El jueves por la tarde se realizó en el auditorio de la Procuración General de la Nación el encuentro “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: implementación de los ODS en el ámbito del Ministerio Público Fiscal”. La jornada tuvo como objetivos analizar las instancias de cooperación internacional para el desarrollo y debatir sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas desde el derecho internacional y la perspectiva de derechos humanos, reflexionar sobre el papel de los objetivos y metas planteadas para la Argentina, así como también detallar cómo comenzarán a incorporarse los ODS a las dependencias del MPF.

Disertaron en la jornada Jessica Braver, Oficial de Coordinación de la Oficina del Coordinador residente de Naciones Unidas Argentina; Luis Di Pietro Paolo, Coordinador del Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, y Valeria Guerra, Asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas Argentina. La presentación institucional estuvo a cargo del Director General de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó, y del Director de Relaciones Institucionales, Luis Lozano.

Solernó fue el encargado de inaugurar el panel y de narrar cómo la dirección a su cargo se articula con las propuestas de la Agenda. “Se han fijado determinados objetivos en la comunidad internacional de desarrollo sostenible de acá al futuro, y lo que nosotros creemos desde la Dirección de Cooperación es que ningún objetivo puede estar aislado en un contexto de una globalización como la actual, no se pueden cumplir sin la interacción con otros países”, explicó.

El titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional también destacó que, más allá de que estos temas se hayan acordado de manera global, cada país miembro debe fortalecer su aplicación en su territorio: “nos parece importante que las instituciones internas de cada uno de los países se pongan en coordinación para poder cumplir estos objetivos, fijados internacionalmente”.

Luego fue el turno de Jessica Braver, quien detalló que la agenda, aprobada en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene diecisiete objetivos con 169 metas a nivel global, entre las que se encuentran el fin de la pobreza y la inseguridad alimentaria, la igualdad de género, el acceso universal a la justicia y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. “Los países miembro entendieron que había que integrar el desarrollo económico, el social y el ambiental. Sin esa convergencia, no hay desarrollo posible, y no podemos dejar a generaciones futuras un mundo con los efectos del cambio climático o desarrollo económico insostenible”, dijo.

La oficial de Coordinación de la oficina del Coordinador residente de Naciones Unidas Argentina también remarcó que la Agenda tiene que ser cumplida y adaptada a su realidad por cada uno de los 193 estados miembro de Naciones Unidas. Al respecto, agregó que "Argentina dentro de la región es uno de los países más avanzados en el proceso de adaptación, y nuestro rol es apoyar todos esos procesos a través de la cooperación”.

La asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas Valeria Guerra puso énfasis en el marco del desarrollo de la Agenda, especialmente en el enfoque de Derechos Humanos con la que fue abordada. “Tiene un nuevo marco de desarrollo, no solamente porque hay un cambio de paradigma en cooperación, sino además porque claramente refleja un enfoque de Derechos Humanos, y establece objetivos basados en estándares internacionales en esta materia”, detalló.

Para Guerra, la implementación de la agenda debe concentrarse en los “grupos más vulnerables, a quienes más tenemos que prestarles atención, porque son los que han quedado más postergados, como las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos originarios y las personas privadas de su libertad”. También remarcó que, para su correcto desarrollo, es necesario que todos los sectores de la sociedad se involucren, incluyendo asociaciones civiles y actores privados. “De esta manera, podremos empezar a trabajar con indicadores en DDHH para establecer un diagnóstico más acabado de algunos grupos específicos sobre los cuales poner el foco en estrategias nacionales y subnacionales de implementación”.

Luis Di Pietro Paolo, Coordinador del Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, remarcó que la implementación de la agenda demanda una “dimensión institucional para pensar el desarrollo no sólo como crecimiento económico e igualdad en la justicia social y cuidado ambiental, sino en la articulación virtuosa entre las tres esferas y dimensiones”.

En ese sentido, Di Pietro Paolo remarcó que son necesarias no sólo alianzas entre países, sino también hacia el interior de cada uno de ellos. “El desafío es cómo cruzar las metas de Naciones Unidas con los planes estratégicos de cada gobierno, y lo mismo están haciendo las provincias, y también los ministerios nacionales”.

Por último, Luis Lozano, director de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal, explicó cuál puede ser el proceso a través del cual definir el aporte del MPF a la implementación de la Agenda y sus objetivos. Lozano hizo un repaso por el proceso de reforma y fortalecimiento institucional vivido por el Ministerio Público Fiscal en los últimos cuatro años a través de la creación de equipos especializados, procuradurías, unidades fiscales y direcciones de apoyo técnico.

En esa línea, señaló que como resultado de ese proceso “vemos un reposicionamiento del MPF como actor institucional, en correlato con un fenómeno regional y global, a través de experiencias de intercambio con otros ministerios públicos de la región”.  “Lo que estamos impulsando es una definición institucional de las ODS que en nuestra propuesta quisiéramos que apunte a un equipo de trabajo en el que puedan estar todos los que tengan algo que aportar. Desde ese equipo identificar objetivos, metas, consolidar información, desarrollar indicadores y actividades de comunicación y sensibilización a nivel federal, y a partir de ahí construir un espacio interinstitucional en el ámbito de la justicia”, agregó.