Ministerio Público Fiscal

Posición de la Procuración General frente al decreto que ordena el traspaso de las escuchas judiciales a la Corte Suprema

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso en el día de hoy, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 256/2015, el traspaso del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), del ámbito del Ministerio Público Fiscal a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El esquema de división de poderes que consagra la Constitución Nacional argentina prohíbe al Presidente ejercer funciones legislativas. Las escasas excepciones a esta prohibición exigen siempre la acreditación de situaciones de necesidad y urgencia, que no se dan en el caso.

La decisión del Ejecutivo es inconstitucional pues elude el debate parlamentario sin justificación válida, mucho más cuando no se ha ejercido la facultad presidencial de convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias. Desde la transferencia de las escuchas al Ministerio Público Fiscal, dispuesta mediante ley 27126 promulgada en marzo de este año, no hubo acciones judiciales con fundamento en los derechos que hoy se invocan para justificar el dictado del decreto 256/2015. Tampoco, se ha demostrado qué graves riesgos inminentes podría sufrir la sociedad si se le diera intervención al Congreso.

No obstante, el MPF garantiza la realización de acciones coordinadas con la Corte Suprema para asegurar la continuidad en la prestación del servicio como parte de su compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la investigación del crimen organizado.

La situación del personal

El traspaso de personal dispuesto por el decreto 256/2015 sólo puede entenderse a la luz de la facultad excluyente de la Procuradora General de la Nación de administrar los recursos humanos de la institución y del respeto irrestricto por los derechos de los trabajadores.

En la actualidad, se desempeñan en el DICOM empleados y funcionarios de fiscalías y áreas administrativas de la Procuración General asignados transitoriamente, junto a miembros de fuerzas de seguridad  “en comisión de servicios”.

El proceso de traspaso al MPF

El traspaso de la ex Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) al ámbito del MPF implicó un proceso de más de cinco meses, durante los cuales especialistas, técnicos y organizaciones de la sociedad civil analizaron la situación del organismo que hasta entonces dependía de la Secretaría de Inteligencia de la Nación.

En la resolución PGN N°838/15, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, subrayó que “la premisa fundamental” era garantizar una "gestión eficiente, transparente y que resguarde derechos y garantías" y ordenó la elaboración de protocolos que sistematizaran el funcionamiento de esta dependencia. En ese contexto, Gils Carbó convocó al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni; al ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; al ex juez y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires León Carlos Arslanián; al especialista en derecho procesal y reforma judicial Alberto Binder, y al titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la PGN, Félix Crous, para que integren la comisión que tuvo a su cargo la supervisión del proceso.

Además, la Procuradora General solicitó a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación que se pusiera en funcionamiento la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal como una instancia de control externo a la que informar periódicamente sobre el desempeño institucional del DICOM.

Finalmente, el 7 de julio se hizo efectivo el traspaso. A partir de ese día, comenzó la nueva gestión a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, quien, entre otras decisiones, convocó a un conjunto de instituciones públicas (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, INTI, ARSAT e INVAP) para llevar adelante un proceso de modernización técnica del organismo.

Al mismo tiempo, se invitó a prestigiosas organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Amnistía Internacional, Poder Ciudadano y la Escuela Judicial de la Universidad Nacional de Lanús, a conformar un Consejo Consultivo del DICOM con el objetivo de maximizar la transparencia en el funcionamiento del organismo. Integrantes de las organizaciones fueron invitados y concurrieron al igual que numerosos periodistas de diversos medios de comunicación a conocer las instalaciones y la actividad del DICOM, en una apertura inédita para ese organismo.

Los resultados

La gestión del DICOM en manos del MPF permitió lograr mejores resultados y trasparentar una tarea hasta entonces signada por la cultura del secreto y las normas de inteligencia. Desde el traspaso de competencias a la fecha, el tiempo de conexión en aquellos casos donde existe riesgo de vida, se redujo de 1 hora 40 minutos a un promedio de 20 minutos. Esto permitió liberar más rápido a las víctimas cautivas en casos de secuestros extorsivos, además de recuperar el pago e incautar armas y bienes a los secuestradores.

Hasta el traspaso al Ministerio Público los pedidos ingresaban en una lista de espera y podían demorar meses en ser conectados. Esos procesos opacos que daban lugar a manejos discrecionales fueron desmantelados. Los requerimientos ingresados se procesan en el mismo día de su ingreso, por lo que ya no existe lista de espera. También se estandarizó el procedimiento para efectuar los reclamos ante la falta de conexión por parte de las empresas telefónicas y se generaron pautas de trabajo destinadas a homogeneizar mecanismo de resolución de problemas.

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