Con la participación de más de un centenar de representantes de organizaciones de derechos humanos, querellas, miembros del Ministerio Público Fiscal y otras agencias del Estado, se llevó a cabo ayer por la tarde en la sede de la Procuración General de la Nación la Mesa de Discusión Institucional y Social para enfocar en los problemas y evaluar estrategias en el marco del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado.

El encuentro fue convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en cumplimiento de una resolución de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que estipuló la realización de estos encuentros para analizar la marcha de los procesos junto a sus actores.

La reunión, que se prolongó durante cuatro horas, fue abierta por Gils Carbó y el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Jorge Auat, y luego hubo intervenciones de participantes que concurrieron de diferentes puntos del país.

Las preocupaciones volvieron mayormente sobre los mismos puntos que se individualizaron el año pasado: el enorme atraso para fijar audiencia de debate en más de un centenar de causas en todo el país y, una vez que ello sucede, la extensión de los juicios orales que tardan en llegar al final, con la consecuente privación de justicia para acusados y víctimas. En efecto, en diferentes intervenciones se utilizó el concepto de "impunidad biológica" para hacer alusión a la muerte de personas que no tienen sentencia firme o que ni siquiera llegaron a recibir un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad.

La demora en la revisión de las sentencias formó también parte de la lista de las preocupaciones. El último informe de la Procuraduría a cargo de Auat indica que "sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)".

Organismos de derechos humanos y abogados querellantes pusieron de relieve el "vaciamiento" de los programas estatales -u otrora financiados por el Estado- de contención de testigos para estos casos y la falta de acción de la Comisión Interpoderes, un ámbito de discusión creado por la Corte Suprema para la resolución de dificultades de los procesos con la participación de las diferentes agencias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. La última reunión se formalizó en septiembre pasado.

Al respecto, se mencionaron dos cuestiones que suelen ser materia de abordaje en aquella instancia, como los problemas para conseguir salas de audiencia para celebrar los debates y la designación de jueces subrogantes frente a la ausencia o recusación de los titulares.

En el foco de las preocupaciones estuvieron, también, fallos contrarios al paradigma de los crímenes de lesa humanidad. El fiscal Auat recordó ayer el caso de la "Masacre de Capilla del Rosario" de 1974, en el que la Cámara Federal de Casación revocó las condenas de tres militares al cuestionar los testimonios de las víctimas y señalar que no se trató de delitos de esa especie. En el debate también surgió la preocupación por el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en la causa "CNU", en el que se ordenó la investigación de acciones de la Agrupación Montoneros y reaviva, así, la "teoría de los dos demonios", al tiempo que trastoca el concepto de este tipo de crímenes en manos de civiles, para lo cual se necesita la aquiescencia del Estado.

Los participantes

En la Mesa de Discusión participaron las organizaciones de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; Abuelas de Plaza de Mayo; H.I.J.O.S (de la Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca, Zarate-Campana, Escobar, Rosario y Santa Fe); el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Memoria Abierta; y el Servicio de Paz y Justicia.

También hubo participación de los sindicatos de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Central de Trabajadores Argentinos de la Capital Federal; el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires; el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Nación; Curtidores; Metrodelegados; y Astarsa

Además de Gils Carbó y Auat, por el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvieron María Ángeles Ramos, Carolina Varsky, Javier de Luca, Pablo Parenti, Miguel Blanco García Ordaz, Adolfo Villatte, Hugo Boguetti, Pablo Becerra, Gabriela Sosti, Andrea Pockak, Judith König, Natalia Federman, Paula Moretti, Daniel Rodríguez Infante, Marcela Obetko, Clarisa Miranda, Viviana Sánchez y José Nebbia.

En tanto, por el Poder Judicial estuvieron presentes Pablo Vassel, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Pablo Amato y Liliana Muller, de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.

Por el Poder Ejecutivo Nacional asistieron el coordinador del Programa Verdad y Justicia, Mariano Freedman; representantes de la Comisión Memoria Histórica de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería; la Coordinadora de la Dirección Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación Leonor Cisneros; el abogado del área de Litigio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Pablo Barbuto; y representantes del Centro Ulloa y del Registro Unificado de víctimas del Terrorismo de Estado de aquella cartera. También asistieron representaciones de las Secretarías de Derechos Humanos de las provincias de Buenos Aires y Chaco, y del Municipio de Avellaneda (BA), y de las direcciones de Derechos Humanos de los municipios de Moreno, Merlo, Ensenada y Malvinas Argentinas (BA).

Por el Poder Legislativo, estuvieron presentes asesores de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Donda. Además, participaron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (BA), tanto de su programa de litigio estratégico como del área de Justicia por delitos de lesa humanidad.

En la reunión estuvieron presentes querellantes de juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, San Nicolás y Junín; en las provincias de La Pampa, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Salta y Chaco; y en las Islas Malvinas.