La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora de ese organismo, Carolina Varsky, pidieron a la canciller Susana Malcorra que considere incluir en la agenda de la visita oficial del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, la solicitud de acceso a la documentación que obre en los archivos públicos de ese país "que pueda contribuir con el esclarecimiento histórico y judicial de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino en el pasado reciente".

El pedido concreto es para que se incluyan entre los temas a abordar con el jefe de Estado norteamericano, prevista para la semana próxima, "temas vinculados con la cooperación bilateral para la investigación penal de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Argentina en el marco de la última dictadura cívico-militar (1976-1983)".

La solicitud de la jefa de los fiscales y de sus principales colaboradores en materia de crímenes contra la humanidad fue formulada mediante una nota dirigida también en copia al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural de la Nación, Claudio Avruj.

En la nota, se recuerdan recientes pedidos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y de los fiscales del Mercosur para se desclasifiquen archivos de ese país que puedan contener información sobre la apropiación de niños y niñas; las coordinaciones represivas del Cono Sur, como la Operación Cóndor, y otras graves violaciones a los derechos humanos.

En efecto, un pedido en ese sentido había sido formulado por la Procuraduría especializada a cargo de Auat a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, el 20 de noviembre pasado. En la solicitud, se le requirió la "desclasificación de las comunicaciones del 'Legal Attache' (LEGAT) de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, entre 1975 y 1985".

Un mes después, el 22 de diciembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad requirió también formalmente a la cancillería que "impulse las gestiones necesarias" ante las autoridades de los Estados Unidos "a efectos de requerir el levantamiento de las tachaduras de una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Estado" que integran la prueba en el juicio que se celebra en Argentina por los crímenes de la Operación Cóndor. Aquellos documentos habían sido desclasificados en 2002 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aunque manteniendo tachaduras e información disociada.

Ese pedido, recuerda la nota, se basó en las conclusiones adoptadas por los y las fiscales del Mercosur durante el Coloquio Regional sobre los 40 años de la Operación Cóndor, que se realizó en Buenos Aires el 12 y el 13 de noviembre pasados, cuando representantes de las fiscalías especializadas en la materia del bloque regional decidieron impulsar la gestión de manera conjunta ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Como consecuencia de aquella proposición, la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM), celebrada el 17 de noviembre en Encarnación, Paraguay, resolvió iniciar las gestiones formales ante las autoridades estadounidenses.

"Entendemos que las gestiones solicitadas resultan indispensables para avanzar en el proceso de verdad y justicia que se sustancia en nuestro país respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado", cierra la carta dirigida a la canciller Malcorra.