Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, intervino como fiscal subrogante ante el Tribunal Oral n°1 de Rosario en algunas de las causas más representativas del accionar represivo que recayó sobre esa jurisdicción. Entre éstas se cuenta el juicio por el que en abril de 2010 fueron condenados a prisión perpetua cinco ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Cuerpo II del Ejército, por sus responsabilidades en distintos centros clandestinos de detención (causa Pascual Guerrieri). Durante su actuación impulsó la apertura y digitalización de los archivos de la policía de la provincia de Santa Fe, que permitió el entrecruzamiento de información tendiente a identificar a los responsables en crímenes de lesa humanidad.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó –conjuntamente con todos los integrantes del MPF- hace llegar sus condolencias a la familia y amigos de la ex fiscal.