En el marco de las obligaciones impuestas por el fallo “Mendoza”, esta mañana la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una audiencia pública para que las partes involucradas informen sobre los avances de los mandatos contenidos en el plan de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Participaron el procurador fiscal ante el máximo tribunal Víctor Abramovich, y los integrantes de ATAJO Katia Troncoso y Emiliano Gareca.

El primer expositor de la audiencia presidida por el juez Ricardo Lorenzetti, junto a los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti fue el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napóli, en representación de las organizaciones sociales que integran el Cuerpo Colegiado creado en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En su exposición, Napóli sostuvo que debía revisarse el plan de gestión de la ACUMAR, por cuanto no hubo resultados en materia de prevención y recomposición del daño ambiental que afecta a la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.

Tras ello, fue el turno del contador de la Auditoría General de la Nación Carlos Antonio Valdez, quien hizo referencia a la inadecuada administración de los recursos financieros y el vencimiento de los plazos de obra o su postergación por falta de dinero.

Por su parte, el fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, le cedió la palabra a la una de sus colaboradoras quien se explayó sobre los convenios firmados y las obras realizadas. En igual sentido se expresó la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el responsable de la UPE-Acumar, Ingeniero Alberto Terminé.

Luego fue el turno de la presentación conjunta efectuada por el Estado nacional y la ACUMAR, a través del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, quienes realizaron una breve introducción para que luego los ministros de la Corte Suprema pudieran preguntar a distintos especialistas presentes sobre cuestiones puntuales relativas a los planes y programas que se están desarrollando para recomponer el daño ambiental.