El inicio del encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Vázquez; la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto.

Gils Carbó fue la primera en tomar la palabra, agradeció la invitación y señaló la importancia de “esta convocatoria como una forma de expresar que el avance de las causas vinculadas al terrorismo de Estado no es una cuestión que está atada a la agenda de un gobierno”. La procuradora remarcó que los encuentros de la Comisión, que comenzaron a celebrarse en el año 2009, “tienen un gran valor simbólico porque se perciben como un mensaje claro de que este es un tema que interesa al Poder Judicial”.

“Por eso, cuando estas reuniones se han distanciado en el tiempo también tienen un efecto de debilitar ese mensaje y hasta se genera el riesgo de que algunos sectores refractarios piensen que hay alguna posibilidad de volver a antiguos vicios”, advirtió.

En el mismo sentido, expresó que en los últimos tiempos se han sumado expresiones que tienen que ver con el “clima electoral”. Al respecto, destacó que “nuevamente hay vientos de impunidad, voces que se alzan desconociendo los compromisos que ha asumido la República Argentina a nivel internacional, que viene cumpliendo con toda transparencia y efectividad y que han convertido a nuestro país en un modelo para la región y para el mundo”.

Política de Estado

A su turno, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, también subrayó el valor de la convocatoria realizada por la Corte Suprema y señaló que la política de derechos humanos es “la política de Estado más valorada” del país y que requiere “una coordinación de todos los organismos estatales”.

En igual sentido, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, remarcó el compromiso del organismo para garantizar “el avance y la celeridad de los procesos”, no sólo en los casos que involucran a miembros de las fuerzas armadas, sino también en aquellos “que implican a civiles”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, detalló el impulso que se ha dado a los juicios desde el Congreso de la Nación y puntualizó en la declaración de los juicios como “política de Estado”, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara baja en 2010.

Finalmente, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, también coincidió con la necesidad de consolidar el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad y sostuvo que “no es optativo seguir con el juzgamiento; es un imperativo constitucional”.

Unanimidad

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tuvo a su cargo el cierre de la primera parte del encuentro y remarcó que “queda claro que hay unanimidad en torno a que este proceso es una política de Estado”.

“Lo que hoy tenemos es el resultado de un proceso indetenible”, enfatizó Lorenzetti y se refirió al principio de progresividad de los derechos humanos para asegurar que “no vamos a ir para atrás”.

El presidente de la Corte defendió también la legitimidad de los juicios y afirmó que “nadie puede decir que no hay respeto del debido proceso”. Respecto de quienes sostienen estas versiones, sostuvo que “intentan señalar que acá hay una politización que realmente no existe”.

Al término del acto de apertura, los representantes de cada organismo continuaron con el trabajo para acordar cuestiones puntuales de los procesos.

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad fue creada por la Corte Suprema a través de la acordada 42/08 y está integrada por representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura de la Nación.