En línea con una presentación que habían hecho el 1 de agosto de 2016, los fiscales Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide aportaron nueva información en una causa originalmente iniciada por irregularidades en la suba de tarifas, que ahora se proyecta sobre otros actos de gobierno vinculados al sector energético y que se traducen en beneficios para empresas del sector que pertenecen a Joseph Lewis, empresario inglés amigo del Presidente de la Nación, conforme una reciente publicación de la Revista Noticias de diciembre de 2016.

El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el Fiscal Santiago Eyherabide, aportaron nueva información en la causa que inicialmente se formó contra el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de las subas de tarifas de servicios públicos. Los representantes del MPF solicitaron que se incorpore a la investigación una nota periodística de la Revista Noticias de diciembre de 2016 considerando que “brinda información que resulta coincidente con la que oportunamente pusimos a disposición y amplía la información con hechos posteriores que se inscriben, según la propia nota, en la misma lógica de favorecimiento al empresario Lewis por parte de distintos actos de gobierno, particularmente en el sector energético”.
Se trata de las decisiones, regulaciones y proyectos de ley que permitieron, en primer lugar, el “tarifazo” al poco tiempo de que Lewis, Mindlin y Caputo desembaracaran con adquisiciones de empresas del sector energético (esta primera operatoria ya había sido presentada por los fiscales ante el Juez Bonadío en agosto de este año). Un segundo acto es el de la venta de las acciones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía de la empresa Petrobras a favor de firmas controladas por Lewis y, finalmente, la condonación de deuda por 1.229 millones de pesos a Edenor, también con capital del empresario inglés.
En junio de este año la PIA remitió testimonios de una presentación originalmente realizada por el Fiscal General de Mar del Plata ante esa Procuraduría, por la posible comisión de un delito de acción públíca por parte del Ministro Juan José Aranguren, en el contexto de la aprobación de aumentos en el sector del gas, que se tradujo en definitiva en una suba de tarifas del servicio de gas de red en la etapa de distribución final, sin que se hubiera cumplido con la realización previa de audiencia pública según lo establece el art. 46 de la ley 24.076.-
Allí, el fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito, criterio que no mereció objeciones desde la PIA, atento la clase de imputación que se realizaba hasta ese momento. Pero luego, en base a que se difundiera información de que la cuantía y forma del aumento de tarifas formaría parte "de un entramado más complejo y delictivo de decisiones adoptadas en miras de otorgar beneficios exorbitantes a allegados/amigos al Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri", los fiscales habían ampliado la denuncia y solicitado una nueva vista fiscal. El Dr. Rívolo solicitó entonces que estas nuevas circunstancias sean remitidas a sorteo dada la reconfiguración del objeto procesal hacia otros posibles delitos.
Ahora, nuevos detalles de aquellos hechos y nuevas decisiones que impactan sobre el tema, fueron publicadas “bajo el título “Joe Lewis & Macri” “Favores Para mi Amigo El Magnate”. Allí se explica el origen del vínculo personal entre el empresario Lewis y el Presidente Macri y se afirma que tienen una importante amistad, se amplían los detalles sobre la visita del Presidente  al empresario inglés en marzo de 2016 en su residencia de la Patagonia transportado desde Bariloche por en un helicóptero de Lewis – se añade que Nicolás Caputo, José Torello, Alberto Weretilneck y Sergio Wisky estuvieron también allí- y se brindan explicaciones sobre el entramado de sociedades de Lewis –el grupo Tavistock- por las que él resulta en definitiva uno de los propietarios principales de Pampa Energía y, por su intermedio, de EDENOR, Transener y Petrobras.
Por ello, los fiscales entienden que debe investigarse si se trata o no de un favorecimiento con tendencia aprovechadora penalmente relevante que podría configurar los delitos de negociaciones incompatibles, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública o uso indebido de información privilegiada.