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Gils Carbó participa en Lima de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales sobre “delincuencia organizada transnacional”

La procuradora general de la Nación participa en la Convención de Fiscales y Procuradores Generales que comenzó en Lima esta mañana y que continuará hasta el miércoles con la presencia de 20 delegaciones de ministerios públicos de América y Europa. Alejandra Gils Carbó compartió el primer panel de las jornadas -dedicado a "Los delitos de corrupción: retos y desafíos de la política criminal internacional"- con el fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez Velarde, y el fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz Almeida.

En su exposición, Gils Carbó hizo hincapié en la necesidad de profundizar los lazos de cooperación jurídica internacional para hacer efectiva una “política criminal internacional”. A su vez, calificó de “anacrónico” el concepto de “cooperación judicial” concebido “como asistencia que se prestan los Estados para llevar adelante un ‘juicio’: un Estado requiere asistencia a otro para realizar notificaciones de resoluciones judiciales, citaciones de personas, práctica de pruebas, extradiciones”. En contraposición, la titular del Ministerio Público Fiscal argentino propuso incrementar “instrumentos, presupuestos y condiciones que deben concurrir para luchar contra la delincuencia trasnacional", tal como se promueve desde los organismos internacionales.

"A más de 20 años de la existencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 14 años de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, los principios destacados en los preámbulos de estas declaraciones se encuentran más vigentes que nunca. No caben dudas de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas de la democracia y atenta contra el desarrollo integral de nuestros pueblos", enfatizó.

Además, remarcó que "el fenómeno de la corrupción no puede ser limitado, en la actualidad, al marco geográfico de un país, más aun cuando se advierte que la corrupción asociada a la financiación de la política, al tráfico de armas y de drogas ilícitas, a la construcción de obra pública, o a determinadas actividades relacionadas con el blanqueo de activos constituyen relaciones cotidianas que enlazan a los diferentes Estados y empresas transnacionales".

En ese sentido, recordó la experiencia de los ministerios públicos de Argentina y Brasil en el caso Odebrecht, en el que los titulares de ambos organismos acordaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación que tiene como principal tarea coordinar el intercambio de información y las condiciones que deben respetarse tomando en cuenta los sistemas procesales de ambos países. En ese marco, la procuradora puntualizó en las dificultades con las que todavía se encuentran los investigadores argentinos en uno de los casos más resonantes de corrupción trasnacional luego de que ambas cancillerías pusieran reparos al funcionamiento de los Equipos Conjuntos. “Un aprendizaje recogido al explorar distintas alternativas de solución es que existe una dificultad importante para establecer en estos casos complejos, con distintas facetas jurídicas y jurisdiccionales, la autoridad competente a la que genéricamente se refieren los instrumentos internacionales, al momento de llevar adelante distintas alternativas contempladas en esos pactos”, indicó Gils Carbó.

“Existen prácticas y circuitos ilegales que se replican en los distintos países, ya sea por parte de una misma organización o por organizaciones diferentes pero que operan con mecanismos similares, como pueden hacerlo dos empresas de un mismo rubro. Esas prácticas se extienden y reproducen en gran medida con el apoyo de las nuevas tecnologías”, analizó la procuradora.

Al respecto, sugirió a sus pares fortalecer los canales electrónicos de intercambio de información para agilizar el acceso a información confiable que “permita conocer la gravedad de los fenómenos, sus dimensiones, los derechos afectados y las características de las víctimas que sufren las consecuencias indirectas de la corrupción para poder ofrecer respuestas más inteligentes” y, a su vez, contar con los recursos necesarios para ascender en las cadenas de responsabilidades, lograr la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por las operaciones ilegales que no se producen exclusivamente al interior de las fronteras de los Estados en los que tienen lugar los ilícitos.

La procuradora dedicó unas palabras a la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, desplazada por el gobierno de su país, quién también participó del encuentro en Perú.

"Somos varios los procuradores que sufrimos amenazas, hostigamiento, pedidos de renuncia o armado de causas judiciales con fines persecutorios. Pero estas amenazas no apuntan a nuestras personas, son contra las instituciones que dirigimos y contra la ciudadanía, cuyos intereses generales nos toca representar", remarcó Gils Carbó y sostuvo que en el caso de Ortega la persecución llegó "al extremo de desplazar y obligar al exilio a una fiscal intachable".

El encuentro organizado por el Ministerio Público peruano es auspiciado por las embajadas británica y de los Estados Unidos y por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

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