Ministerio Público Fiscal Procuración General de la Nación

Debate sobre el nuevo régimen de flagrancia

En el marco de la XIX Reunión Anual del Ministerio Público Fiscal, se desarrolló hoy al mediodía en el auditorio de la Procuración General de la Nación el “Panel de debate sobre reformas procesales: flagrancia, unificación de fueros y unipersonalidad”, en el que intervinieron la fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y coordinadora de ese Distrito, Indiana Garzón; el fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Eduardo Rosende; el fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Carlos Gamallo, y el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y coordinador del Distrito Entre Ríos, Ricardo Álvarez.

La primera en exponer fue la fiscal general Indiana Garzón, quien consideró de “enorme preocupación” la demora en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación según la ley 27063, sancionada en diciembre de 2014, que establece el modelo acusatorio. En ese marco, señaló que la reciente implementación del régimen de flagrancia –vigente desde comienzo de mes- constituye “un parche” en medio de “un sistema procesal que necesitamos dejar atrás”.

La fiscal general explicó que el nuevo régimen implicó algunos avances, particularmente en lo que respecta a la celeridad y economía procesal, que permiten evitar demoras indebidas. No obstante, advirtió que se trata de una herramienta que profundiza la “selectividad penal”, al aplicarse mayoritariamente sobre una población vulnerable. También, alertó sobre una posible afectación al principio de progresividad a la hora de garantizar una mayor y mejor garantía de los derechos humanos. “¿Quién decide el carácter de flagrante? El informe efectuado por la fuerza de seguridad. ¿Y si se trata de un informe fraguado? Es un riesgo”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°48, Eduardo Rosende, señaló una “notable improvisación” en la puesta en marcha del régimen de flagrancia, al que calificó como un “notable retroceso en términos de libertad ciudadana”. En relación al impacto en el trabajo diario de las fiscalías, Rosende se refirió a la saturación del sistema judicial, al incrementarse significativamente el número de audiencias sin contar con los recursos humanos necesarios para enfrentar el cambio procesal. En ese contexto, solicitó la puesta en marcha de una Unidad de Flagrancia “que sirva para entender en las cuestiones complejas” y, en materia de organización interna, remarcó la necesidad de poner en funcionamiento el sistema de auxiliares fiscales presente en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Advirtió además sobre el riesgo de colapso del sistema si es que no se resuelven estas carencias.

En tanto, el fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal, Carlos Gamallo, coincidió en la necesidad de exigir la aceptación del sistema de auxiliares fiscales: "Lo necesitamos para atender la eventualidad de simultaneidad de audiencias a partir del 1 de marzo". "Estoy de acuerdo en que la ley es mala y que está sacada de contexto -incluso el proyecto no salió del Ministerio de Justicia sino desde el de Seguridad-, pero está la ley, la votaron los legisladores y nosotros, en la medida que no se vulneren derechos y garantías, tenemos que adaptarnos", indicó. Asimismo, recordó la plena vigencia del instituto de la conciliación en materia penal como mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante la voluntad consensuada de las partes.

Finalmente, el fiscal general ante la Cámara Federal de Paraná y coordinador del Distrito Entre Ríos, Ricardo Álvarez, abordó la flagrancia desde un punto de vista conceptual y dogmático. En este sentido, afirmó que el menor tiempo procesal implica en muchos casos la pérdida de la libertad de las personas, y que si bien el nuevo régimen permite resolver casos “evidentes”, éstos son “excepcionales”. En su intervención, Álvarez criticó la "premura e improvisación" en la implementación del nuevo régimen de flagrancia, al que caracterizó como una intención del poder político de exhibir "compromiso y seriedad" frente a la inseguridad "a través de la mayor cantidad de detenciones posibles". Por último, enfatizó que se trata de una herramienta de aplicación selectiva. "Difícilmente un hecho de criminalidad económica, un delito de cuello dorado sea flagrante. Está pensado para la criminalidad cotidiana, de rapiña, que naturalmente genera daño y preocupación, pero que se cobra con la seguridad de las libertades que el propio constituyente le ha prometido", concluyó.

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