La competencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas  está determinada por el artículo 45 de la Ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público). En tal sentido  el mencionado artículo establece

  • “a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación.
  • b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos.
  • c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las Cámaras de Apelación y Casación con la intervención necesaria del Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33 inciso t) La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción…”

La actividad de la Procuraduría, en orden a la competencia otorgada por ley se circunscribe al ámbito de de la actuación de la administración pública nacional, los organismos centralizados y descentralizados y demás entes administren fondos públicos siempre que sean del Estado Nacional. Ello, tanto en relación a la faz administrativa como son los sumarios internos de cada uno de los organismos o entes, como así también en el ámbito judicial, pudiendo asumir el ejercicio directo de la acción en representación del Ministerio Público Fiscal.