PIA Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La PIA solicitó la apertura de un sumario para ex funcionarios de la Secretaría de Comercio y del Mercado Central

El caso se centra en dos hechos: la entrega de dos terrenos pertenecientes al Estado nacional desde la Corporación del Mercado Central hacia la Asociación Civil Club Atlético Mercado Central y, posteriormente, de esa entidad hacia el Club Sportivo Barracas. También se investiga el posible desvío de fondos públicos para beneficiar a la institucion deportiva del Mercado.

El caso se inicia por la comunicación que practicó el Juzgado Federal N°3 de Morón con copia del requerimiento de instrucción formulado por el titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción, Sebastián Basso, quien impulsó la acción penal contra varios ex funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, requiriendo una gran cantidad de medidas probatorias que están en curso.
De la comunicación practicada se desprende que el 1° de abril de 2011 la Corporación Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) celebró un convenio de cooperación suscripto entre Carlos A. Martínez, en su carácter de Presidente de la CMCBA y Guillermo Moreno, entonces presidente de la Asociación Civil Club Atlético Mercado Central (que se había constituido 15 días antes), a través del cual se cedía en comodato, sin cargo y con carácter irrevocable, dos terrenos pertenecientes al Estado de aproximadamente 17.638 m2 y 10.000 m2. Martínez además era el vicepresidente del Club Atlético Mercado Central.
La primera cesión habría ocurrido el 29 de junio de 2011 y la segunda el 9 de noviembre de 2012, y contrariando lo que el propio convenio establecía, en julio de 2014 el Club permitió el uso de las instalaciones a Sportivo Barracas. Además, se determinó que con fecha 27 de abril de 2011 el directorio del Mercado Central resolvió prestar toda la colaboración posible para que la Asociación Civil Club Atlético Mercado Central adquiriera el equipamiento necesario para iniciar las actividades deportivas, y solicitaron para ello un aporte extraordinario de fondos de la Secretaría de Comercio Interior.
Así es que funcionarios del Mercado Central y de la Secretaría de Comercio habrían dispuesto de bienes del Estado Nacional, con destino a un club recientemente creado que además era conducido por ellos mismos.
Por ello, más allá del avance del caso penal en curso, al advertirse que hasta la fecha no se habría iniciado el sumario administrativo correspondiente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó al Procurador del Tesoro de la Nación, en virtud de los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que se inicie el sumario administrativo para determinar el correspondiente deslinde de responsabilidades por las actuaciones funcionales desarrolladas por integrantes de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.