En la mañana de ayer la procuradora general de la Nación abrió la reunión de fiscales coordinadores de distrito, de la que participaron 18 fiscales generales de la mayoría de las provincias argentinas. Alejandra Gils Carbó analizó la situación de varios de los ministerios públicos de la región y vinculó los ataques a la autonomía que éstos están padeciendo con el rol protagónico que estas instituciones asumieron en las democracias modernas y su papel principal en la investigación y la persecución penal de las organizaciones criminales nacionales y trasnacionales.
La titular del MPF también detalló las implicancias institucionales de la demanda presentada ante el fuero contencioso administrativo, en la que dos asociaciones civiles reclaman la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que la forma de remoción del procurador es a través del juicio político. En ese sentido, los fiscales coordinadores advirtieron sobre la amenaza a la autonomía establecida por el artículo 120 de la Constitución nacional que en el último tiempo viene manifestándose a través de distintas acciones y que ahora emerge nuevamente con la posibilidad de modificar el mecanismo de remoción del procurador general previsto por la LOMPF actual y la anterior. Previnieron sobre el riesgo de afectación a la estabilidad de todos los fiscales y, para una mejor y más ágil puesta en valor de su trabajo y expresión de sus posiciones institucionales, constituyeron una comisión para que entable contacto con distintas agencias estatales.
Más tarde, desde la Secretaría General de Gestión Administrativa a cargo de la fiscal María Josefina Minatta se planteó la necesidad de fortalecer y optimizar las medidas de seguridad personal y edilicia de las y los fiscales y sus equipos de trabajo, de acuerdo con las directrices delineadas en la Resolución de la Procuradora General de la Nación N°2034/13. Al respecto, se concluyó que la complejidad y trascendencia de las investigaciones que se llevan adelante, la visibilidad que adquirieron los/as fiscales en los últimos tiempos, el avance de nuevas tecnologías y el uso de redes sociales deben llevar al Ministerio Público Fiscal a idear e implementar nuevos mecanismos de prevención para la protección y seguridad de las/os magistradas/os. Se acordó entonces con los fiscales coordinadores de distrito efectuar un relevamiento sobre la seguridad edilicia y personal de los miembros del Ministerio Público Fiscal por distrito, a fin de complementar la labor conjunta que está desarrollando el organismo con el Ministerio de Seguridad de la Nación en torno a la elaboración de un Protocolo de Seguridad para Fiscales.
Durante la tarde, expusieron los titulares de Procelac, Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, y posteriormente la directora general de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena.
Pérez Barberá señaló que en materia de lavado de activos, nuestro país se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional e indicó las pautas que serán consideradas a los fines de esa evaluación, entre las que se encuentran la cantidad de condenas por ese delito y la cantidad de procesos abiertos en materia de lavado. Por otra parte, remarcó la pertinencia de iniciar, al inicio del caso, investigaciones patrimoniales a fin de desentrañar la ruta del dinero en aquellas causas que involucren delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y todo otro delito precedente al lavado de activos de origen ilícito.
Maria Laura Roteta relató la visita de David Green, Director de la Oficina de Fraudes Complejos del Reino Unido al Ministerio Publico Fiscal, quien remarcó durante su visita ejes para el éxito de las investigaciones en este tipo de casos.
Chena, por su parte, enfatizó la especial relevancia de aquellas medidas tendientes a la recuperación de los activos generados por las actividades ilícitas. Afirmó que las herramientas que permitan su seguimiento, incautación y decomiso son fundamentales a fin de lograr disminuir el potencial económico de las organizaciones criminales y desincentivar las actividades delictivas. En esa línea remarcó la importancia de una rápida investigación patrimonial para detectar los bienes obtenidos como producto del delito, así como la adopción de distintas medidas cautelares tendientes a inmovilizarlos. Detalló una serie de estrategias posibles para alcanzar esos fines y presentó la “Guía de Medidas cautelares con fines de recupero de activos en casos de criminalidad económica compleja”.
Participaron de la reunión Daniel Adler (Mar del Plata), Ricardo Álvarez (Entre Ríos), Sebastián Basso (Morón), Luis Benítez (Formosa), Jorge Bonvehi (La Pampa), Federico Carniel (Chaco), Flavio Ferrini (Corrientes), Marcelo García Berro (Conurbano Norte); Adrián García Lois (Tierra del Fuego), Indiana Garzón (Santiago del Estero), Francisco Maldonado (San Juan), Marcelo Molina (Conurbano Sur), Mario Sabas Herrera (Río Negro), Enrique Senestrari (Córdoba), Mónica Spagnuolo (San Luis), Rafael Vehils Ruiz (Catamarca), Dante Vega (Mendoza), Eduardo Villalba (Salta).
