El Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes a fin de, eventualmente, acreditar en un juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. Tiene la obligación de motivar sus requerimientos y propuestas. Todas las dependencias públicas estatales están obligadas a proporcionarle colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.

La distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público Fiscal se realiza de conformidad a las normas que regulan su ejercicio y las decisiones que adopte el Procurador General de la Nación en ejercicio de las funciones y atribuciones asignadas legalmente.

Quienes representen al Ministerio Público Fiscal deben actuar observando los principios de objetividad y lealtad procesal.

Cuando las investigaciones se desarrollen en más de una jurisdicción, para el más adecuado cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrá coordinar la investigación con autoridades de otras jurisdicciones y conformar equipos de investigación con representantes de los ministerios públicos provinciales mediante la celebración de convenios.