Este mediodía, la procuradora general de la Nación y el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, firmaron el convenio de traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) al ámbito del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, Alejandra Gils Carbó aprobó también el nuevo organigrama institucional que incorpora a la estructura del MPF la dependencia encargada de interceptar las telecomunicaciones a pedido de la justicia.
La resolución PGN N°2067/015 dispone, en primer lugar, que la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF) sea reemplazada por la nueva Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), creada por la flamante Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (ley nº 27.148, art. 35 inc. c).
La interceptación de comunicaciones telefónicas, tanto de líneas fijas como celulares, constituye una herramienta fundamental en las investigaciones de fenómenos de criminalidad compleja, como el narcotráfico, robos, homicidios y secuestros. En esa tarea de asistencia al trabajo de los magistrados, la DOJ pasará a denominarse Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) y formará parte de la dependencia a cargo de la fiscal Cristina Caamaño. La disposición firmada por Gils Carbó destaca que “el tipo de prestación técnica que la (ex) DOJ brinda a las investigaciones impone su incorporación al ámbito de la DATIP. En efecto, la interceptación o captación de las comunicaciones no es sino una práctica tecnológica cuya gestión corresponde, en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, a la DATIP”.
La DATIF había sido creada por la procuradora general en octubre de 2014 con el objetivo de asistir a los magistrados con herramientas y prácticas científicas en materia forense. Entre sus funciones principales, debía coordinar los pedidos de estudios periciales; mantener una base de datos de recursos disponibles en el país; producir protocolos de actuación para la utilización y preservación de la prueba técnica; promover y coordinar convenios con instituciones de apoyo técnico locales e internacionales, y fomentar la formación y el entrenamiento de los operadores en el uso de tecnologías. Esta dependencia fue cristalizada legalmente en el ámbito del MPF a través de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Análisis de la ex DOJ
En marzo de este año, mediante la Resolución 838/15, se creó un Equipo de Diagnóstico e Implementación para la Transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales coordinada por la funcionaria de la PGN Romina Ronda, que elaboró “informes periódicos sobre distintos aspectos funcionales y estructurales de la Dirección de Observaciones Judiciales”, que incluyeron el funcionamiento administrativo, la infraestructura edilicia y técnica y la capacidad humana de la ex DOJ. Por su parte, una Comisión Asesora -integrada por el especialista en justicia y seguridad pública León Arslanián; el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; el académico experto en reforma judicial y consultor del MPF Alberto Binder, y el fiscal de la Procuración General de la Nación y titular de la Oficina de Enlace Legislativo, Félix Crous-, analizó esos informes y formuló recomendaciones.
Hoy, la procuradora dispuso que Arslanián, Saín y Binder, esta vez junto con el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, continúen con sus tareas, pero en la nueva Comisión de Implementación.
Transparencia
Dado que la interceptación de las telecomunicaciones puede “afectar derechos fundamentales”, Alejandra Gils Carbó resolvió dotar al sistema de una serie herramientas de asesoramiento y monitoreo del desempeño del organismo, con miras a alcanzar un funcionamiento con altos estándares de seguridad, calidad y transparencia.
Por un lado, el titular Secretaría General de Administración de la Procuración General de la Nación, Jorge Argüello, deberá diagramar y poner en marcha “dispositivos necesarios para que personal de esa dependencia realice bajo su coordinación, de manera preventiva y sorpresiva, procedimientos de auditoría sobre el funcionamiento administrativo y operativo del DICOM”.
En la resolución firmada hoy, la procuradora instó también al Congreso de la Nación la creación de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, “para que se erija como una instancia de control externo sobre el funcionamiento del DICOM”.
Además, se convocará a “distintas instituciones y personas de reconocida trayectoria en la materia -o en cuestiones aledañas propias del servicio de administración de justicia- para que conformen un Consejo Consultivo, en el seno del cual se aspira a que se debatan protocolos de actuación, proyectos de leyes y demás propuestas de políticas públicas para el mejor funcionamiento del DICOM”.
Gils Carbó destacó también la “necesidad de actualizar tecnológicamente los dispositivos informáticos con los que se ejecuta la prestación central del DICOM”. Para esto, se creará el Equipo para el Desarrollo Tecnológico que tendrá “la doble tarea de relevar y proponer los sistemas informáticos de captación de comunicaciones más adecuados para cumplir con las funciones encomendadas” al MPF. Se solicitará al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CONICET); a las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería, de la Universidad de Buenos Aires (UBA); a la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata; al Instituto Nacional de Tecnología Industrial del Ministerio de Industria (INTI); a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), y a Investigación Aplicada (INVAP), la designación de profesionales para que participen del análisis y el desarrollo del equipamiento necesario para la modernización informática y técnica del organismo.
La reforma de la ley de inteligencia nacional no solamente transfirió a la Procuración el sistema operativo, sino también las bases de datos informáticas y los archivos documentales de la ex DOJ con el material de intervenciones finalizadas. Por ello, para garantizar el correcto tratamiento de ese cúmulo de información, la procuradora dispuso también la puesta en funcionamiento de una Comisión de Administración de Registros de Intervenciones Concluídas, integrada por personal del MPF y la AFI, que tendrá bajo su custodia ese acervo y deberá ordenarlo, clasificarlo y, en el caso de que corresponda, destruirlo con la autorización judicial correspondiente.
