Descripción del caso

Ahora vamos a tratar los hechos que afectaron a Luis Faustino Stamponi, Graciela Rutila Artés, Oscar Gonzáles de la Vega, Efraín Fernando Villa Isola y Mafalda Corinaldesi. Todos ellos fueron víctimas de la coordinación represiva entre Argentina y Bolivia, en el marco de la Operación Cóndor.

Luis Faustino Stamponi era argentino, estaba casado con Alicia Borgato y tenía una hija llamada Silvina. Estudió hasta el cuarto año de ingeniería mecánica e integró el Centro de Estudiantes de la Universidad. Fue miembro de Palabra Obrera. A raíz de su participación política, fue intensamente perseguido en Argentina, siendo apresado en 1964.

 En febrero del año siguiente se fugó y se exilió en Cuba. Durante su paso por ese país, se integró al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, y comenzó a utilizar el nombre de “Gerardo Bermúdez” y el apodo “Miseria”. Al finalizar la guerrilla de Ñancaguazú, Stamponi participó de la reorganización del ELN junto a Inti Peredo y, a principios de 1969, viajó junto a sus compañeros a Bolivia.

Ya en ese país comenzó una relación amorosa con una de sus compañeras, Nila Heredia, y se convirtió en uno de los principales dirigentes de la organización, junto al boliviano Rubén Sánchez y el uruguayo Enrique Joaquín Lucas, apodado “Guilli”, Integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Lucas era pareja de Graciela Rutila Artes, que era argentina, pero que había vivido desde la adolescencia en Bolivia. Allí Rutila estudió primero Farmacia y Bioquímica, y luego cursó la carrera de Asistente Social. Durante su juventud, Graciela Rutila Artés fue dirigente estudiantil. Posteriormente se integró al ELN y al que luego formó esa misma organización, el PRT de Bolivia. En razón de esas actividades, Rutila pasó un período viviendo clandestinamente en Perú, junto con otros compañeros. Fue en ese contexto que el 28 de junio de 1975, dio a luz a una niña, hija de Enrique Lucas, a la que llamaron Carla.

Al igual que Graciela Rutila, Oscar Gonzáles de la Vega era argentino, pero había vivido gran parte de su vida en Bolivia. Cuando terminó sus estudios secundarios vino a estudiar medicina a la Universidad de la Plata, pero luego de terminar el tercer año de la carrera, regresó a Bolivia y se unió al ELN-PRT de Bolivia en Cochabamba, donde trabajó junto a Edmir Espinoza.

Al igual que todos los miembros de esa organización, Stamponi, Rutila y Gonzáles de la Vega fueron muy perseguidos por la dictadura de Hugo Bánzer. Prueba de ello es que, ya en los inicios de la dictadura boliviana, había carteles que empapelaban el país solicitando la colaboración de la población local en la captura de los principales referentes del ELN.

La persecución contra los miembros del ELN se intensificó y transnacionalizó cuando se suscribió y se puso en funcionamiento Cóndor, a fines de 1975. No olvidemos que el ELN era parte de la JCR. Además, el golpe de Estado en Argentina, como ya hemos visto, intensificó la cooperación y, en este contexto, el intercambio de información entre Argentina y Bolivia en general. En este sentido deben ser interpretados, por ejemplo, los hechos ocurridos en Buenos Aires el 1° de junio de 1976. Recordemos que el ex presidente boliviano Juan José Torres estaba refugiado en la Argentina. Durante su exilio, Torres había denunciado a Banzer, convirtiéndose así en un importante opositor a la dictadura. Estaba planeando su retorno a Bolivia junto con su ex secretario de presidencia, Pedro Silvetti, y con Rubén Sánchez Valdivia, miembro del ELN. Justamente, el 1 de junio Torres fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo apareció días después. El asesinato de Torres fue una acción coordinada entre las dictaduras argentina y boliviana en el marco de Cóndor.

Y ese marco tuvo particulares consecuencias para los miembros del ELN, a ambos lados de la frontera. Tan es así que diez días después del inicio de la dictadura argentina, el 2 de abril de 1976, fueron secuestradas Nila Heredia en Cochabamba y Graciela Rutila junto a Carla, su hija de nueve meses, en Oruro. Heredia y Rutila permanecieron detenidas en distintos centros clandestinos de detención en Bolivia y fueron interrogadas acerca del paradero de Luis Stamponi, pareja de Heredia; y de Enrique Lucas, pareja de Rutila. En este contexto, Rutila fue separada de su hija y torturada ferozmente, al mismo tiempo que la amenazaban con la suerte de Carla si no daba información.

Mientras Rutila y Heredia permanecían secuestradas, el 20 de julio de 1976 fue privado de la libertad Oscar Hugo Gonzáles de la Vega, en un operativo desplegado en la ciudad de Cochabamba, donde también fueron apresados otros miembros del ELN. En el operativo intervinieron agentes del DOP de la Paz, lugar al que condujeron a Gonzáles de la Vega luego del secuestro. Allí, fue torturado en reiteradas oportunidades por los agentes bolivianos Gemio, Balbian y Cuentas, de particular injerencia en el marco de Cóndor, como ya mencionamos en este alegato.

Meses después, el 17 de septiembre de 1976, las fuerzas bolivianas secuestraron a Pedro Silvetti y Enrique Joaquín Lucas. El operativo se produjo en una casa de seguridad de la organización, ubicada en Cochabamba. Desde entonces, se encuentran desaparecidos.

Prueba del funcionamiento de la coordinación represiva en estos hechos es que, días después del operativo, a través de un télex del sistema “CONDORTEL”, Bolivia le informó a Uruguay de la captura de Enrique Lucas, intensamente buscado por ser miembro del Movimiento Tupamaros. A Rubén Sánchez, a pesar de la incesante búsqueda, nunca lo encontraron.

Señores jueces: luego del secuestro de Lucas y de Sivetti, la oleada represiva contra el ELN siguió. El objetivo ahora era la captura de Luis Stamponi, miembro de la Dirección Nacional del PRT-B, a quien buscaban, como ya dijimos, desde la captura de su pareja de Nila Heredia.

Fue así como, en la madrugada del 28 de septiembre de 1976, Luis Stamponi fue secuestrado junto con sus compañeros Silvio Mercado Navarro, María Victoria Fernández y el bebé de ellos, en la localidad de Llallagua.

En el operativo participaron agentes del DOP de Oruro, junto con personal del Regimiento de Tarapacá y efectivos de la policía boliviana, que rodearon e ingresaron a la casa de seguridad donde vivían. Posteriormente fueron trasladados y conducidos por distintas dependencias oficiales, exhibiéndoselos como trofeos.

Luego, Stamponi fue recluido unos días en la cárcel de Achocalla. Allí fue sometido a duros interrogatorios y sesiones de tortura hasta el 7 de octubre de 1976, cuando fue trasladado al DOP de La Paz.

Señores jueces: vimos entonces que en este juicio se acreditaron los secuestros, por parte de las fuerzas bolivianas, de Rutila, Gonzáles de la Vega y Stamponi. Vimos también que esos secuestros ocurrieron en Bolivia, en ciudades y en momentos diferentes y que, en todos los casos, las víctimas fueron interrogadas y torturadas.

Lo que ahora queremos remarcar es que en todos los casos, miembros de la Policía Federal Argentina se trasladaron a La Paz para torturarlos. Esto fue permitido y coordinado por las fuerzas represivas bolivianas.

Dicho esto, hay otros hechos que deben tratarse en conjunto con los que venimos desarrollando: los que afectaron a Efraín Fernando Villa Isola. Si bien no se pudo determinar que efectivamente haya tenido un vínculo con el ELN, este argentino nacido en Salta, que fue secuestrado en Bolivia en julio de 1976, también fue interrogado por agentes argentinos en un lugar dependiente del Ministerio del Interior boliviano.

Villa Isola había sido detenido en Santa Cruz por militares bolivianos, por carecer de documentos. No había tenido actividad política en Bolivia. Sin embargo, cuando las fuerzas represivas locales, a través de los sistemas de comunicación que enlazaban a los países que se servían de Cóndor, comprobaron que por sus antecedentes políticos se encontraba requerido por Argentina, lo trasladaron al DOP de La Paz. Esto da la pauta de la existencia de una práctica sistemática que se desarrollaba en el marco de Cóndor

Finalmente Villa Isola, Graciela Rutila, su hija Carla, Luis Stamponi y Oscar Gonzáles de la Vega, fueron trasladados por agentes del DOP hacia la frontera de Villazón con la Quiaca y entregados ilegalmente a los organismos de seguridad argentinos. A partir de ese momento los organismos represivos argentinos dispusieron de sus vidas.

El 29 de agosto de 1976, Villa Isola, Rutila y su hija, fueron recibidos en Argentina por la Gendarmería Nacional y trasladados en un avión a la Ciudad de Buenos Aires, permaneciendo luego alojados en condiciones inhumanas de detención en el CCD Automotores Orletti.

Recordemos que, además de haberse probado en este juicio, esto último ya se tuvo por probado en dos sentencias anteriores: en la dictada en la causa N°1627 por este mismo Tribunal; y en la dictada en la causa n° 1351 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6, relativa al juicio conocido como “Plan sistemático de apropiación de niños”[1].

En Orletti se perdió el rastro de Graciela Rutila y de Efraín Villa Isola, mientras que Carla Rutila fue apropiada por el agente de la SIDE Eduardo Ruffo, quien, como sabemos, era uno de los miembros de la patota que operaba en ese CCD. Hasta que recuperó su identidad, en agosto de 1985, fue víctima de malos tratos y abusos sexuales por parte de su apropiador.

En cuanto a Oscar Gonzáles de la Vega y Luis Stamponi, ambos fueron entregados el 15 de octubre de 1976 a las fuerzas represivas argentinas y, desde ese día, se desconoce su paradero.

Las familias de todas las víctimas hicieron numerosas gestiones para obtener información sobre sus destinos, tanto en Bolivia como en Argentina, y ante organismos internacionales.

En Bolivia, las madres de Graciela Rutila y de Luis Stamponi, recibieron, de parte del Ministerio del Interior Boliviano, radiogramas oficiales donde constaba la entrega de sus hijos a las autoridades argentinas. Lo mismo fue informado oralmente a la madre de Oscar Gonzáles de la Vega. A raíz de esa información, los familiares acudieron a los organismos argentinos, pero en todos los casos contestaron de manera negativa.

Los grupos familiares a los que pertenecían estas víctimas también fueron amenazadas para que callaran. Matilde Artés, madre de Graciela Rutila, fue perseguida por los organismos de seguridad boliviana, mientras buscaba a su hija y a su nieta, hasta que consiguió refugiarse en España.

Por su parte, Mafalda Corinaldesi, madre de Luis Stamponi, fue secuestrada en un hotel ubicado en la Calle Esmeralda n° 454 de la Capital Federal, el 19 de noviembre de 1976, a su regreso de la capital boliviana, a donde había viajado para averiguar por el paradero de su hijo. Mafalda Corinaldesi, que vivía en Punta Alta y nunca había tenido actividad política, fue una víctima más de Cóndor; y hasta el día de hoy permanece desaparecida.

Debemos mencionar que el lugar donde ocurrió su secuestro se encontraba entonces bajo el control del Área VI a cargo de la Armada Argentina, que a los efectos de la coordinación de la represión en la Ciudad, respondía a la Subzona Capital Federal, cuyo responsable era Jorge Carlos Olivera Róvere.

Los familiares de Mafalda Corinaldesi llamaron al hotel donde se había alojado, y solamente mediante el soborno a un empleado, pudieron enterarse de que un grupo de agentes de la Policía Federal, armados y vestidos de civil, se la habían llevado. Sin embargo, oficialmente, el personal del hotel dijo que Mafalda Corinaldesi nunca se había registrado allí.

Tiempo después, Leticia Corinaldesi, hermana de Mafalda, presentó una acción de hábeas corpus ante la justicia argentina, la cual fue rechazada a los pocos días.

Asimismo y una vez que recobró su libertad, Nila Heredia hizo diversas presentaciones ante organismos internacionales por Luis Stamponi y su madre, sin resultado.

Una vez recuperada la democracia en Argentina, Alicia Borgato, esposa de Stamponi, denunció lo ocurrido ante la CONADEP y presentó un habeas data en favor de su esposo y de su suegra.

La embajada italiana, en el año 1984, hizo una presentación colectiva por los ciudadanos italianos desaparecidos en Argentina, entre los que estaba Mafalda Corinaldesi.

Sin embargo, a pesar de todos estos intentos, en esas investigaciones tampoco se pudo obtener ningún dato que les permitiera a los familiares esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a la descripción que hemos realizado, se encuentra por demás de acreditado que el secuestro, traslado clandestino desde Bolivia hacia Argentina y la desaparición de Graciela Rutila, Efraín Villa Isola, Luis Stamponi y Oscar Gonzáles de la Vega, así como el secuestro y desaparición de Mafalda Corinaldesi en Argentina, ocurrieron gracias al andamiaje de coordinación aportado por Cóndor.

Prueba

Estos hechos se encuentran acreditados, en primer lugar, por la declaración de Nila Heredia en la audiencia, quien nos habló de la participación política y de la persecución que sufrió Luis Stamponi en Argentina, extremo que lo obligó a emigrar a Cuba a mediados de los 60. Ello se encuentra corroborado con el legajo remitido por la Comisión Provincial por la Memoria, que contiene documentación hallada en el archivo de la ex DIPBA sobre Luis Stamponi. Documento 1. En el mismo sentido, el legajo de la Policía de la provincia de Jujuy que se encuentra inserto en el legajo CONADEP de la víctima, muestra que era buscado por las fuerzas represivas argentinas por las actividades que realizaba. Documento 2.

Asimismo, Nila Heredia, que era miembro del ELN-PRT B, relató los inicios de la organización, cómo se integró a ella Stamponi y cómo, con los años, pasó a ser uno de sus principales referentes.

Acerca de las actividades que desarrolló tanto en el ELN como en el PRT B, escuchamos también a los testigos María Victoria Fernández y Edmir Espinoza quienes detallaron las distintas tareas que realizaron junto a Luis Stamponi.

Asimismo, Edmir Espinoza y Nila Heredia describieron las participaciones políticas de Oscar Gonzáles de la Vega, Graciela Rutila y Enrique Joaquín Lucas.

En relación con las actividades de Graciela Rutila, resulta también relevante la declaración testimonial de María Victoria Fernández, así como la documentación aportada por Carla Artes Company al momento de declarar en el juicio celebrado en la causa N°1627. Dentro de esas piezas, hay un documento que recepta las manifestaciones de Loyda Sánchez en el año 1983, en la que da cuenta de que, hacia 1975, Graciela era responsable de prensa del PRT B. Documento 3.

Asimismo, se encuentra una declaración de Matilde Artés Company, agregada en la causa que se le siguió a Eduardo Ruffo por la apropiación de Carla Artés Company e incorporada al debate, en la que hace referencia a que su hija era dirigente estudiantil y participó en las movilizaciones de apoyo a la huelga minera.

También dentro de ese conjunto de documentos, hay una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dirigida al ACNUR, fechada el 15 de mayo de 1978. En esa carta, se informó que cuando Rutila dio a luz a su hija Carla, vivía de manera clandestina en Lima, Perú. Documento 4.

Esa información cobra relevancia a la luz de los dichos de Edmir Espinoza, quien señaló que fue en Lima donde se había debatido la creación del PRT B; y que Graciela había estado allí como muchos otros miembros del ELN. Asimismo, Espinoza dijo que trabajó en Cochabamba para la organización, junto con un joven de la zona de Santa Cruz, que había estudiado en La Plata. Si bien no recordó su nombre, resulta claro que se refirió a Oscar Hugo Gonzáles de la Vega.

María Victoria Fernández dio detalles relacionados con la persecución que sufrieron los miembros del ELN en Bolivia. Por ejemplo, nos contó que cuando viajaba en tren con Luis Stamponi, se bajaban antes de llegar a las estaciones, por seguridad. Asimismo, dijo que había afiches en diferentes medios, fronteras y dependencias policiales, que decían que lo buscaba la policía por ser un delincuente político. En el mismo sentido declaró el testigo Edmir Espinoza, quien además aportó al juicio uno de esos carteles, que explicó era del año 1972. En el cartel se puede ver la foto, el nombre y el apodo de Graciela Rutila, Luis Stamponi, Nila Heredia, Edmir Espinoza y Rubén Sánchez, entre otros. Su encabezado reza: “Extremistas prófugos buscados por la policía por terrorismo, sabotaje, intimidación y asesinatos”. Al pie del cartel se lee: “Colabore con la seguridad nacional proporcionando datos sobre estos delincuentes”. Además, Gerardo Irusta en su libro titulado Espionaje y servicios secretos en Bolivia[2], afirmó que, según los dichos de un ex agente del Ministerio del Interior boliviano, esos carteles fueron elaborados sobre la base de informaciones provistas por el Sistema Cóndor, para que esas personas fueran perseguidas en los países que integraban la red. Documento 5.

 Acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el secuestro de Graciela Rutila y su hija Carla, contamos con la declaración de Carla Artés Company, brindada en el juicio de la citada causa N°1.627. Allí afirmó que, luego del operativo, su madre fue trasladada a una dependencia del Ministerio del Interior en La Paz, mientras que ella fue alojada en un orfanato. La misma información surge de la declaración de Matilde Artés Company en la causa n° 8.504[3], aportada por Carla, e igualmente se desprende del Informe de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos de la Paz, inserto en el legajo CONADEP N°6.333. Documento 6. En ese informe se señala que durante el operativo participaron los agentes bolivianos Melquíades Torrez, Víctor Barrenechea y Damy Cuentas, además de agentes del DOP de Oruro.

Por otro lado, el artículo del periódico Presencia, de abril-mayo de 1976, titulado “Representantes de la Cruz Roja visitaron prisiones políticas”, también aportado por Carla Rutila Artés, da cuenta de que durante esos meses, Graciela Rutila permaneció privada de su libertad en la cárcel de Viacha, en Bolivia. Allí también estuvo alojada por esos días Nila Heredia, quien declaró en esta audiencia que a Graciela la torturaron mucho y que durante los interrogatorios le mostraron a la niña y le dijeron que si decía dónde estaba Joaquín Lucas, se la iban a devolver.

En otro orden, la búsqueda de Joaquín Lucas aparece en otros dos registros. Por un lado, en la declaración en el debate de Amparo Carvajal, que como representante de la Iglesia Católica, visitó a Graciela Rutila en la cárcel de Viacha. Por otro, en una entrevista que cita Gerardo Irusta en su libro titulado Espionaje y servicios secretos en Bolivia, donde reproduce un diálogo mantenido con un ex agente del “sistema Cóndor” en Bolivia en el año 1993, quién le dijo que Graciela Rutila fue duramente torturada para conocer el paradero de su pareja, y tratar por ese medio que cayera la red urbana del ELN, que era su objetivo último.

En cuanto al secuestro de Oscar Gonzáles de la Vega, se pudo acreditar que entre el 20 y 23 de julio de 1976 hubo un operativo en la ciudad de Cochabamba, en el que desaparecieron varios integrantes del ELN, entre los que se encontraba la víctima. Esto surge especialmente de dos grupos documentales: el primero es el informe obrante en el folio N°172 de las Actuaciones Reservadas de la SIDE de la causa n° 1976; y el segundo grupo documental, la documentación aportada al debate por Nila Heredia a este debate, que incluye el Informe de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos de la Paz en relación a Stamponi y el artículo del diario “Hoy”, del 18 de septiembre de 1976, titulado “Perecieron 2 guerrilleros en enfrentamiento: Cochabamba”. Documento 7.

Al respecto, contamos, además, con el legajo CONADEP N°6.586, de cuyas constancias se desprenden la fecha y el lugar en que ocurrió el secuestro. Asimismo, dentro de ese mismo legajo, se encuentran asentados los dichos del padre de la víctima, Cecilio Gonzáles, documento fechado el 13 de noviembre de 1979, en el que describió lo que pudo averiguar sobre lo sucedido a su hijo luego del secuestro. Allí menciona que fue trasladado al DOP de La Paz, en donde fue torturado por los agentes conocidos como “Gemio”, “Balbian” y “Cuentas”, que luego fue incomunicado en una celda a oscuras y engrillado de pies y manos. En su relato, Cecilio Gonzáles también expresó que del 22 al 24 de agosto de 1976, su hijo fue trasladado a otra celda en donde fue torturado por agentes de la Policía Federal Argentina. Documento 8.

Esta información aparece también en la carta manuscrita firmada por Edmir Espinoza, que fue aportada por la testigo Nila Heredia en el juicio y ratificada por el mismo Espinoza el día de su declaración en el debate, en la que reconoció como propia la letra y la firma allí insertas. Documento 9.

También sabemos, por los dichos de Nila Heredia que en julio o agosto de 1976, Graciela Rutila fue interrogada por agentes argentinos. Del testimonio de Matilde Artés del 27 de octubre de 1981, agregado al legajo CONADEP N°6.333 y también del testimonio de Carla Artés, surge además que esos interrogatorios tuvieron lugar en una casa perteneciente al Ministerio del Interior boliviano.

Por otro lado, quedó demostrado en el debate, a través de los testimonios de María Victoria Fernández, de Nila Heredia y de Carla Artés Company, que el 17 de septiembre de 1976 fue asesinado en Cochabamba el compañero de Rutila, Enrique Lucas, junto a Pedro Silvetti.

El télex del sistema “CONDORTEL” a través del cual Bolivia le informó a Uruguay lo ocurrido, fue transcripto en forma literal en la página 344 del libro de Gerardo Irusta, aportado por Boccia Paz al debate, y en el libro titulado El asesinato de Juan José Torres, de Martín Sivak[4].

Además, el operativo fue difundido públicamente al día siguiente a través del artículo periodístico titulado “Perecieron 2 guerrilleros en enfrentamiento: Cochabamba”, que como dijimos fue aportado por Heredia el día de su declaración. Al final del artículo se lee lo siguiente: “Prosiguen las investigaciones con respecto al paradero del argentino Stamponi y de otros elementos de la misma organización”.

En relación con ello, Nila Heredia dijo en la audiencia que, a partir de junio de 1976, durante los interrogatorios a los que fue sometida, le dejaron de preguntar por Gerardo Bermúdez y la empezaron a interrogar sobre Luis Stamponi: querían saber su nombre real. Esto por supuesto da cuenta de las tareas de inteligencia que estaban haciendo para encontrarlo, y que cada vez estaban más cerca de lograrlo.

A su vez, dentro la documentación que aportó Nila Heredia, uno refleja sus propias manifestaciones ante la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia, en el año 2005, en donde cuenta que en agosto de 1976, en uno de los interrogatorios, estaban presentes policías argentinos y le preguntaron por Stamponi. Documento 10.

Acerca del secuestro de Stamponi, además del relato de Nila Heredia y del legajo CONADEP de la víctima, cobra relevancia el testimonio de María Victoria Fernández, quien presenció los hechos, ya que ella misma fue secuestrada en esa oportunidad. Ella contó cómo se desarrolló el operativo y relató el recorrido que hicieron por distintas dependencias oficiales, hasta llegar a la prisión de Achocalla y luego al DOP de La Paz.

Al igual que lo que pasó con el operativo que acabó con las vidas de Lucas y Silvetti, las agencias represivas bolivianas tampoco se abstuvieron de hacer pública la detención de Stamponi y sus compañeros. A través del comunicado N°24-76, el Ministerio del Interior hizo conocer los pormenores del operativo, ocurrido a las 5 de la mañana del 28 de septiembre de 1976. Ese comunicado fue transcripto en un artículo del diario “Hoy” de La Paz del 5 de octubre de 1976, que se encuentra incorporado al debate. Documento 11.

Señores jueces: La repatriación forzada de Rutila y Villa Isola hacia la frontera Villazón-La Quiaca, y su posterior entrega a la Gendarmería Argentina, también se encuentran acreditadas por prueba diversa.

En primer término, a través del radiograma del Ministerio del Interior de la República de Bolivia, de fecha 29 de agosto de 1976, obrante a fs. 168 de la causa n° 1.504, del que surge que a las 10.15hs. se procedió a expulsar a los ciudadanos argentinos Efraín Fernando Villa Isola y Graciela Rutila Artés con su hija, por el puente internacional. Documento 12.

Asimismo, acreditan tal circunstancia la declaración de Carla Artés Company y el informe de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados de Bolivia que obra en el legajo CONADEP de Rutila.

A su vez, a través de los testimonios de José Luis Bertazzo, sobreviviente de Automotores Orletti, se encuentra probada la presencia de Graciela Rutila y de Efraín Villa Isola en ese lugar.

La apropiación de Carla por parte de Ruffo, por otra parte, se tuvo por acreditada en la sentencia de la causa N° 8.504, en la que fue condenado.

Además, en el marco del debate de la causa n°1.627 Carla Artés dio cuenta de los maltratos y abusos que sufrió por parte de su apropiador.

Sobre Villa Isola, el testigo Bertazzo recordó que en Orletti tuvo oportunidad de conversar con él, quien le contó que lo habían detenido por problemas de documentos en Bolivia, pero que los agentes bolivianos se comunicaron con las fuerzas represivas argentinas, y estos lo fueron a buscar llevándolo directamente al CCD Orletti junto a Graciela Rutila.

Bertazzo afirmó también que Villa Isola estaba sorprendido, porque si bien había tenido una vieja participación política en el partido peronista, hacía tiempo que no tenía vinculación con la política argentina. A pesar de ello, lo cierto es que su nombre figuraba en los listados de personas consideradas subversivas, tal como quedó acreditado a través de la información inserta en la carátula del legajo de la víctima remitido por la Comisión Provincial por la Memoria. En él se le atribuye filiación política al ERP. Documento 13.

También contamos con otro listado, incluido en el Rollo 143 del archivo del terror, en donde Villa Isola figura dentro de una “nómina de terroristas argentinos”, y con un documento enviado por el NSA, consistente en una ficha secreta con fotografía, datos filiatorios y antecedentes suyos. Documento 14.

Tal como puede advertirse de estos documentos coincidentes, provenientes de acervos documentales diferentes, los organismos represivos argentinos buscaban a Villa Isola; y su detención y repatriación forzada se realizó a través de las redes de coordinación que se servían del andamiaje que proveía Cóndor.

Por otra parte, en relación con Villa Isola, el informe de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados de Bolivia da cuenta de que, a través del sobreviviente boliviano Jaime Lora, pudo determinarse que antes de ser entregado a Argentina, Villa Isola había intentado suicidarse en distintas oportunidades, luego de haber sido torturado por policías argentinos en Bolivia.

Asimismo, se probó en este juicio que la entrega clandestina de Villa Isola, Rutila y la hija de ésta no fue un hecho aislado, sino que lo mismo ocurrió con Gonzáles de la Vega y Stamponi.

Nila Heredia aportó un recorte del día 8 de octubre de 1976 del diario “Presencia” de La Paz, en el que se publicó un discurso pronunciado el día anterior por el Ministro del Interior boliviano, Pereda Asbún. En su alocución, el funcionario adelantó que Stamponi sería puesto en la frontera, por haber ingresado clandestinamente al país. Documento 15.

A su vez, en el informe sobre Luis Stamponi de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos de La Paz, se transcribió el relato del ya citado Jaime Lora, quien compartió cautiverio con él y con Oscar Gonzáles de la Vega. Lora dijo que una tarde del mes de octubre los vio en el DOP y describió que estaban bien peinados y con las manos atadas por detrás. Stamponi llevaba un poncho y Gonzáles de la Vega un traje azul. A partir de ese día no supo nada más de ellos. Este relato encuentra sustento en los dichos del testigo Edmir Espinoza en la audiencia de debate, quien aseguró haber visto a dos agentes aparentemente argentinos el día que se llevaron a Stamponi del DOP; y en el citado informe sobre Stamponi, de donde surge que el agente del DOP, José Luis Ormachea España, dijo que lo entregaron a la Gendarmería Argentina. Documento 16.

La entrega de los dos argentinos en la frontera, se encuentra acreditada también por los dichos de Nila Heredia, por la documentación que aportó el día de su declaración y por los legajos CONADEP de las víctimas.

A ello se suma la carta del Ministro del Interior, Migración y Justicia de Bolivia dirigida al Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, del 4 de mayo de 1979, relativa a un reclamo de Amnistía Internacional. Allí, en relación a Stamponi dice que “el sujeto antes mencionado fue detenido en fecha 28 de septiembre de 1976 en la localidad de Llallagua en plena actividad subversiva y posteriormente, en fecha 15 de octubre del mismo año, según Radiograma del DOP 203/76, fue expulsado del país, por constituir un elemento indeseable y su activa participación en política interna de tipo extremista, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley del 18 de enero de 1911”. Esta carta fue remitida a este juicio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento 17.

En este sentido, el testimonio de Nila Heredia, el legajo CONADEP N°3.379 y el hábeas data presentado por Manuel Gaggero en representación de Alicia Borgato y Silvina Stamponi, dan cuenta de que Mafalda Corinaldesi viajó para averiguar por su hijo, y que al igual que otros familiares recibió un radiograma del Ministerio del Interior donde estaba asentada la expulsión de Stamponi a Argentina. Como Mafalda fue secuestrada a su regreso de Bolivia, no contamos con ese documento, pero sabemos que efectivamente existió, ya que en la carta aportada por la CIDH del 4 de mayo de 1979, el propio Ministro del Interior boliviano alude al radiograma de expulsión n°203/76.

Con respecto a la fecha de desaparición de Stamponi, en diferentes documentos se asentó que se produjo el 15 de octubre de 1976 en la frontera de Villazón. Así quedó asentado en los certificados de la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior argentino relativos a ambas víctimas, que se encuentran en sus respectivos legajos CONADEP. En el caso de Stamponi, también se estableció esa como fecha presuntiva de desaparición en el Acta del año 1997 del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires.

Señores jueces: Las familias de todas las víctimas realizaron una enorme cantidad de averiguaciones con posterioridad a los secuestros de sus seres queridos. Así lo refleja la documentación aportada por Carla Artés Company, el libro titulado Crónica de una desaparición[5], y el capítulo 14 del libro Botín de guerra[6] de Nosiglia, que da cuenta de las gestiones realizadas por su abuela Matilde Artés en su búsqueda y en la de su madre.

Del mismo modo, los legajos CONADEP de Gonzáles de la Vega y Efraín Villa Isola, dan cuenta de que sus familias también presentaron denuncias con el fin de encontrarlos.

En relación a Gonzáles de la Vega, la denuncia dirigida al Ministerio del Interior del 17 de noviembre de 1978 y el relato de Cecilio Gonzáles, que obran en el legajo CONADEP N°6586, acreditan que Antonia de la Vega fue informada por el ministro del Interior boliviano, Juan Pereda Asbún, que su hijo había sido entregado a la Policía Argentina. Documento 18. Esta misma información recibió Matilde Artés en relación con su hija y su nieta. En la audiencia, Amparo Carvajal, agregó que el día que fue a recibir ese mismo radiograma a la Cruz Roja, se encontró con la madre de Stamponi, Mafalda Corinaldesi, quien estaba reclamando por su hijo. Y esto coincide con el testimonio de Nila Heredia y con el resto de la prueba documental que da cuenta del viaje de Mafalda Corinaldesi a Bolivia en búsqueda de su hijo.

Esta prueba también permite concluir que a su regreso, su secuestro en Buenos Aires se produjo también gracias a la complicidad de los organismos represivos argentinos y bolivianos.

En el legajo CONADEP N°3379, Alicia Borgato, nuera de Mafalda, denunció que el mismo día de su regreso, esto es el 19 de noviembre de 1976, Mafalda le contó lo que había ocurrido en Bolivia y le mostró el radiograma en el que constaba la entrega de Luis Stamponi a la Argentina. Documento 19. Y también le mencionó que sabía que la venían siguiendo desde su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

Si bien durante la tramitación del habeas data presentado en su favor, ninguno de los hoteles sitos en la calle Esmeralda reconocieron haber alojado a Mafalda Corinaldesi, lo cierto es que del relato de Alicia Borgato se desprende que sobornaron a un empleado del hotel Esmeralda, quien corroboró que Corinaldesi efectivamente se había alojado ahí; y que había sido sacada del lugar por policías. Además, Leticia Corinaldesi, hermana de Mafalda, relató en su declaración testimonial en la causa N°14.770[7], que su hermano Amadeo se había comunicado telefónicamente con el hotel sito en la calle Esmeralda 454 y que el mismo encargado le contó lo que había pasado.

A su vez, el legajo remitido por Comisión Provincial por la Memoria sobre Mafalda Corinaldesi, así como el habeas corpus presentado por su hermana Leticia Corinaldesi, dan cuenta de las denuncias y solicitudes de paradero que realizó la familia de Mafalda luego de su desaparición, las que no arrojaron resultados.

En virtud de todo lo expuesto, entendemos que a través de los elementos de prueba que hemos desarrollado, se encuentra suficientemente acreditada la puesta en funcionamiento de los mecanismos de coordinación establecidos por Cóndor, en relación con los hechos que afectaron a Graciela Rutila, Efraín Villa Isola, Oscar Gonzáles de la Vega, Luis Faustino Stamponi y Mafalda Corinaldesi.

Quedó demostrado el intercambio de información entre las fuerzas represivas argentinas y bolivianas, la realización de interrogatorios en centros de detención bolivianos por parte de agentes argentinos, el intercambio clandestino de prisioneros, su posterior alojamiento en CCD argentinos, sus desapariciones en nuestro país y hasta la apropiación de una niña, por parte de uno de los represores que operaba en Orletti.

En este juicio, debido a las limitaciones del objeto procesal establecidas durante la instrucción, a la separación del imputado Luciano Benjamín Menéndez y al fallecimiento de los imputados Videla, Harguindeguy, Bussi, y recientemente, de Olivera Róvere, sólo estamos habilitados para formular acusación contra Miguel Ángel Furci por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Graciela Rutila y de Efraín Villa Isola.

[1] Causa n°1627 “Guillamondegui Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado” (conocida como “Automotores Orletti”) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, sentencia del 31 de mayo de 2011.

Causa n° 1351 “FRANCO, Rubén O. y otros s/sustracción de menores de diez años” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, sentencia del 17 de septiembre de 2012.

[2] Gerardo Irusta Medrano, Espionaje y servicios secretos en Bolivia: 1930-1980, La Paz, edición del autor, 1995.

[3] Causa N° 8.504 (ex 2.327), caratulada “Ruffo, Eduardo Alfredo y Amanda Beatriz Cordero de Ruffo s/ inf. arts. 293, 138 y 139 del C.P.” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 10, en dieciséis cuerpos y un cuerpo identificado como “Anexo A. Causa n° 8.504 Juzgado Federal n° 5 Secretaría n° 10” correspondiente a fotocopias certificadas de la causa “Artes Company, Matilde c/Ruffo, Eduardo Alfredo s/filiación”.

[4] Martín Sivak, El asesinato de Juan José Torres. Banzer y el Mercosur de la Muerte, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, Ediciones Colihue SRL, 1997.

[5] Matilde Artes, Crónica de una desaparición. La lucha de una abuela de plaza de mayo. Espasa, Madrid, España, 1997.

[6] Julio E. Nosiglia, Botín de Guerra, Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina, 1985.

[7] Causa n° 14.770 “Corinaldesi, vda de Stamponi, Mafalda. Su privación ilegal de la libertad (antecedentes: habeas corpus n° 2.960 del Jdo. Sentencia letra “M” Sec n° 13)” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 -Secretaría N° 162-.