La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), que encabezan la fiscal Guillermina García Padin y el fiscal Diego García Yomha, elaboró un informe sobre la situación de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, que se encuentran cumpliendo penas privativas de la libertad o en suspenso.

El relevamiento fue desarrollado con datos propios a través de la intervención directa en los casos sometidos a la jurisdicción de la Justicia Nacional de Ejecución Penal, y de controles periódicos tanto de las condiciones de detención de los condenados como del tratamiento penitenciario asignado. Respecto de las penas en suspenso, la información obtenida es producto del control de las reglas impuestas al término de cada juicio.

“Los actuales debates vinculados con la respuesta que desde el Estado debe asignarse a los delitos contra la integridad sexual, refrenda el originario interés de la UFEP y demanda de todos los actores involucrados un trabajo articulado que aporte herramientas para profundizar la prevención de estos delitos y lograr una inserción social positiva”, señala el documento.

Del informe surge que del total de personas privadas de la libertad y personas que cumplen una pena de ejecución condicional -que se encuentran bajo la órbita de la UFEP-, los porcentajes de delitos contra la integridad sexual representan un 10% sobre 2924 detenidos y un 5% sobre 3867 penas en suspenso.