Víctimas de Uruguay

Gustavo Inzaurralde, José Nell, Nelson Santana, Dora Landi y Alejandro Logoluso

   

Descripción del caso

Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, uruguayo, estudió magisterio en su país, actuaba políticamente en la FAU y tenía participación gremial en la F.U.M., Federación Uruguaya de Maestros. Por estas actividades fue detenido en el año 1969; y a pesar de que poco después se le otorgó la libertad, esta no se hizo efectiva hasta 1971 en virtud de las llamadas medida de pronta seguridad”.

Durante el tiempo que estuvo detenido, conoció a José Nell, un argentino que trasladó su residencia a la ciudad de Montevideo porque su hijo era Tupamaro y había sido detenido allí. En el marco de las visitas a su hijo es que conoció Gustavo Inzaurralde y entablaron amistad.

Cuando logró su libertad en 1971, lo hizo bajo la condición de abandonar el país. Se trasladó así a Chile, en donde mantuvo su vinculación política con Uruguay desde la Resistencia Obrera Estudiantil. Allí conoció a su pareja, María del Carmen Posse Merino. Tras el golpe militar en ese país debió nuevamente trasladar su residencia.

Se instaló en el partido de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, en donde se reencontró con antiguos compañeros de la ROE y la OPR 33; y junto a ellos participó en la fundación del PVP.

Durante el proceso de gestación del PVP, el 2 de junio de 1974, fue detenido por la policía argentina junto a más de cien compatriotas. Tal como surge de la documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria, antes de ser liberados, todos ellos fueron fichados por las autoridades locales.

Como hemos visto, durante 1976 se produjeron dos oleadas represivas contra los integrantes del PVP, y es así que para fines de ese año, la sección Buenos Aires del partido ya había sido prácticamente desarticulada.

Es en este contexto que María del Carmen Posse, pareja de Inzaurralde, salió del país hacia Brasil desde donde luego pidió refugio y fue recibida por Suecia. José Nell la acompañó hasta Porto Alegre.

Por su parte, Gustavo Inzaurralde, quien también había iniciado los trámites para refugiarse en Europa, quedó al mando de lo que quedaba del PVP, y a comienzos del año 1977 viajó a Paraguay con el objetivo de obtener documentación que permita sacar del país a otros compañeros. Allí debía encontrarse con su amigo José Nell.

Nelson Santana Scotto, también uruguayo, integró en su país la ROE. Luego de haber sido detenido durante un breve tiempo por las Fuerzas Conjuntas en 1973 y ante la continua persecución, en mayo de 1975 se radicó en Argentina. Aquí, se instaló en la Capital Federal y se integró al PVP. Como Inzaurralde, sobrevivió a la represión desplegada en nuestro país contra el PVP, y el 14 de marzo de 1977 viajó a Asunción, Paraguay, a fin de obtener documentación falsa y, con ella, llegar a Río de Janeiro para solicitar asilo político en la oficina de las Naciones Unidas.

Por su seguridad, circulaba con una identificación a nombre de Jorge Eugenio Monti. En Asunción debía encontrarse con José Nell.

José Nell, conocido como “Pepe”, era de nacionalidad argentina y pertenecía al partido peronista.

Tal como se indicó, tenía un único hijo que durante un tiempo estuvo detenido en la cárcel de Punta Carretas, en Montevideo y por eso se trasladó a esa ciudad. En el contexto de las visitas que realizaba a su hijo, conoció a Gustavo Inzaurralde y entablaron una amistad.

De regreso en Argentina José Nell se involucró activamente en el proceso de evacuación de perseguidos políticos ayudándolos a obtener documentación que les permitiera salir del país y eventualmente conseguir asilo político.

Su casa de la calle Portela en el barrio de Flores, era conocida como una “casa segura” y, además, como él no era activista podía realizar trámites y cruzar la frontera con mayor facilidad que aquellos que se encontraban requeridos. En el marco de estas actividades, Nell se reencontró con Gustavo Inzaurralde y, comenzaron a trabajar juntos.

En enero del ´77 José Nell viajó a Asunción con la intención de instalarse como contacto y enlace para aquellos que llegaran desde Buenos Aires y necesiten conseguir documentación falsa.

Dora Marta Landi, oriunda de Tandil –provincia de Buenos Aires, se trasladó a la ciudad de La Plata para estudiar Bellas Artes. En la Universidad conoció a Alejandro Logoluso, originario de la ciudad de Mar del Plata.

Allí, ambos tenían participación política en la Juventud Peronista y como consecuencia de esta actividad, fueron perseguidos y la casa de Alejandro en Mar del Plata fue allanada en tres oportunidades.

Decidieron irse del país hacia Brasil y desde allí intentar obtener refugio para llegar a Europa.

El 27 de enero de 1977 Dora Marta Landi y Alejandro Logoluso viajaron primero a Misiones; y desde allí a Asunción del Paraguay con el objetivo de conseguir documentación. Como medida de seguridad, Logoluso estaba utilizando documentación falsa a nombre de Guillermo Oscar Stagni.

En Asunción se instalaron en la pensión ubicada en la calle Fulgencio Moreno 884, en donde se encontraron con José Nell.

Ese mismo día, 27 de enero de 1977, la casa de Alejandro Logoluso en Mar del Plata fue nuevamente allanada. Allí sólo encontraron a su hermana Laura, a quien amenazaron preguntando por Alejandro.

El 29 de marzo 1977 en el marco de un operativo policial vinculado a la falsificación de documentos, fueron detenidos en la pensión de la calle Fulgencio Moreno 884, Asunción del Paraguay, José Nell, Gustavo Inzaurralde, Nelson Santana Scotto, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi.

Las fuerzas represivas paraguayas llegaron allí a partir del aviso de una informante que denunció la operación de documentación falsa tras haber escuchado una conversación en la Dirección de Identificaciones. En el local, quedó una guardia policial.

De allí José Nell, Dora Landi y Alejandro Logoluso fueron llevados a dependencias del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, en Asunción. A Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, en cambio, los llevaron a la “Dirección de Vigilancia y Delitos”, también de la Policía paraguaya, en donde fueron intensamente torturados y, luego de unos días, los alojaron junto a los tres prisioneros argentinos en el Departamento de Investigaciones.

Allí, en el marco de la actuación coordinada de las fuerzas represivas que estableció la asociación ilícita Operación Cóndor, todos fueron salvajemente torturados e interrogados por personal paraguayo, argentino y uruguayo que viajó a Paraguay al efecto. Los interrogadores pertenecían a la Policía Federal Argentina, a la SIDE y al Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay.

El 16 de mayo de 1977, los cinco prisioneros fueron ilegalmente entregados por la policía paraguaya a las fuerzas represivas argentinas.

Fueron trasladados en un avión bi-reactor perteneciente a la Armada Argentina piloteado por el capital de navío Luis D´Imperio, alias “Abdala”, con destino a la ciudad de Buenos Aires.

El traslado coincidió con una visita que Jorge Rafael Videla realizó a su par paraguayo los días 14 y 15 de mayo de 1977.

Poco después, uno de los secuestrados, Gustavo Inzaurralde, fue visto en el CCD “El Atlético”, ubicado en la intersección de las avenidas Paseo Colón y San Juan, dentro de la jurisdicción del Área 6 de la Subzona Capital Federal, donde fue alojado en condiciones inhumanas por lo menos hasta el 27 de mayo de 1977.

 En cuanto tomaron conocimiento de lo sucedido, sus familiares realizaron innumerables gestiones para encontrarlos.

Por ejemplo, el padre de Alejandro Logoluso se trasladó inmediatamente a Asunción y se presentó ante la Cruz Roja del Paraguay, en donde luego de una comunicación con el Ministro del Interior de ese país le confirmaron que Alejandro estaba detenido.

Como le impidieron hacer algo al respecto, regresó a la Argentina y comenzó a realizar gestiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue él quien avisó a la familia Landi, y tanto sus padres como su hermana realizaron gran cantidad de gestiones para obtener alguna información. Ambas familias viajaron juntas en diversas oportunidades a Paraguay y realizaron denuncias conjuntas.

Por otra parte, después de un tiempo de no recibir noticias de Gustavo Inzaurralde, su familia recibió la visita de un funcionario de la embajada de Suecia quien se presentó en la casa familiar de Montevideo preguntando por él, ya que su pareja, Posse Merino, lo estaba reclamando en aquel país.

En ese momento se dieron cuenta de que algo había ocurrido, aunque todavía no sabían en dónde se había producido su desaparición; por eso, una vez que pudieron determinar que ello había ocurrido en Asunción, comenzaron a hacer denuncias tendientes a obtener información.

En lo que hace a Santana, su familia tomó conocimiento de su desaparición a través de una carta anónima que recibieron en su domicilio de la ciudad de Montevideo. La carta, escrita a máquina, sin firma ni fecha, indicaba que debían viajar a Argentina para realizar denuncias ya que desde fines de marzo no se tenía información de él.

Actualmente los cinco, Gustavo Inzaurralde, José Luis Nell, Dora Marta Landi, Alejandro Logoluso y Nelson Santana Scotto, permanecen desaparecidos.

A partir de lo que hemos relatado, concluimos que no existen dudas de que los hechos de los que fueron víctimas estas personas, fueron ejecutados gracias al andamiaje logístico, técnico e ideológico proporcionado por la Operación Cóndor.

 

Prueba

Los hechos descriptos se encuentran acreditados por gran cantidad de elementos.

Sobre las actividades sociales y políticas que las víctimas desarrollaban antes de su desaparición, declararon varias personas.

En el caso de Gustavo Inzaurralde, nos informaron al respecto sus dos hermanos William y Alberto, así como María del Carmen Posse Merino, su pareja al momento de los hechos.

Todos se explayaron sobre sus actividades políticas, sus detenciones en Uruguay y su exilio, primero en Chile, desde donde continuó con su actividad política, y luego en Argentina, donde integró el PVP.

Sobre su pertenencia a esta agrupación declaró Rubén Prieto Benencio, quien agregó que cuando se produjo la arremetida represiva contra el PVP en Buenos Aires, Inzaurralde pasó a ocupar un lugar en la dirección del partido.

Fue por esta razón que viajó a Paraguay, con la intención de obtener documentación que le sirviera a él y a otros compañeros a salir de la región.

En sentido similar, Cristina Mihura relató que Inzaurralde fue el último responsable de la agrupación con quien ella tuvo contacto antes de irse al exilio. En ese momento, él le dijo que quien no tenía actividades estratégicas en Argentina se tenía que ir del país.

La trayectoria política de Nelson Santana se encuentra acreditada, entre otros elementos, con las actas que protocolizaron el interrogatorio al que fue sometido durante su cautiverio en Asunción, en donde constan sus manifestaciones, arrancadas mediante tortura. Allí, Santana fue obligado a relatar sus actividades políticas desarrolladas en Uruguay y Argentina. Documento 1.

Asimismo, contamos con el Memorándum n° 1.331/1.977 remitido por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Departamento n°3 de la ciudad de Montevideo a Paraguay y descubierto dentro de la documentación del “Archivo del Terror” de ese país. En este documento, fechado el 31 de marzo de 1977, la inteligencia uruguaya remite los antecedentes políticos de los detenidos uruguayos, Inzaurralde y Santana. Este documento también da cuenta de cuáles eran los canales de coordinación represiva ya que, una vez secuestrados en Asunción del Paraguay, las fuerzas represivas uruguayas remitieron los antecedentes políticos de las víctimas para que fueran utilizados durante los interrogatorios. Documento 2.

Sobre las actividades desarrolladas por José Nell, se explayó la testigo Liliana Nell.

Asimismo, María del Carmen Posse recordó el compromiso social de Nell y la amistad que lo unía con Gustavo Inzaurralde. Respecto de su actitud solidaria, recordó que tenía muchos amigos que eran uruguayos exiliados y que en su casa del barrio de Flores solían comer o dormir temporalmente. En el mismo sentido, recordó que Nell la ayudó para cruzar la frontera a Brasil desde donde luego se exilió.

Por su parte, la hermana de Dora Landi, Nidia, nos informó sobre la participación política de su hermana y su cuñado en la Juventud Peronista en la Ciudad de La Plata, los allanamientos sufridos por la familia Logoluso en su casa de Mar del Plata, presumiblemente, por parte de personal de la Armada Argentina. Agregó que fue a raíz de estos hechos que decidieron irse al extranjero.

Sobre la participación política de Landi y Logoluso, también declararon los testigos Lidia y Esteban Cabrera, y Sotero Franco.

Los detalles de los allanamientos sufridos por la familia Logoluso también surgen del legajo CONADEP de Alejandro Logoluso, N° 2.498. Allí, José Antonio, padre de la víctima, explica que la primera visita en donde preguntaron por su hijo fue en mayo del ´75 y es por esto que le recomendó a Alejandro que dejara la ciudad de Mar del Plata. La segunda vez fue el 28 de abril de 1976 y la tercera en julio de ese mismo año. En esta oportunidad tanto José Logoluso, como su esposa y su hija Laura Hortensia Logoluso fueron interrogados durante largas horas en la sede de la Base Naval de Mar del Plata.

A las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el secuestro, también se refirieron los testigos Alberto y William Inzaurralde, María del Carmen Posse Merino y Nidia Landi, quienes relataron todo lo que supieron a partir de las investigaciones que realizaron cuando tomaron conocimiento de las desapariciones; en particular, de la documentación del denominado Archivo del Terror a la que tuvieron acceso una vez descubierto.

En efecto, las detenciones, el cautiverio y los interrogatorios de Inzaurralde, Santana Scotto, Nell, Landi y Logoluso, fueron documentados por parte de la policía de Asunción.

Entre los documentos de ese acervo que fueron incorporados al debate, encontramos los que registran el operativo de detención. En ellos se explican los motivos de la requisa, se describe el procedimiento realizado y se enumera a las personas detenidas. Documento 3.

Sobre las circunstancias del secuestro también contamos con lo narrado por los testigos Lidia Cabrera y Sotero Franco, quienes compartieron cautiverio con ellos en el Departamento de Investigaciones. En este debate nos revelaron lo que las víctimas les contaron sobre el momento de sus capturas.

Además de Lidia Cabrera y Sotero Franco, Esteban Cabrera, Jaime Burgos Valdivia y César Báez Samaniego, también tomaron contacto con las víctimas dentro del Departamento de Investigaciones de la Policía en Asunción. Todos coincidieron en que estas personas se encontraban en esa ciudad a fin de obtener documentación paraguaya para poder salir del país y escapar de la persecución de la que eran objeto.

Lidia Cabrera, quien estuvo en cautiverio en el Departamento de Investigaciones entre los meses de enero y diciembre de 1977, agregó que compartió celda con Dora Marta Landi desde el momento de su detención y hasta su traslado. Contó que durante ese tiempo conversaron mucho y en ese marco tomó conocimiento de los interrogatorios y torturas sufridos por todas las víctimas. En particular, Landi le contó que las personas que la interrogaron eran de “Coordinación Federal”.

Respecto de las torturas sufridas por Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde la testigo relató haber visto que les metían la cabeza en un tacho.

En cuanto a las condiciones del cautiverio, recordó que Landi y Logoluso se comunicaban por señas desde una celda a la otra, lenguaje que ella también aprendió. Esta misma información fue volcada por la testigo en su legajo CONADEP (Nº 3.258), incorporado al debate.

Por su parte, Sotero Franco quien también estuvo en cautiverio en el Departamento de Investigaciones para la misma época que Cabrera, recordó en esta audiencia el momento en que arribó el grupo compuesto por Logoluso, Landi, Santana, Inzaurralde y Nell; que Logoluso fue alojado en su celda, Landi junto a su esposa Lidia Cabrera; y Santana, Inzaurralde y Nell fueron llevados al primer piso.

Franco confirmó también las torturas padecidas por José Nell, a quien vio muy golpeado; y aquellas padecidas por Logoluso por parte de la Policía Federal Argentina.

El testigo Esteban Cabrera, quien también estuvo alojado en el Departamento de Investigaciones entre los meses de enero y diciembre de 1977, también recordó a las víctimas en su lugar de detención y se refirió especialmente a Logoluso, con quien compartió la celda; y a Santana, de quien recordó que era uruguayo.

Asimismo, el testigo Domingo Rolón Centurión recordó que las víctimas estaban recluidas en el Departamento de Investigaciones para el mes de marzo de 1977.

Por otro lado, escuchamos también la declaración de César Báez Samaniego, quien se explayó en esta audiencia acerca de lo que pudo conversar con Gustavo Inzaurralde durante su detención, ocurrida a fines del mes de abril de 1977.

En particular, Samaniego dio cuenta de las torturas sufridas por Inzaurralde, describiendo las marcas de golpes que tenía en su espalda y pecho.

En la audiencia también escuchamos el testimonio de Jaime Burgos Valdivia, quien recordó haber estado prisionero en Asunción junto a otras personas en el primer piso de un recinto en donde, según entendió en ese momento, todos estaban recluidos por sus actividades políticas.

Afirmó que en ese lugar compartió la celda con Inzaurralde y Santana Scotto a quienes en ocasiones veía sentados contra una pared.

Además, corroboró, de acuerdo a lo que el propio Inzaurralde le dijo, la presencia de personal uruguayo.

Corresponde aclarar que si bien Burgos Valdivia manifestó que su cautiverio se había extendido entre los meses de junio y agosto de 1977, lo cierto es que no caben dudas de que es un recuerdo inexacto, dado el tiempo transcurrido.

En efecto, no solamente contamos con el resto de los testimonios, que aseguran haberlos visto en cautiverio en ese lugar desde fines del mes de marzo hasta mediados de mayo de 1977, sino que también contamos con las listas de detenidos del Departamento de Investigaciones de la Capital, remitidas por el Archivo del Terror, de donde surge que Valdivia, así como José Nell, estaban prisioneros en mayo de ese año. Nos referimos puntualmente al listado de fecha 10 de mayo de 1977, en donde se indica que el testigo se encontraba recluido, sin ingreso, en la comisaría seccional 12. En este listado se plasma la presencia de Jose Nell bajo el título “Depositados en la Dirección de Vigilancia y Delitos. Ambas personas aparecen también mencionadas en los listados de detenidos correspondientes a los días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo de 1977. Documento 4.

A mayor abundamiento, se encuentran incorporados una serie de listados de detenidos de diferentes fechas en donde consta su presencia y, en particular, destacamos el listado titulado Nómina de detenidos recluidos en esta jefatura que no figuran”. Este listado muestra el carácter secreto en que se encontraban algunos detenidos. Documento 5.

Allí consta la presencia en el Departamento de Investigaciones de las víctimas de este caso (Inzaurralde, Santana, Nell, Landi y Logoluso) y también la de los testigos que hemos escuchado en esta audiencia: Lidia Cabrera, Sotero Franco, Esteban Cabrera y Domingo Rolón.

Respecto de la fecha de ingreso al lugar de reclusión, se han remitido fragmentos del libro de detenidos de la época. En ese libro, el 29 de marzo de 1977 se registró el arribo al Departamento de Investigaciones de Asunción de Inzaurralde, Landi, Logoluso y Santana. Documento 6.

Contamos también con los prontuarios elaborados por la policía de Asunción, correspondientes a José Nell, Dora Marta Landi y Alejandro Logoluso. En todos ellos consta la fecha y circunstancias de la detención, sus antecedentes políticos, resultado de los interrogatorios, y el destino: su entrega a las autoridades argentinas y viaje hacia Buenos Aires el día 16 de mayo de 1977. Documento 7, Documento 8 y Documento 9.

En cuanto a los documentos que dan cuenta de la participación de las fuerzas represivas de otros países, corresponde mencionar aquél titulado “Resumen de actividades inteligencia días 5/6 abril 1977”, que describe detalladamente las actividades relacionadas con estos detenidos. En este documento, de carácter secreto, se detalla la presencia en Asunción y avocada a estas tareas, de personal del SID de Uruguay y se especifica que fue ese organismo el que informó acerca de que Inzaurralde y Santana Scotto participaban en organizaciones políticas activas en Argentina y en Uruguay. Asimismo, en el registro del segundo día de actividades, se señala que se presentó personal de la SIDE argentina con abundante documentación sobre el PVP. Recordemos que ya hemos relatado la actuación conjunta y coordinada de las fuerzas represivas uruguayas con la OT 18 de la SIDE para el secuestro de los integrantes del PVP en la ciudad de Buenos Aires. Del distribuidor del documento, que puede apreciarse al pie del informe, surge que esta información se puso en conocimiento de la subzona 23 y del área 234 del Ejército Argentino; y de la Dirección De Investigaciones de la Policía de Asunción. Documento 10.

También contamos con la nota dirigida al jefe del Departamento de Investigaciones, por medio de la cual se eleva el informe anterior. En ella, se aclara que todos los detenidos fueron sometidos a interrogatorios. Expresamente dice: “interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos”. Además, se individualizan las personas que participaron de esas actividades, a saber: “Cnel. Benito Guanes Serrano” y “Tte Cnel. Galo Escobar”, del Departamento II del Estado Mayor General (Paraguay); Tte. 1° Ángel Spada y Sgto. Juan Carlos Camicha, de la Jefatura del área 234 (Argentina); José Montenegro y Alejandro Stada del SIDE, Servicio de Inteligencia del Ejército (Argentina) y el “Mayor Carlos Calcagno del SID de Uruguay”. Evidentemente, dado a que se trata de personal de inteligencia, algunos de estos nombres no eran reales. En cuanto al personal que se indica como perteneciente al Ejército Argentino, en el marco de este juicio tanto la ex SIDE como el Ejército han informado que no registran antecedentes respecto de José Montenegro ni Alejandro Stada. Documento 11.

También dentro de los antecedentes del “Archivo del Terror”, encontramos otro extenso documento elaborado en la ciudad de Montevideo, en este caso, por el Departamento II –de Información- del Ejército Nacional del Uruguay, en el que se remiten los antecedentes de las agrupaciones políticas FAU, ROE y OPR 33. Este informe, si bien no tiene fecha de elaboración, se adjunta a la nota en la que se eleva el “Resumen de Actividades de Inteligencia” citado hace unos instantes, de manera que podemos concluir, sin lugar a dudas, que esta información suministrada por las fuerzas uruguayas fue utilizada para esas actividades. Entre la documentación enviada, también obran los resultados de los interrogatorios bajo tormentos de José Nell, Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Documento 12.

Existe, además, otro documento del Archivo del Terror, que obra agregado como parte de la documentación que integra la causa n°1.461/1993 “Mignone”, incorporada a este debate. Se trata de una carta manuscrita por Dora Marta Landi durante su cautiverio en Asunción. En ella, se dirige al Sr. Director, presumiblemente Alberto Cantero, Director del Departamento de Política y Afines, y solicita que le permita comunicarse con su suegro, padre de Alejandro Logoluso a fin de aclarar, cito, “el problema de los documentos”. Documento 13.

Estos documentos, son un claro ejemplo de cómo funcionaba la coordinación represiva entre los países de la región en el marco de la asociación ilícita “Operación Cóndor”.

Ahora bien, en relación al traslado de los prisioneros desde Paraguay hacia la Argentina, Lidia Cabrera nos habló de la preocupación que aquejaba a Landi ya que pensaba que si los trasladaban a Argentina, no iban a ser, en sus palabras, “perdonados”.

Acerca del destino de este traslado, recordó que cuando se los llevaron escuchó que dos guardias hablaban en guaraní y se decían: “a estos Videla no se los va a perdonar, se los va a llevar en el avión a Bs As, pero no van a llegar. Los van a tirar por el camino”.

Al respecto, también obra en la causa un cable remitido por el NSA, fechado el 21 de julio de 1978 y originado en la embajada norteamericana en Asunción, en la que se vuelca el agradecimiento de Lidia Cabrera por las gestiones realizadas desde esa embajada para lograr su libertad. Allí también consta el relato de sus vivencias durante el cautiverio, en las que se refiere expresamente a los casos de Landi, Logoluso, Nell, Inzaurralde y Santana, como entregados a las autoridades argentinas en oportunidad de la visita del presidente de facto Jorge Rafael Videla a la ciudad de Asunción, en mayo de 1977. Documento 14.

Sotero Franco también dio cuenta de las circunstancias relativas al traslado, todo lo que coincidió con los dichos de su esposa.

Por su parte, el testigo Esteban Cabrera también recordó la preocupación de Logoluso sobre su entrega a las autoridades argentinas. En este sentido relató que el propio Logoluso le dijo que con seguridad Videla iría a Asunción para un acto con Stroessner y se los llevarían, pero que “los iban a tirar del avión”.

Los testigos Samaniego, Cabrera y Franco coincidieron al relatar que las víctimas de este caso fueron entregados a las autoridades argentinas en épocas cercanas a la visita del presidente de facto Jorge Rafael Videla al Paraguay.

Burgos Valdibia, por su parte, contó que Inzaurralde le dijo que estaba seguro de que él y Santana Scotto serían trasladados, y recordó haber visto cómo lo preparaban en lo que él entendió que sería un traslado. En ese momento Inzaurralde le dijo que los estaban entregando a la policía uruguaya.

Al respecto, se encuentra incorporado el informe fechado el 16 de mayo de 1977, en el que el jefe de la policía de la Capital detalló los nombres y nacionalidades de las personas que fueron expulsadas del país. Allí se indica que el motivo es por carecer de documentos de radicación.

Sin embargo, a la luz del resto de los documentos en los que se plasman las actividades de inteligencia, es obvio que la inserción de esa información no es otra cosa que un intento, por parte de la autoridades paraguayas, de solapar la entrega ilegal de prisioneros por motivos políticos a las fuerzas represivas argentinas, y de esa manera pretender desvincularse de su responsabilidad por el destino nefasto que tendrían esas personas.

Pero además de los registros de la expulsión, se encuentra incorporado el informe mediante el cual se puso en conocimiento el efectivo traslado de los detenidos. En este documento, dirigido al jefe del Departamento de Investigaciones paraguayo, Pastor Coronel, consta que el 16 de mayo de 1977, a las 16.34 hs, en un avión bi-reactor de la Armada Argentina, con matrícula 5-7-30-0653 piloteado por el capitán de corbeta José Abdala, viajaron con destino a la Ciudad de Buenos Aires los detenidos Gustavo Inzaurralde, Nelson Santana Scotto, José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi; entregadas al Tte. 1° José Montenegro y Juan Manuel Berret, ambos del, cito textual, “SIDE (Servicio de Información del Ejército)”. Es evidente que aquí hay un error dado que la sigla correspondiente al Servicio de Informaciones del Ejército es SIE y no SIDE. Corresponde aclarar, como ya adelantamos, que se encuentra también acreditado que la persona que se menciona en esta constancia de entrega de detenidos, José Abdala, es en realidad el extinto Capitán de Navío Luis Nicolás D´Imperio, miembro de la Armada Argentina. Documento 15.

Respecto de Alejandro Logoluso, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un listado encontrado en los archivos de la ex DIPBA, originalmente fechado el 17 de marzo de 1977 y remitido por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Armada Argentina, sobre “personas con pedido de captura por desarrollar actividades subversivas”. En este listado, caracterizado como “estrictamente secreto y confidencial” y que, según se informa, es el resultado de los requerimientos de diversos organismos de inteligencia y seguridad, se indica que una vez que se produzca la detención de alguna de las personas requeridas ese organismo –el SIN- se lo comunicará al organismo que la hubiese solicitado a efectos de que se adopten las medidas de coordinación que se consideren convenientes. En este listado se encuentra individualizado Alejandro Logoluso. Gracias a este documento, entendemos el motivo por el cual un avión de la Armada Argentina, al mando de un integrante del Servicio de Inteligencia Naval, voló a la ciudad de Asunción del Paraguay y su dotación fue quien recibió el grupo de secuestrados. Documento 16.

Todos ellos eran perseguidos en nuestro país; y a este juicio se agregaron las pruebas que demuestran que, específicamente, sobre Logoluso pesaba un pedido de captura y que el SIN no solamente dio difusión a ese pedido, sino que también era el responsable de la coordinación una vez que se lograra su detención.

En cuanto al cautiverio de Gustavo Inzaurralde en el CCD El Atlético, contamos con los dichos de Ricardo Hugo Peidró, tanto en este juicio como en el que se juzgaron por primera vez los hechos ocurridos en el circuito represivo de los centros clandestinos de detención “El Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.

Peidró dio cuenta de la presencia de Inzaurralde en la celda en la que él mismo estaba secuestrado en El Atlético, el 26 de mayo de 1977. A pesar de que compartieron sólo ese día, pudieron conversar sobre sus historias, y es así que se enteró de quién era él; y que había sido secuestrado en Asunción y trasladado clandestinamente a la Argentina. Peidró fue liberado al día siguiente, y para ese momento Gustavo Inzaurralde permanecía en el lugar. Fue la última persona que lo vio con vida.

El CCD El Atlético se ubicó en el inmueble donde anteriormente funcionó la División de Suministros de la PFA ubicado dentro de la jurisdicción del Área 6 de la Subzona Capital Federal, en la manzana delimitada entre las avenidas Paseo Colon y San Juan y las calles Cochabamba y Azopardo.

Diversa es también la prueba que da cuenta de las gestiones realizadas por las familias para encontrar a las víctimas.

Por ejemplo, Nidia Landi, hermana de Dora, relató con detalle los viajes realizados a Paraguay. Así supimos, por ejemplo, que la casa en la que ocurrió la detención tenía una guardia de seguridad, extremo corroborado por otro documento perteneciente al Archivo del Terror.

Asimismo, Landi relató las diferentes versiones que le dieron sobre el paradero de su hermana generando falsas esperanzas y expectativas, así como también la multiplicación de los trámites ante cada novedad. Sobre estas versiones, contó que hasta el cónsul argentino en Paraguay formó parte de las mentiras cuando les informó que Dora había sido entregada a las autoridades argentinas el 22 de noviembre de 1977. Contó también la cantidad de presentaciones intentadas tanto judiciales como administrativas, pero nada de eso arrojó luz sobre el destino de Dora Marta Landi.

Por su parte, Liliana Nell, sobrina de José Nell, se explayó sobre las averiguaciones que realizaron su padre y su tía, hermanos de José, sin obtener información. Recordó que su tía Sara fue personalmente hasta la casa en donde vivía Nell en el barrio porteño de Flores pero la encontró cerrada o clausurada de manera que se impedía el ingreso de personas. Esta circunstancia coincide con el relato hecho por la propia Sara Nell obrante en el legajo SDH n°3526, correspondiente a la víctima.

La Comisión Provincial de la Memoria también remitió constancias de tramitación de solicitudes de paraderos, que responden a las gestiones de búsqueda de sus familiares. No es extraño mencionar, a esta altura, que en todas esas respuestas, sistemáticamente, se informa que no se registran antecedentes.

También se encuentran incorporados los expedientes de habeas corpus y privación ilegal de la libertad tramitadas ante la justicia argentina por las familias. Todos ellos constituyen prueba fehaciente de la incansable búsqueda que los familiares llevaron adelante a pesar de las diferentes informaciones que fueron recibiendo a lo largo del tiempo, las cuales en su gran mayoría resultaban contradictorias.

Tal es así que en el marco de una de ellas, el legajo n°35 de la justicia federal del departamento de Azul, provincia de Buenos Aires, el propio Ministerio del Interior respondió a uno de los tantos pedidos de informes, que existían informaciones contradictorias respecto del paradero de Dora Marta Landi, proporcionadas por el Comando en Jefe del Ejército, y que por lo tanto debían recabarse nuevamente.

Por otro lado, los hechos relatados y las gestiones realizadas por sus familiares también se encuentran en las actuaciones agregadas a los legajos CONADEP correspondientes a estas víctimas e incorporados a este debate.

Se encuentran también incorporados, los expedientes donde se tramitó la ausencia por desaparición forzada de Nelson Santana Scotto y Dora Marta Landi, en donde el Estado argentino reconoció esa condición fijando presuntivamente, como ocurrida el 16 de mayo de 1977, fecha del traslado desde Asunción a Buenos Aires, en el caso de Santana y el 29 de marzo 1977, fecha del secuestro, en el caso de Landi.

Respecto de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana contamos también con los legajos COMIPAZ y las fichas patronímicas, las cuales han sido relevadas en la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos de Uruguay.

Asimismo, ambos figuran también en una lista de personas uruguayas desaparecidas en Buenos Aires, remitida por el NSA.

Señores jueces: se ha comprobado en este juicio cómo ocurrieron los cinco secuestros en Paraguay; cómo circuló respecto de ellas la información entre los diversos servicios de inteligencia de los diversos países antes, durante y con posterioridad a sus aprehensiones; cómo se coordinaron regionalmente sus interrogatorios bajo tortura con la presencia de personal de las fuerzas represivas de Paraguay, Uruguay y Argentina; y cómo y por qué fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires.

Y también se probó que al menos Inzaurralde estuvo recluido en el CCD denominado “El Atlético”, bajo jurisdicción del Área VI. El Área VI se encontraba bajo la responsabilidad, en esa época, de la Armada Argentina. A su vez, como dijimos, se encontraba dentro de la jurisdicción de la Subzona Capital la cual respondía a las órdenes del Segundo Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, quien ese momento era José Montes.

De los hechos que hemos probado, en este juicio sólo está formalmente imputado Antonio Vañek por la privación ilegal de la libertad de la que fue víctima Gustavo Edison Inzaurralde Melgar.