La Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Carmen Chena, presenta la “Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos”, que fue elaborada en el marco de la función de la Dirección orientada a desarrollar una política activa tendiente a identificar, localizar, cautelar y decomisar bienes y fondos ilícitos.
Uno de los principales objetivos del documento consiste en superar la concepción tradicional del decomiso como sanción penal al condenado –y, por consiguiente, sujeto al sistema de garantías que rige el juicio penal– para abordarlo como una herramienta orientada al recupero de activos, que persigue bienes en función de su origen ilícito, con una finalidad esencialmente preventiva, dado que procura evitar que las ganancias ilícitas se utilicen para financiar futuras actividades delictivas y de este modo reducir los mercados ilícitos vinculados al crimen organizado.
En la introducción al documento, se especifica que, “debido a que el sistema penal se ha encaminado históricamente hacia la sanción del delito y no hacia el recupero de activos, las medidas cautelares dirigidas a asegurar bienes durante el proceso penal carecen del extenso desarrollo que exhiben en materia civil y comercial”.
En ese marco, la Guía propone “desplegar las particularidades de la etapa del recupero de activos vinculada con la adopción temprana de medidas cautelares destinadas a asegurar bienes durante el proceso penal, a la vez que se incorpora en el documento un análisis teórico y práctico de los múltiples desafíos que importa esta crucial etapa de la estrategia de recupero”.
El trabajo se divide en distintos capítulos que tratan diversos temas vinculados a la materia, como las “etapas del recupero de activos, los “déficits de la etapa precautoria”, la relevancia de la investigación patrimonial previa, la importancia de la “cautela de activos en forma temprana”, cuestiones vinculadas al proceso cautelar, y un detalle sobre las medidas cautelares en particular, entre otras cosas.
La Guía, a su vez, “forma parte de los esfuerzos que viene realizando el Ministerio Público Fiscal de la Nación para incrementar la eficiencia de las investigaciones de criminalidad compleja, así como para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, entre los que se destaca: (1) el dictado de resoluciones específicas en materia de investigación patrimonial y de inmovilización temprana de activos (Resolución PGN N° 168/06, Resolución PGN N° 129/09 y Resolución PGN N° 134/09); (2) la difusión de herramientas prácticas de investigación patrimonial, tales como el “Manual de Investigación Patrimonial” elaborado en 2011 por la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos Contra la Administración Pública (OCDAP), aprobado por Resolución PGN N° 49/11; (3) la creación de procuradurías especializadas en las áreas de mayor conflictividad y complejidad; (4) la creación de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes”.