1976, en la Ciudad de Buenos Aires.

También fueron secuestrados Cástulo Vera Báez y Juan José Penayo, en el mes de enero de 1977 en Misiones, cuyos casos se incluyen dentro de una oleada represiva mayor contra un sector del Partido Comunista Paraguayo, que incluyó el secuestro y retorno forzado a Paraguay de Nercio Stumps, Lidia Cabrera, su hermano Esteban Cabrera y Sotero Franco.

Asimismo, el 19 de septiembre de 1978 fue privado de su libertad Alberto Próspero Barret Viedma y mantenido en cautiverio en el CCD “Olimpo”, donde fue torturado e interrogado sobre el paradero de ciudadanos paraguayos, suceso que fue probado en la causa denominada ABO II. Barret Viedma declaró en este juicio.

Finalmente, Antonio Maidana, secretario general del Partido Comunista Paraguayo en el exilio y Emilio Roa, miembro del comité central del mismo, también fueron secuestrados en Argentina el 27 de agosto de 1980.

Sobre todos estos secuestros hablaremos luego.

Movimiento Popular Colorado

Ahora nos detendremos en el Mopoco, disidencia colorada del strosnismo, que se formó a comienzos de la década del sesenta.

Fue el producto de la confluencia de dos sectores: uno en el exilio en Argentina, liderado por Epifanio Méndez Fleitas; y otro, una corriente de oposición democrática que surgió en Paraguay y rápidamente debió emprender, también, el camino al exilio.

En 1960 se realizó una convención inaugural de esta organización en Clorinda, Formosa. El Mopoco funcionó primero en Clorinda, en donde se realizó en 1960 una convención inaugural. Luego trasladó sus actividades a Buenos Aires.

Los dirigentes y las bases del Mopoco fueron perseguidos en el marco de Cóndor. Entre ellos, uno de sus dirigentes, Agustín Goiburú, secuestrado en Paraná, Entre Ríos, el 09 de febrero de 1977, luego de una prolongada persecución producto de la acción combinada de los organismos argentinos y paraguayos. Lo sucedido a Agustín Goiburú será tratado particularmente a continuación de esta parte general.

Organización Político Militar Primero de Marzo

Ahora abordaremos la Organización Político Militar Primero de Marzo (OPM), que fue una agrupación de tipo insurreccional urbana, organizada por exiliados jóvenes en Argentina y en Paraguay. Se vinculó con las Ligas Agrarias Cristianas, expresión organizada del sindicalismo campesino en Paraguay.

La represión a la OPM fue anterior a que pudieran comenzar a realizar actividades.

En abril de 1976, los organismos paraguayos detuvieron a un miembro de esta organización que intentaba ingresar a Paraguay desde Argentina y portaba documentación de la organización. En el informe de la CVJ, se afirma que “en pocos días, la Policía stronista logró un inesperado éxito, ya que hasta ese momento la OPM había pasado inadvertida para las fuerzas represivas. […] Decena[s de] campesinos fueron ejecutados y desaparecidos y otros en sesiones tortura”.

Dentro de la oleada represiva que se desata se produjo el operativo contra la familia de la testigo de este juicio Yudith Rolón, que culminó con el asesinato de su padre y la prisión de toda su familia, incluida ella que contaba con pocos años de edad.     

También fue víctima en el marco de este operativo Daniel Campos, miembro de la OPM y que se había exiliado en Buenos Aires. Durante los primeros días de mayo de 1976, según relató durante su comparecencia a este juicio, fue secuestrado de la casa de su hermana junto a otro hermano, Miguel Ángel Campos. Fue llevado a un CCD argentino, torturado e interrogado sobre sus actividades en Paraguay por argentinos y por dos personas que hablaban guaraní. Luego de unos días fue entregado a autoridades paraguayas, y trasladado en avión a Paraguay, para ser recluido luego en la sede de la Policía de Investigaciones y, con posterioridad, en el campo de concentración Emboscada.

Esto es una muestra más de la existencia de actividades de coordinación entre Argentina y Paraguay. Que no terminaron allí.

También hemos escuchado, y trataremos con detalle luego, lo sucedido a Domingo Rolón Centurión, secuestrado en Pilcomayo, Formosa, el 14 de octubre de 1976 y también retornado forzadamente a Paraguay en el baúl de un automóvil.

Nidia González Talavera fue una de las encargadas de reorganizar los restos de la OPM luego de la persecución de 1976. Según se explica en el informe de la CVJ, en 1978 aproximadamente veinte personas volvieron a ser detenidas, acusadas de tratar de reactivar la OPM. Alberto Próspero Barret Viedma, que como ya mencionamos fue detenido en Argentina por ese entonces y mantenido en cautiverio en el CCD “Olimpo”, fue interrogado sobre el paradero de Nidia González Talavera.

Es decir que la coordinación en la represión a esta organización se prolongó en el tiempo.

Actividades de coordinación en territorio paraguayo

La coordinación entre las fuerzas represivas de Paraguay y Argentina no se agotó en la colaboración para la persecución a los exiliados en territorio argentino. También hubo contraprestaciones en territorio paraguayo.

Ya hemos analizado en este alegato lo sucedido con el ciudadano argentino Amílcar Santucho, que fue detenido en el mes de mayo de 1975 en Paraguay y mantenido detenido en ese país hasta 1978; y cómo operaron las redes de coordinación en ese caso, antecedente inmediato de la creación de Cóndor. Resta agregar aquí que las actividades de coordinación en torno del caso de Amílcar Santucho no terminaron en 1975.

En el mes de junio de 1976, se produjo una reunión en Asunción entre Pastor Coronel y dos policías argentinos, el comisario Mayor Roberto José Rivera y el comisario Inspector Enrique José Di Napoli Vita, quienes asistieron a la reunión acompañados de Agustín Matiauda, primo del dictador paraguayo.

Pastor Coronel informó de esta reunión directamente a Stroessner, en el memorando del jefe de investigaciones para su excelencia el señor presidente de la República, que fue aportado por Carlos Osorio durante su declaración; y cuyo código de microfilmación en el Archivo del Terror es el R0088 F0171-0172. De este documento se desprende que se pedía la entrega de Santucho a la Argentina, la que en ese momento no se produjo. Pero la cuestión no terminó allí. Documento 11.

En otro documento aportado por Carlos Osorio, codificado como Asunción 4619, fechado en 10 de noviembre de 1977 y titulado Amílcar Santucho, un funcionario de la embajada norteamericana en Asunción, de apellido Briggs, informó que una fuente de alto rango del gobierno paraguayo le había transmitido que el gobierno argentino se había acercado al paraguayo para intercambiar al líder del MOPOCO Epifanio Méndez Fleitas, detenido en ese momento en Resistencia, por Amilcar Santucho. El informe dice que el gobierno paraguayo se negó y se argumenta que una de las causas y del proyecto de permitir su salida del país era la densa campaña internacional que se estaba realizando en pos de su liberación. Documento 12.

Entonces, aquí lo que se observa es una continuidad en el deseo de intercambio de este prisionero dificultada por la denuncia internacional que determinó que la entrega de Santucho no se hiciera efectiva. Y también, aunque en este caso no se hubiera llevado a cabo la repatriación forzada, que existía la posibilidad y que en ese marco los argentinos buscaron, en el largo plazo, hacer valer el acuerdo.

Esta negativa de entregar a Santucho no fue una limitación para el ejercicio de la coordinación y la entrega de otras personas. De hecho, otro operativo de importancia, que ya fue tratado en el marco de las actividades de coordinación entre Argentina y Uruguay, fue la detención de un grupo de cinco personas, dos de nacionalidad uruguaya y tres argentinos, ocurrida en Asunción el 29 de marzo de 1977.

Se trata de Gustavo Insaurralde, Nelson Santana, Dora Marta Landi, Alejandro Logoluso y José Nell.  Hemos probado cómo actuaron las redes de coordinación en este caso, que incluyó intercambio de información, viaje de agentes argentinos y uruguayos para realizar interrogatorios conjuntos en Paraguay, el traslado a Argentina de los detenidos y la posterior desaparición de todo el grupo.

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Habiendo realizado esta somera caracterización de la dictadura paraguaya, de su estructura represiva, de la persecución a las organizaciones paraguayas en el exilio y de las actividades de coordinación realizadas tanto en territorio paraguayo como en territorio argentino, pasemos ahora a analizar los hechos que son objeto de investigación en este juicio.

[1] BOCCIA PAZ, Alfredo et al. En los sótanos de los generales. Los documentos ocultos del Operativo Cóndor. Editorial Servilibro, Asunción, Paraguay, 2008.

[2] Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar, Es mi informe. Los archivos secretos de la policía de Stroessner. CDE, Asunción, Paraguay, 2006.